Desde que el 16 de marzo la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formulara cargos en contra de la empresa a cargo del relleno sanitario (Ecobio), las alertas de un mal manejo en el acopio de residuos industriales y domiciliarios se abrieron entre los vecinos del sector de Llollinco y Quilmo bajo, el municipio chillanvejano y también a nivel parlamentario.

Los cuestionamientos hacia la empresa datan casi desde su origen, pero es en el 2013 cuando se reactivan, ya que en el 2014 el comité ambiental de Chillán Viejo, apoyado por el municipio, solicitaron al Colegio Médico la toma de muestras de aguas en sectores aledaños del relleno, las que dan como resultado una contaminación con metales pesados, como manganeso y arsénico.

Es a raíz de esta información que el diputado Carlos Abel Jarpa solicitó al Ministerio de Salud (Minsal) detalles de la empresa, donde se le entrega un historial que parte con la empresa Hera Ecobio S.A. la cual pertenece al grupo internacional Hera Holding, cuyo principal objetivo es el tratamiento, disposición final de residuos domiciliarios e industriales.

"El grupo, invitado por el Estado de Chile en la década del 90, a cooperar en la modernización del país, definió invertir en un centro de tratamiento que actualmente opera en el fundo Las Cruces, comuna de Chillán Viejo, pero que el 14 de octubre de 2011 es comprado por Essbio, principal operador de servicios sanitarios en la zona Centro Sur de Chile; y pasa a ser parte de la filial Biodiversa, que provee soluciones para el tratamiento de residuos industriales, peligrosos, urbanos y orgánicos; y desarrolla servicios de laboratorio ambiental especializados en calidad de agua", detalla el informe que fue confeccionado por el Minsal.

En dicha oportunidad, igual que ahora, el parlamentario radical solicitó a la secretaria ministerial realizar la toma de muestras de sangre a los vecinos de Llollinco y Quilmo bajo, pero la solicitud no rindió frutos ya que se aseguró que los monitoreos hechos por la seremi regional daban muestra que todo estaba en aparente orden.

"Existen antecedentes fundados en una serie de denuncias y fiscalizaciones sobre las implicancias que esto podría acarrear en la salud de las personas que viven en las inmediaciones del relleno, por eso es necesario dilucidar cualquier duda que exista al respecto y entregar tranquilidad a la comunidad de Llollinco y para ello es que hemos solicitado a las distintas instancias públicas que se analicen detenidamente los efectos que podría acarrear para quienes a diario deben convivir con este depósito, tanto en la parte medioambiental como en la sanitaria", sostuvo el diputado Carlos Abel Jarpa.

Antecedentes

Si bien las críticas al proyecto sanitario son constantes, son las tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de 1999 (para la llegada de Residuos Domiciliarios) 2004 y 2007 las que pesan a la hora de mantener las funciones al interior del centro de acopio

En ellas se detalla que la autorización de funcionamiento del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA), trabajaría en la acumulación de residuos (celdas de almacenamiento) hasta una altura de 9 metros, proyectable a 18 metros.

Pese a que no existe una norma específica que regule la altura de estas celdas, desde el Ministerio de Salud se constató que en el 2012 existían algunas que llegaban a los 20 metros de altura, las que se encontraban plenamente operativas.

"La RCA señala que el centro de acopio, tendrá una capacidad de tratamiento cercada a las 35.000 toneladas al año de residuos industriales", detalló el informe que se entregó al parlamentario.

Punto que también se suma fue que en el 2003, a través de la Resolución Exenta N°45, la autoridad ambiental del Bio Bío resolvió calificar favorablemente el proyecto "Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces: CITA ECOBÍO S.A.", para que opere un sitio de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos.

Pero sin duda uno de los años que mayor perjuicio trajo a los habitantes aledaños al relleno fue el 2006, fecha en que se resolvió aprobar un proyecto regional y otro interregional de transporte de residuos industriales, ambos presentados por Hera Ecobío S.A., previéndose la posibilidad de que entre otros desechos, sean trasladados residuos arsenicales o provenientes de faenas mineras.

"Razón por la cual, independiente de las fiscalizaciones, he remitido los últimos antecedentes de la Superintendencia de Medio Ambiente a la comisión de la Cámara de Diputados que había analizado el caso; para que retome su participación y se generen los espacios adecuados de análisis en un contexto participativo, tal como se había dejado estipulado con la creación de una mesa de trabajo público privada", dijo el diputado Jarpa.

Tierras con arsénico

En tanto, el 17 de agosto de 2012 Contraloría se pronunció respecto de la denuncia que interpuso la Asociación de Agricultores de Ñuble, sobre eventuales irregularidades que habrían sido cometidas por órganos con competencia en materias ambientales y sanitarias, en relación al funcionamiento del relleno, ya que en la resolución que se entregó en el 2003, no autorizaría el traslado de residuos peligrosos.

El órgano de control aseguró en sus conclusiones que no existía impedimento para que se transporte materiales desde fuera de la región, siempre y cuando se haga en conformidad a la normativa ambiental y sean aquellos que pueden ser admitidos en el recinto.

Por ello Contraloría precisó que la resolución exenta N°1419 de 2010, que autoriza al centro de tratamiento ambiental a acumular, recepcionar y eliminar residuos de fundiciones mineras.

Pese a las presentaciones hechas ante Contraloría en diciembre de 2012, la Seremi de Medio Ambiente evacuó un informe, el cual confirmaba la ausencia de evidencias de contaminación en los alrededores del relleno sanitario, informe que fue rechazado por el municipio chillanvejano en enero de 2013, ya que no se incluyó a las entidades que formaban, en aquel momento, parte de una "mesa de análisis" dispuesta para el funcionamiento de la empresa.

La aclaración de los productos que podían llegar al relleno fue aclarado en mayo de 2013, cuando en un oficio enviado desde la Seremi de Salud al Ministro de esta cartera, en la que se entregó la lista de los residuos que puede recibir y tratar, donde se incluye los residuos de fundiciones.

Casi un año después, en marzo 2014, la Seremi de Salud, a través de su delegación provincial, generó una inspección programada por la Unidad de Saneamiento, que dio origen a un sumario sanitario por deficiencia sanitaria y derrame en relleno de residuos urbanos.

"Cuando se hace lectura de las quejas y denuncias uno tiene que entender que hay elementos de juicio para ver que hay contaminación y que ésta trasciende el relleno. Quiero señalar que lo que han denunciado vecinos y organizaciones de la comuna, viene a consolidar la información del estudio liderado por el doctor Tchernitchin, en el que se demostró altos niveles de fierro y manganeso en aguas superficiales, estando muy por fuera del rango máximo permitido. La Superintendencia encontró los mismo niveles de estos elementos pero a 30 metros de profundidad, por lo que podemos interpretar que las napas también están con altos niveles muy por sobre la norma", analizó el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin.

Autodenuncia

Otro de los hitos que ingresaron a la actual formulación de cargos, pero que en su momento hizo ruido, fue la denuncia que ingresó el 1 de julio de 2014 por derrame de riles la que se derivó a la SMA. Si bien todo pudo quedar en eso lo que llamó la atención fue que 11 días después se registró una autodenuncia de la empresa por el derrame producido el 18 de junio de 2014 ante la SMA, organismo que el mismo día encomendó la fiscalización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Paralelo a ello concejales de Chillán Viejo acudieron ante la Fiscalía Regional, donde se presentó una denuncia para que se investigara la filtración de riles provenientes de la planta de residuos tóxicos CITA, dado que el 22 de junio y 1 de julio de 2014, hubo derrames con tóxicos con peligro para la comunidad.

Desde la empresa se admitió el derrame, solo que éste habría sido involuntario y por las inclemencias climáticas.

Fue así como el 23 de julio 2014 la Seremi de Salud generó una fiscalización rutinaria del relleno industrial por un equipo técnico conformado por profesionales de la Delegación Ñuble y de Concepción, donde se constató tres piscinas de residuos líquidos funcionando sin autorización ambiental, lo que dio origen a un sumario.

También se constató que las piscinas, que se encargan de recibir los líquidos lixiviados, se encontraban funcionando en un 90% de su capacidad, muy por sobre los 75% que estarían recomendados, lo que detonó la disposición inmediata de prohibir la recepción de residuos líquidos de terceros y la exigencia de presentar un plan de contingencia y respuesta ante estos eventos.

"Se complejiza evaluar este tipo de industria porque la industria no permite o no da permisos, o la industria evalúa donde se fiscaliza, hay cosas escondidas, como lo que indica el informe de la superintendencia donde se indica que hay cañerías que no saben a dónde van", confirmó Felipe Alywin.

últimos incidentes

Es en el 2017 donde el ojo del huracán se posó en el relleno, la primea alerta partió con los incendios forestales en febrero, y los resguardos que se tomaron en el circuito que rodea al CITA, ya que estaba rodeado de plantaciones forestales.

Luego siguió en marzo la formalización de 10 cargos que realizó la SMA, los cuales se fundamentaron en antecedentes recopilados desde 2013 al 2016, en las 21 inspecciones que se realizaron al relleno.

Contaminación en las aguas cercanas al relleno con alta concentración de Manganeso y otros materiales e incluso omisión en los informes que se entregaron, faltas detectadas es el almacenamiento y manejo de lixiviados, proceso en el cual se constató la filtración de estos percolados al suelo, ductos que estaban en malas condiciones y no reportar a la autoridad ambiental la mortandad de 6 aves en las piscinas de almacenamiento de lixiviados del relleno industrial.

Cuatro de ellas se clasificaron como graves con las cuales se expone a una revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clausura o enfrentar una multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Finalmente, durante esta semana se desarrolló la audiencia de conciliación (que no prosperó), rendición de prueba y alegatos de las partes en la demanda por reparación de daño ambiental en contra Ecobio, que está a cargo del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA).

"Existen antecedentes fundados en una serie de denuncias y fiscalizaciones sobre las implicancias que esto podría acarrear en la salud de las personas".

Carlos Abel Jarpa, diputado"