Pamela De Vicenzi T.

El ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, volvió ayer a arremeter contra la UDI al afirmar que esa colectividad opositora busca "excusas" para oponerse a los cambios planteados por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El vocero del Ejecutivo también criticó que el gremialismo se oponga al reemplazo del sistema electoral binominal, que volvió a calificar como "udinominal".

"La UDI busca todos los días excusas para oponerse a los cambios que el país necesita. Nosotros queremos más y mejor salud y la UDI dice no; nosotros queremos más y mejor educación, la UDI dice no; queremos más y mejor democracia, la UDI dice no. Es decir, se oponen a todos los cambios que son positivos para el país", declaró.

Según el vocero, la colectividad opositora esgrime "excusas" para oponerse a la eliminación del sistema binominal, paso que consideró "imprescindible para que tengamos una democracia de calidad".

"El sistema binominal debiera llamarse más bien 'udinominal', porque satisface los intereses de un partido en particular pero le hace un profundo daño a la democracia chilena", aseveró.

El ministro indicó que el video que defiende la reforma tributaria sólo cumple con la obligación del Gobierno de informar y que responderán a la Contraloría con "argumentos sólidos", tras el requerimiento presentado por un grupo de diputados de la Alianza el pasado 30 de abril. Los parlamentarios Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Pedro Browne (Amplitud) acudieron al ente fiscalizador.

El jueves pasado, la Contraloría notificó al Ministerio del Interior, Hacienda, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, del requerimiento presentado por la Alianza que acusa que el video es una "campaña ideológica" que demuestra el "mal manejo" del gasto público.

Elizalde respondió señalando que "es un procedimiento regular, ordinario. La Contraloría requiere informe al Gobierno, una vez que se realice la presentación nosotros vamos a contestar oportunamente con los sólidos fundamentos jurídicos respecto".

"La postura del Gobierno es muy simple: nosotros creemos que el Gobierno tiene la obligación de informar y de comunicar a la ciudadanía cuáles son las iniciativas que están llevando adelante, por lo demás, en eso consiste la democracia, que la gente se informe respecto de las distintas visiones", expresó el vocero.

Y añadió que "el Gobierno va a seguir cumpliendo con su obligación con los ciudadanos que es propia de toda democracia, que es informar respecto de las múltiples iniciativas que está llevando adelante, en particular, las que forman parte del programa de Gobierno, que son iniciativas que van a beneficiar a los chilenos, que van a mejorar la vida de todos".

La ministra de Salud, Helia Molina, sostuvo que en Chile siempre habrá listas de espera, luego de que el Ministerio de Salud informara que más de 1.500.000 pacientes del sistema público esperan ser atendidas por médicos especialistas.

Según los datos entregados por la autoridad, el 86% de esos pacientes llevan más de cuatro meses esperando por una consulta, mientras que otros llevan más de un año.

Molina afirmó que se debe a un desajuste entre la oferta y la demanda del sistema de salud y detalló que "siempre vamos a tener lista de espera, eso es algo que hay que decirlo".

"Uno puede terminar la lista de espera hoy día y ya mañana tiene, pero sin duda ese número de más de un millón de personas esperando ser atendidas no es lo que este país se merece, no es lo que este país requiere para que los chilenos y las chilenas estén en un país que tiene salud buena, de calidad, oportuna para todos y en forma gratuita", explicó.

La ministra se refirió a este tema en medio de una visita a la sala de maternidad del Hospital Luis Tisne de la comuna de Peñalolén, en donde estuvo acompañada de la ministra del Sernam, Claudia Pacual, y de Desarrollo Social, Fernanda Villegas.

Esta última destacó el apoyo del Gobierno a la maternidad y declaró que "el Estado está apoyando a las madres, a las mujeres, a las familias desde la gestación a través del sistema de protección social del Estado de Chile, el programa Chile Crece Contigo, y todo aquello que va destinado a que nuestros niños no sean más vulnerados en derecho".

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) solicitó una investigación "a fondo" acerca del pago de $ 12 mil millones a la compra de días cama en clínicas privadas.

Esteban Maturana, presidente de la organización gremial, planteó que "ahí se están pagando sobreprecios. 1,2 millones por un día de cama crítica es una cifra que está fuera de todo contexto".

La suma "es entre tres y cuatro veces lo que cuesta un día cama en una institución pública y eso es una brutalidad", afirmó el dirigente, que denunció un "lucro exagerado" y llamó a aclarar la acusación porque "sabemos que en Chile existen las comisiones".

Según el documento del Minsal, la compra de prestaciones a privados aumentó en los últimos años de manera significativa desregulada y sin lógica sanitaria ni económica, pues en el servicio público el costo promedio de un día cama para pacientes críticos es de $ 380 mil y en la Clínica Las Condes vale $ 1.200.000.

Maturana sostuvo que "a nosotros no nos sorprende en lo absoluto que se diga que hay más de un millón de consultas de especialistas pendientes porque el sistema público no tiene los que necesita".

Ayer fue confirmado que un cuarto recluso mapuche en Angol se unió a la huelga de hambre que se lleva a cabo desde hace 35 días en el penal de esa ciudad de la Región de La Araucanía. Cristián Curinao se integró a la protesta protagonizada por Cristián Levinao, Leonardo Quijón y Luis Marileo.

El grupo exige la revisión de sus procesos judiciales y su traslado a un centro abierto de estudio y trabajo administrado por Gendarmería. Al mismo tiempo, piden que se aplique indulto humanitario a otro interno, José Llanca, quien sufre una cirrosis hepática terminal.

Los participantes en la huelga enfrentan condenas por delitos relacionados con el conflicto indígena.

Durante este fin de semana, autoridades penitenciarias restringieron el número de visitantes que pueden recibir los huelguistas a dos personas.

Familiares de los reclusos han sostenido reuniones con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, con el fin de exponer las demandas relacionadas con la movilización.

Respecto de esta situación, el ministro de Justicia declaró en radio ADN que "hay delitos comunes que tienen que ser perseguidos por la ley común y la ley común es lo suficientemente rigurosa para aplicar penas duras y penas efectivas, por eso estoy diciendo que en este caso particular de los comuneros que están en huelga de hambre, cometieron el delito y tienen que cumplir la pena".

Las afirmaciones del secretario de Estado aludieron a las palabras del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien se refirió al tema en El Mercurio. "Muchos de los problemas delictuales que surgen corresponden a conflictos sociales y se deben enfrentar. Si lo hacemos de buena manera y existe cooperación del conjunto de actores sociales que están involucrados, lograremos generar la protección necesaria para que no sean afectados por este tipo de hechos", indicó Aleuy.