El gobierno ha decidido plantear una reforma al sistema electoral para terminar con el mecanismo binominal en la elección de diputados y senadores, y reemplazarlo por un sistema proporcional. La propuesta es que la Cámara de Diputados quede compuesta por 155 representantes y el Senado por 50, con lo que se suman 47 parlamentarios adicionales. Especialmente compleja es esta reforma, si se considera que serán los propios parlamentarios los que se encargarán de debatir un tema que les involucra en forma directa, a ellos y a sus partidos. El sistema binominal está vigente desde los años 90 para elegir a los legisladores. Una de sus falencias es que resulta muy difícil que una misma coalición logre elegir a sus candidatos en dos escaños, lo que traslada la competencia al interior de cada pacto. Si bien es cierto que este mecanismo dio gobernabilidad al país tras el período de transición política, con la formación de dos grandes coaliciones, se señala con frecuencia que ha cumplido su ciclo y a la vez ha perdido legitimidad en la opinión pública. Más de dos décadas después, irrumpen nuevas fuerzas políticas, y con una democracia consolidada se puede pensar en un cambio que responda a las exigencias de los electores. No obstante, sería injusto adjudicar al binominal todos los problemas de la falta de participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Más bien, estas razones hay que buscarlas en el descrédito en el que han caído los propios políticos, preocupados más de la guerrilla verbal de poca monta que de abordar con seriedad los problemas de fondo. Se recordará que hace unos años se planteó como la gran solución el sistema de inscripción automática y voto voluntario, que finalmente acentuó la apatía del electorado. El proyecto de ley que se empezará a discutir en las próximas semanas enfrentará algunos desafíos. Deberá convencer a una opinión pública que no ve con buenos ojos el aumento del número de parlamentarios y que cree que esto representará un gasto fiscal adicional y sin justificación. También deberá sortear las críticas a su centralismo, ya que cerca del 40% de los nuevos parlamentarios serán elegidos por los votantes de Santiago. Y, finalmente, tendrá que demostrar que no hay un intento por cambiar el binominal a cualquier costo, sino convencer a la ciudadanía que es lo mejor para fortalecer la democracia.

No cabe duda que la educación en Chile debe ser objeto de una profunda reforma pues los resultados logrados hasta ahora (alta segmentación del sistema y bajos niveles de logro) nos muestran la necesidad de introducir urgentes cambios a nivel constitucional referidos a la educación y a la responsabilidad que tienen todas las instituciones (públicas y privadas) relacionadas directa e indirectamente con la tarea de educar a la ciudadanía, además de la importancia de afrontar a la brevedad la organización del sistema educacional. Resolver el punto sobre segmentación social vs integración social es un asunto macro, que interesa a todo el país. No es algo que se resuelva, una vez más, a nivel cupular, sin participación ciudadana y cediendo a los intereses particulares de grupos de poder. Se trata de un bien que le conviene a todos. Pero también será necesario dar respuesta a la necesidad que tienen las escuelas de disponer de mayor autonomía organizacional (descentralización) vs la desmunicipalización sistémica que se busca como una respuesta a que el Estado asuma la función educativa. Si bien estos dos aspectos son "reformistas", sin embargo, un par de problemas más debieran dar forma y sentido a una nueva manera de enfrentar el desarrollo del país. En primer lugar está el problema de encontrar un eje curricular escolar que permita una mejor vinculación con el desarrollo de las regiones (y no la actual subordinación). En la práctica ese eje es hoy el SIMCE, donde todo gira en torno al puntaje, lo que confabula seriamente con resultados vinculados a las identidades locales pues lo que busca es un nivel de logro nacional que permita a las escuelas seguir sobreviviendo. Tal vez sea la hora de poner un alto al Simce y dejar que las regiones definan el eje curricular para que los aprendizajes se ajusten a las necesidades de los estudiantes y se contextualicen en razón de las características socioculturales locales, comunales y regionales: De Arica al territorio antártico, Chile es muy diferente y los contenidos no pueden ser los mismos. Pero el tema más relevante de todos -y a resolver con prontitud- es la formación inicial y continua de docentes. Hoy es caótica, heterogénea y centrada en el mercado de matrículas. Los profesores son el techo de la calidad de la educación. Los mejores resultados de aprendizajes lo logran los mejores docentes. En consecuencia, es necesario pensar no en una prueba de conocimientos sino en un proceso de selección de personas con talento pedagógico. La pregunta a responder es ¿ésta es una responsabilidad del Estado o seguirá siendo de los privados?.

Académico Facultad de Educación UCSC