Danny Fuentes Espinoza

Decepción. Con ese concepto, el abogado Hernán Fernández describió el sentir de la familia de Boris Weisfeiler, cuyo caso de secuestro y desaparición, ocurrido hace ya 36 años, se cerró judicialmente la semana sin nadie que pague con cárcel.

Al respecto, Fernández, quien representa a Olga Weisfeiler, hermana del difunto matemático ruso, nacionalizado norteamericano, enfatizó que al día de hoy, la propia justicia pudo acreditar que cuatro carabineros y otros cuatro funcionarios del Ejército fueron quienes ocasionaron su desaparición, el 4 de enero de 1985; sin embargo, si se trató o no de un delito de lesa humanidad es la clave por la que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, optó por no sancionar a los responsables, esgrimiendo la prescripción de la pena.

"Lo que hace el juez Cepeda es aplica la prescripción de la acción penal, por haber transcurrido más de 10 años al momento del procesamiento. Sin embargo, los mismos argumentos expuestos en la sentencia permiten sostener un error de Derecho, por cuanto él señala que los carabineros y militares habrían cumplido el deber del control migratorio de presuntos extremistas que ingresaban al país. No obstante, ese argumento es controvertido porque se realiza una operación planificada de secuestro y desaparición forzada, de parte de agentes del Estado que actúan planificadamente", señaló el abogado Hernández, quien criticó duramente al Juez Cepeda, de quien esperaba un cierre distinto, y por el cual ya han peleado en los últimos 15 años.

De hecho, Fernández recordó que una vez que ocurrió la desaparición de Boris, sólo tres meses después de haberse iniciado la investigación, se determinó el cierre de las indagatorias, sin responsables.

Hasta ahora, las agrupaciones de Derechos Humanos no han hecho vista gorda de esta historia. De hecho, el periodista penquista Carlos Basso la incluyó dentro de su texto para vincularla con Colonia Dignidad, de quien dice existirían nexos y conocimiento sobre lo que ocurrió.

Posteriormente, cuando la causa estaba por prescribir, aduciendo que habría sido una violación a los Derechos Humanos, Olga Weisfeiler presentó una querella con la que se reabrió el caso en el Segundo Juzgado del Crimen de San Carlos. En aquella ocasión, el juez realizó diversas diligencias, entre las que se determinó que Boris se habría ahogado intentando cruzar el río Ñuble. Posterior a ello, entregó la causa al ministro en visita Juan Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dada la trascendencia de la indagatoria, pudiendo así acreditar que carabineros y militares habían estado involucrados en el secuestro de Boris.

"Eso no puede ser entendido como una acción legítima del Ejército o Carabineros, en tanto, al existir agente del Estado que actúan planificadamente con organización, donde además se involucra a civiles que son utilizados en el plan, porque son ellos quienes ven él y desplazamiento de la patrulla de carabineros antes de que Boris llegue a la zona misma, que es donde lo encuentran", comentó.

Lesa humanidad

El lunes pasado, Hernán Fernández presentó una apelación al fallo que determinó que el caso de Boris no corresponde a uno de los crímenes atribuidos a la dictadura militar, por ende no entra en la categoría de delitos de lesa humanidad, que por Ley no prescriben en la persecución penal.

"El Estado participó en la investigación, pero eso es absolutamente contrario al proceso porque la primera demostración es que habiendo una obligación legal de los agentes del Estado de denunciar el delito, no lo hacen. La investigación, cuando Boris recién desapareció, la hizo la inicia el vicecónsul de Estados Unidos, más de 10 días después de ocurrido el hecho; por lo tanto, omitieron un deber legal de denunciar el secuestro y la desaparición de Boris", señaló el abogado Fernández, quien enfatizó que "además la indagatoria fue obstaculizada, porque en el proceso se acreditó que hay evidencia que es falsamente situada en el lugar de los hechos, como la mochila de Boris, que no es custodiada por el sistema judicial y desde donde porque se pierden todas sus pertenencias". Sobre este punto, Fernández dijo que la motivación de los militares habría sido mapa a los disidentes políticos de la dictadura, en un contexto en que también se hablaba de la "Operación Retorno", que llevaba adelante el MIR.

Buscan justicia

El 30 de marzo arriba a Chile Olga Weisfeiler, en un nuevo intento, como todos los años, por agilizar el proceso; aunque en esta oportunidad, será para gestionar la reapertura del caso.

A la apelación de Hernán Fernández se suma el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, que también presentó un recurso judicial para anular la sentencia. En Boston, en tanto, en la universidad de Pensylvania, sus amigos y ex colegas conmemoran el día del nacimiento durante la primera semana de abril, recordando al matemático ruso que hasta ahora, dice la familia, no descansa en paz.