Las autoridades de Ucrania apostaron ayer por continuar la ofensiva militar contra las milicias prorrusas, cuyos líderes políticos aseguran que el referéndum sobre la autonomía de la "república popular de Donetsk" del próximo domingo se celebrará "incluso en medio de los combates".

Tras la ofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas contra Slaviansk y Kramatorsk, las milicias prorrusas dijeron ayer que empezó la operación contra la ciudad costera de Mariupol, también en la rebelde región de Donetsk.

"Nos acaban de llegar informaciones sobre un ataque masivo contra nuestros puestos de control situados en el oeste de la ciudad. Por lo visto ha comenzado el asalto", dijo un portavoz de los insurgentes a los medios rusos. "Los milicianos entraron en combate y comenzó el tiroteo", agregó la misma fuente. Según el canal de televisión ruso RT, testigos señalaron que se registraron víctimas.

El Presidente ucraniano, Alexandr Turchínov, declaró ayer la movilización parcial con el fin de proseguir la ofensiva contra los bastiones insurgentes prorrusos.

Turchínov nombró, además, a un nuevo jefe del Ejército de Tierra, el general Anatoli Pushniakov, un veterano de la guerra de Afganistán con el Ejército soviético.

Todos estos pasos muestran que Kiev intensificará su ofensiva militar contra la ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, los bastiones prorrusos en la región de Donetsk, cuyos alrededores fueron el lunes escenario de cruentos combates, en los que según el Ministerio del Interior murieron cuatros soldados y una treintena de milicianos.

La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania rechazó ayer la propuesta de celebrar conjuntamente con las elecciones del 25 de mayo un referéndum sobre la integridad territorial y la descentralización del país, como exigen los prorrusos.

Tampoco consiguió apoyo la iniciativa del primer ministro, Arseni Yatseniuk, de llevar a cabo una consulta no vinculante sobre los mismos asuntos.

"Las acciones militares en el norte de la región de Donetsk no impedirán la celebración del referéndum sobre la autonomía estatal convocado para el domingo", dijo a EFE Borís Litvínov, encargado de organizar la consulta.

Mabel González / Agencias

El Vaticano dio a conocer ayer por primera vez las estadísticas de cómo castigó a los sacerdotes acusados de violar y abusar sexualmente a niños, indicando que 848 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones y expulsados y otros 2.572 recibieron sanciones menores en la última década.

El Nuncio Apostólico de la Santa sede en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, dio a conocer las estadísticas durante el segundo día de interrogatorios por un comité de la ONU que vigila la adopción del tratado del organismo mundial contra la tortura.

Al igual que en la sesión del lunes, Tomasi insistió que la convención es aplicable solamente en el Estado Vaticano. Aún así difundió estadísticas de cómo la Santa Sede adjudicó globalmente los casos de abusos sexuales y no disputó la aseveración del comité de que la violencia sexual contra los niños puede ser considerada una forma de tortura.

"La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí que realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores", explicó Tomasi, quien especificó que estas acciones se llevan a cabo "sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado".

Tomasi explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de un clérigo, el obispo local "tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis", por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que ésta dirima al respecto.

Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, "y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical".

Dicho esto, Tomasi procedió a aportar las cifras solicitadas la jornada anterior por la relatora del Comité, Felice Gaer, quien había pedido datos sobre sacerdotes investigados por la Congregación y cuántos de ellos habían sido condenados.

Según Tomasi, desde 2004, más de 3.400 casos creíbles de abusos fueron referidos al Vaticano, incluyendo 401 casos en 2013. Agregó que en la última década, 848 sacerdotes han sido suspendidos de sus funciones y devueltos al estado laico por el Papa. Otros 2.572 fueron sentenciados a una vida de penitencia y oración u otro tipo de castigo, fórmula usada con frecuencia cuando el sacerdote es anciano o está enfermo.

Del total de casos estudiados, 730 se hicieron en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 en 2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013.

Reconociendo el elevado número de sacerdotes sancionados con un castigo menor, monseñor Tomasi dijo que era una acción disciplinaria y que el acusado "es colocado en un lugar en el que no tiene contacto alguno con niños".

En su declaración ante la ONU, Tomasi aseguró que el Vaticano ha demostrado un "compromiso total" en la lucha contra casos de pedofilia en la Iglesia. "Un examen serio de la realidad sobre lo que hacen la Santa Sede y los religiosos locales demuestra claramente y sin ambigüedades que no hay con certeza ninguna impunidad", aseguró el representante del Vaticano. Tomasi también se refirió al aborto y recordó que "para la Santa Sede el derecho a la vida no es negociable" y que esta práctica "constituye en sí misma un acto de tortura".