El ejército de Irak centró ayer sus esfuerzos en la ofensiva que ha lanzado para quitarle a los insurgentes el control de la ciudad de Tikrit, a unos 170 kilómetros al norte de Bagdad y cuna del fallecido dictador de ese país, Sadam Husein.

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes, general Qasem Ata, señaló en una rueda de prensa que sus fuerzas avanzaron hacia Tikrit, capital de la provincia de Saladino, lo que llevó a 'huir de forma masiva' a los supuestos terroristas. Según fuentes militares, las fuerzas gubernamentales han llegado a las afueras de Tikrit, donde han pasado a controlar la sede del Gobierno local.

Sin embargo, fuentes tribales y testigos negaron a Efe que las tropas se hayan acercado hasta ese punto y explicaron que los insurgentes controlan la mayor parte de la carretera que une Tikrit con Samarra, paralela al río Tigris. De acuerdo a esas últimas versiones, las fuerzas leales al Gobierno del chií Nuri al Maliki se enfrentan a los insurgentes en la localidad de Makishifa, a solo 12 kilómetros de Samarra, con muertos en los dos bandos. El jueves, las fuerzas de seguridad iraquíes dijeron haber recuperado la Universidad de Tikrit y varias aldeas próximas al norte de esa ciudad. Los radicales han tomado varias partes de Tikrit y han ejecutado a cientos de soldados y civiles, acciones que la ONU ha calificado de 'crímenes de guerra'.

El viernes Human Rights Watch apuntó que había identificado dos sitios donde supuestamente el EIIL masacró a entre 160 y 190 hombres hace dos semanas.

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La oposición al Gobierno argentino pidió ayer que el vicepresidente, Amado Boudou, renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación en la Justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de 'cohecho y negociaciones incompatibles' con su cargo.

La defensa del vicepresidente, confirmó que en la los próximos días apelará la medida judicial, a la que consideró 'un cuento de hadas contado de forma fantástica para que los medios (de prensa) lo puedan reproducir'.

La gran mayoría de los dirigentes opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández coincidió en la necesidad de que Boudou abandone su cargo, aunque no acordaron el modo en el que debería hacerlo: si por medio de una renuncia, un pedido de licencia o el inicio de un proceso de juicio político en el Congreso.

'Es insostenible la continuidad de Boudou en el cargo. Su procesamiento por un delito de corrupción es un hecho gravísimo que altera el normal funcionamiento de las instituciones del país y requiere una resolución contundente', expresó el diputado nacional Adrián Pérez, del bloque legislativo Frente Renovador.

La presidenta 'debe exigirle' la 'renuncia' de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el 'juicio político' del vicepresidente para lograr 'su destitución', sostuvo la diputada nacional Margarita Stolbizer, del partido GEN.

La Mandataria argentina, y sus funcionarios, todavía no se habían pronunciado públicamente sobre el tema.

El viernes, el juez Ariel Lijo decidió procesar a Boudou, sin prisión preventiva. El juez consideró en su resolución que Boudou, durante su gestión el ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y, luego, contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después.

La decisión de magistrado convirtió a Boudou, que está en una gira oficial por Cuba, en el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. En su dictamen, el juez dispuso, además, el embargo sobre los bienes del vicepresidente por 200.000 pesos (unos US$ 24.600).

En el fallo se destaca que Boudou no habría recibido dinero por la operación investigada sino 'el 70% de la firma Ciccone Calcográfica'. El juez dio por 'acreditado el vínculo' entre Boudou y Vandenbroele, al opinar que 'son sólidos y numerosos' los datos. Los delitos de 'cohecho' y 'negociaciones incompatibles' tienen, cada uno, una pena de uno a seis años de prisión.

A pesar de que las autoridades en Kiev prorrogaron el viernes hasta el lunes la tregua decretada por el Presidente, Petró Poroshenko, los combates entre los prorrusos y el Ejército continúan en el este de Ucrania.

Producto de los enfrentamientos, tres militares ucranianos murieron en un enfrentamiento con separatistas prorrusos en las afueras de la ciudad de Slaviansk.

'Cerca de Slaviansk, junto a un recodo hacia Krasni Limán, fue ametrallado un puesto de control. Tres militares murieron, otros seis fueron heridos', informó Alexéi Dmitrashkovski, portavoz de la operación, citado por la agencia RBK-Ucrania.

Mientras, 'en Donetsk, fue tomada (por los separatistas) otra base militar. En Artiómovsk, anoche se produjeron combates cerca de una unidad militar', escribió en sus 'Crónicas' el ministro de Defensa de la autoproclamada república popular de Donetsk, Ígor Strelkov.

Insistió en que los separatistas no cumplirán el alto el fuego hasta que el Ejército no se retire de sus posiciones actuales a una distancia de 10 kilómetros y no dejen de traer armas y municiones a la zona.

Rusia admitió que la repercusión económica por las nuevas sanciones que Occidente estudia introducir en su contra por la crisis en Ucrania, sería negativa. 'Por supuesto, el crecimiento económico se iría profundamente en los planos negativos', admitió el ministro ruso de Economía, Alexéi Uliukáyev, al canal de televisión ruso Rossiya, en referencia a las consecuencias económicas por posibles sanciones. Y agregó: 'más aún serían negativas las inversiones en la economía, se cortarían los ingresos, las reservas del Estado, así como crecería el nivel de la inflación'. Sin embargo, 'en general, no se trata de un desarrollo de la situación dramático', matizó. Antes, la Casa Blanca advirtió que está preparada para imponer sanciones adicionales.