La primera jurisdicción en la región que dejará atrás los expedientes en papel y asumirá la tramitación digital es la correspondiente a la Corte de Apelaciones de Chillán, que al igual que otras 12 jurisdicciones, implementará la ley de tramitación electrónica de procedimientos judiciales, norma legal que entra en vigencia el próximo sábado 18 de junio, posicionando al Poder Judicial de Chile a la vanguardia en el uso tecnológico en la tramitación electrónica de procesos. En una segunda etapa, programada para el 18 de diciembre del presente año, se sumará la jurisdicción Concepción. Durante hoy y mañana funcionará en la Corte de Apelaciones de Chillán por segunda vez, el módulo del Registro Civil que entregara a abogados y público en general, la clave única para la tramitación electrónica de causas.

A la fiscalía local de Bulnes se remitieron los antecedentes de una supuesta golpiza que habría sufrido un interno de la cárcel de Bulnes, a manos de un gendarme.

Esto, luego de que la abogada de la Defensoría Penal Penitenciaria, Francisca Vásquez, presentara un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Chillán, acusando que un hombre, quien cumple condena por robo con fuerza en lugar habitado, fuera aislado y golpeado por un funcionario de Gendarmería.

Dicha acción judicial fue acogida por el tribunal de alzada, y de él se desprende que según la versión que dijo el afectado a su abogada, el pasado 21 de abril ingresaron tres gendarmes a su celda para hacer un allanamiento, en el cual se descubrió un celular, lo que implica una falta grave. Posteriormente, el 25 del mismo mes, se le notificó al interno de que tendría 15 días sin visitas por ser el dueño del celular, situación a la que se negó, en tanto dijo no haber realizado sus descargos ante el alcaide de la unidad.

Fue por ello que, aseguró la abogada defensora, fue llevado a una celda aislada, donde se concretó la golpiza con un bastón, lo que se constató al día siguiente, una vez que le explicó la situación a la psicóloga del penal.

Una vez conocidos estos antecedentes, la Corte ofició a la Dirección de Gendarmería, desde donde se negó que funcionarios hayan sido parte de las vejaciones antes mencionadas. No obstante, por oficio, entregaron los antecedentes al Ministerio Público, confiados en que no se inicie una persecución penal.

Danny Fuentes Espinoza

Luego de casi seis meses en prisión preventiva, el matrimonio santiaguino compuesto por Jocelyn Saavedra (29) y Pablo Tejo (30) recuperó su libertad, tras objetarse el procedimiento de detención realizado en diciembre de 2015 por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, en coordinación con la fiscalía local de Chillán.

La decisión fue tomada por el juez del tribunal de Garantía local, Luis Aedo, quien acogió la tesis del abogado Rodrigo Vera, defensor de los acusados, quien planteó que se les detuvo por un control de identidad y no por una orden judicial, lo que vulneró sus derechos constitucionales.

La génesis del hecho se remonta al 19 de diciembre de 2015, cuando el fiscal de turno, Eduardo Planck, solicitó una orden judicial para sacar de la cárcel a un sujeto identificado como Rafael Muñoz, detenido cuatro días antes en Chillán por el delito de tráfico de droga.

Según relató el abogado Rodrigo Vera, el imputado con amplio prontuario policial "estaba dispuesto a entregar información sobre su proveedor de droga, oriundo de Santiago. Luego, contando ya con la identidad del proveedor, los policías se trasladaron con el informante hasta Santiago".

Ya en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de San Miguel, los detectives permitieron que Rafael Muñoz se reuniera con Pablo Tejo y Jocelyn Saavedra, para que efectuaran en la vía pública la transacción de casi 600 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Una vez que los detectives verificaron el hecho, procedieron a realizar el control de identidad al matrimonio y también al imputado.

"Lo ilegal fue que la PDI, a pesar de tener identificado al supuesto proveedor, no solicitó orden judicial para su detención, sino que en su informe expresó que lo descubrió a través de un control de identidad, además de relatar en el parte que al informante lo habían encontrado circunstancialmente en Santiago, y luego de hacerle esta fiscalización supieron su nombre, lo que es irreal, puesto que lo habían sacado de la cárcel y viajaron con él 400 kilómetros", aclaró Vera. Descubierta esta información por parte del abogado defensor, ésta se expuso ayer ante el tribunal, justo cuando se realizaba la preparación de juicio oral, en que la fiscalía (representada por el abogado persecutor Álex Montesinos) solicitaba una pena de presidio de 7 años para el matrimonio capitalino, para lo cual presentarían como medio de prueba los testimonios de los nueve detectives que participaron del operativo, además de la evidencia pericial y documental. Sin embargo, a la luz de los nuevos antecedentes, el magistrado Aedo decidió objetar toda la prueba por considerarla inválida. De hecho, de cara al juicio oral que deberán enfrentar los dos acusados, sólo se contará con la declaración testimonial del padre de la mujer involucrada.

"Esta resolución del tribunal se enmarca dentro de la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema relativa a anular juicios orales donde los procedimientos policiales son ilegales", comentó el abogado Vera, quien salió caminando del tribunal junto a los imputados, los que viajaron a Santiago para cumplir con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

19 diciembre de 2015

se detuvo al matrimonio que quedó en prisión preventiva. Ahora cumplen arresto domiciliario nocturno.

Cursos con altos índices de inasistencia tuvo ayer el Instituto Santa María, recinto que fue intervenido por la Seremi de Salud, una vez que se confirmó que una psicopedagoga en práctica padece de bacteremia. Viviana decidió mandar a sus tres hijas a clases. "Las tres son del Grupo de Integración, que trabajan con personal psicopedagogo, y fueron a clases porque hubo una especie de psicosis colectiva entre muchos apoderados", contó Viviana Puga, quien dijo que en primero básico se notó la ausencia, pero en cuarto y quinto básico fue una suma menor. Desde la dirección del colegio optaron por realizar una charla el martes, en que reunieron a cerca de 40 apoderados que, temerosos, optaron por dejar a sus hijos en casa, a la espera de que las autoridades aseguren que no hay riesgo de contagio, situación que ya fue aclarada en todo caso por la Seremi de Salud.