Fueron dos horas de expresión oral, escrita y análisis de un informe leído y comentado, el pasado miércoles 4 de marzo, frente a un conglomerado de interesados auditores y entusiastas partidarios y adherentes a la idea de transformar nuestra provincia en Región.

Los protagonistas obviamente fueron los integrantes de la comisión universitaria penquista, quienes después de medio año de trabajo, vinieron a dar una cuenta detallada del informe de factibilidad de Ñuble para ser Región, informe que la Subdere había solicitado.

Después de haber escuchado a cada uno de los relatores, considerando todas las variables que un proyecto de esta naturaleza amerita, se procedió a ofrecer la palabra a los asistentes. Era obvio que esa parte iba a ser intensa y dinámica, si estimamos que sus participantes iban a ser autoridades políticas, gremiales, sociales, educacionales, culturales, empezando desde luego por el Intendente Regional, los Alcaldes, los Concejales, los Consejeros y los propios directivos del Comité Ñuble Región, liderados por Hérex Fuentes, su presidente.

Intensa, dinámica y a ratos confrontacional, esta fase aclaró muchas dudas y permitió refrendar muchas de las aspiraciones de los partidarios de este proyecto. Apreciamos la proyección que éste tiene en la mentalidad colectiva y las razones por las cuales ya la idea se posicionó definitivamente, pensando que después de esta instancia, el proyecto se traslada al ámbito político donde otras variables comienzan a intervenir. Quedó claro que Ñuble necesita liberarse de la octava región y también quedó claro, que Concepción como capital regional no estaba de acuerdo con tal aspiración, por la cual la región del Bio Bio pierde territorio y medio millón de personas.

También quedó claro que Ñuble tiene una identidad, que le exige una autonomía mayor, que la que actualmente tiene como provincia dependiente de una región que resultó desde el punto administrativo y como capital regional, más agresiva que la capital nacional. Por supuesto, que en el intercambio de ideas hubo algunas esperanzas, como suponer, por ejemplo, que como capital regional, seremos igualmente indiferentes ante el destino de nuestras comunas o poner más énfasis en los costos que en los beneficios, que el país gana ascendiendo a Ñuble como Región. Con seguridad se afianzará nuestra condición agropecuaria y cultural.

Miembro de la Academia Chilena de la Lengua.

En abril de 2009 entró en vigencia la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, conocida también como Ley de Transparencia, luego del plazo de ocho meses fijado tras su publicación en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008.

Básicamente, este cuerpo legal busca que la comunidad puede visualizar las funciones públicas y garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, respecto al quehacer de los organismos del Estado, estableciendo los procedimientos para que ello ocurra y también los casos en que existan excepciones.

Es por eso que el Consejo para la Transparencia se ha encargado de fiscalizar el derecho de acceso a la información pública durante estos dos últimos años. De acuerdo a su último informe, los organismos públicos cumplen en un 61,81%, en promedio, con la tramitación de solicitudes de información que hace la ciudadanía. La conclusión llega luego de que el consejo revisara los procedimientos de 122 instituciones a nivel nacional, entre ellas, los municipios de ocho regiones.

Entre las conclusiones, destaca el hecho de que son las superintendencias las que mejor cumplen con el acceso a la información en el marco de la legislación vigente y los servicios de salud son los que menos lo hacen.

Además, en general el cumplimiento mejoró respecto a la medición del periodo anterior en un 10,77%. Sin embargo, el informe especifica que aún existen barreras, humanas y técnicas. Entre ellas, se identificaron algunos requisitos impuestos por algunos organismos que no están contemplados en la ley, entre los que se cuentan el entregar datos como domicilio particular, número de cédula de identidad, comuna y región.

Y en el caso de los trámites electrónicos, otras instituciones no cuentan con los formularios para ingresar solicitudes en sus páginas web o éstas no se encuentran operativas.

Si bien el acceso a la información pública en Chile ha avanzado a partir de esta ley, indudablemente existe mucho camino por recorrer, entendiendo que la transparencia debe ser parte de la cultura y un valor fundamental en todo organismo público. Esperamos que en las siguientes mediciones se vean más avances en materia de transparencia de las instituciones del Estado.