En el frontis del mercado Municipal de Quirihue se realizó una Plaza de Justicia, destinada a proporcionar a la comunidad atención y asesoría por parte de los servicios que integran el sector Justicia de Biobío. La iniciativa de la Seremi de Justicia fue organizada por el Registro Civil y la Municipalidad de Quirihue. El director regional (TP) del servicio, Cristian San Martin, dijo que "la comunidad valora mucho este tipo de iniciativas porque acercamos todos los servicios a un mismo lugar para resolver consultas y entregar orientación en diversas materias de interés".

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro), tras efectuar un trabajo coordinado con el Ministerio Público y el propio denunciante, lograron recuperar una mountain bike, marca Trek, avaluada en 400 mil pesos.

Luego de distintas diligencias y empadronamientos a comerciantes del sector, los efectivos policiales lograron individualizar al sujeto que adquirió el artículo en un restaurante de la comuna, quien reconoció haberla vendido posteriormente a través de las redes sociales a una tercera persona residente de un sector rural de la Provincia.

Ante el ilícito, se realizó un análisis metódico de los hechos, lográndose obtener el número telefónico de éste último comprador, quien al ser consultado confirmó mantener en su poder dicha especie, la que estaba en reparaciones en un taller de la ciudad.

Con esta información, los detectives en compañía del sujeto, concurrieron hasta dicho lugar, estableciendo que se trataba del mismo artículo, pues coincidía la marca, modelo, color y número de serie, procediendo a la detención del imputado por su responsabilidad en los hechos por el delito de receptación flagrante.

"El hombre en conocimiento de la práctica del ciclismo y características de este tipo de especies, asumiendo el riesgo del origen ilícito del artículo, adquirió este medio de transporte en un valor comercial muy inferior al establecido en el mercado formal, con la finalidad de utilizarla en sus labores diarias", señaló el jefe de la Biro Chillán Comisario Jorge Agüillón.

Asimismo, el oficial policial detalló que "para evitar ser descubierto mantenía resguardada la bicicleta en una habitación que arrendaba en una vivienda particular, como también en el domicilio de sus padres, ubicado en un sector rural de difícil acceso, actuando sobre seguro para la utilización de la misma y de esta manera evitar cualquier fiscalización".

El Fiscal de turno dispuso que la especie fuera devuelta a su propietario.

El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), Andrés Pennycook, se reunió con asociaciones de grupos de adultos mayores en la Gobernación para explicarles los alcances y beneficios para empresas y personas naturales de la Ley N° 20.720, que rige desde octubre de 2014.

A casi dos años de entrada en vigencia de esta normativa, remarcó, las personas gradualmente utilizan este instrumento, aunque todavía falta que lo hagan con mayor propiedad mujeres, jóvenes y adultos mayores.

-¿Qué es lo más trascedente de esta normativa para este tipo de personas?

Nos interesa que sepan que ser deudor moroso implica ahora tener derechos, lo que implica que pueden renegociar con sus acreedores. La persona puede reconocer su deuda y dejar de manifiesto sus intenciones y posibilidades de pagar su deuda con nuevos plazos. Podemos decir que estos procedimientos son bastantes exitosos, porque más del 90% de los deudores morosos terminar en acuerdo.

¿Es una manera distinta a cómo se entendía una morosidad?

Efectivamente. El acreedor y el deudor consienten una nueva forma de pagar que antes no existía en nuestra legislación. Si una persona no hace nada, lo más probable es que la demanden y ahora existe la posibilidad de evitar ese juicio. La superintendencia los reúne a todos y en tres audiencias sucesivas se puede llegar a un acuerdo, y la persona puede quedar al día con sus compromisos. Esa persona vuelve a ser sujeto de crédito y volver a reemprender.

-¿Y cómo han sido los resultados?

A la fecha, hay más de 1.500 casos de renegociación de personas deudoras, donde sólo un 5% llega a un acuerdo de ejecución (procedimiento de liquidación o juicio) y la gran mayoría llega a un acuerdo.

-¿Cómo ha sido la respuesta en regiones como la nuestra?

Vemos que hay mucho interés. Gracias a la nueva ley tenemos presencia regional (Castellón 435, Concepción) y eso facilita que las personas puedan acercarse a consultar.

-Las mujeres y adultos mayores son los grupos con mayor riesgo de morosidad. ¿Qué pasa con ellos y otros grupos etarios?

Veíamos con cierta preocupación que la mayor parte de las personas que concurrían hasta la Superintendencia estaban entre los 30 y 55 años. Decimos que teníamos que llegar a personas entre los 20 y 30 años, muchos de ellos que ya están en el mercado laboral y, además, los adultos mayores. También sabíamos que habían más hombres y mujeres. Por eso hemos establecido una alianza colaborativa con Injuv y Senama, y con el Ministerio de la Mujer, porque nos interesa superar esta brecha.

-¿La banca sigue siendo el principal acreedor?

En la práctica vemos que las entidades bancarias son en proporción más del 80%; luego el retail representa cerca de un 13% y el resto son otro tipo de acreedores. Ellos también recurren a este tipo de acuerdo, dado que ven una posibilidad de evitarse un juicio y que la persona cumpla con su obligación.

-¿La morosidad puede aumentar por la situación económica actual?

Más allá los ciclos económicos, lo importante es que a dos años de entrada en vigencia de esta ley, hay mucho umbral para seguir creciendo. También importa que la ley sea más conocida para que las personas puedan ejercer sus derechos a través de estas nuevas condiciones.

-Si la provincia Ñuble se convierte en región, ¿cómo será la presencia de la SIR en la zona?

Si el legislador determina la existencia de una nueva región, naturalmente haremos lo necesario para estar presente. Eso va de la mano de nuestro fomento a la autonomía de las regiones, no sólo con coordinadores regionales, sino también con fiscalizadores.