Como si se tratara de un cuento cíclico, el problema en torno a dónde construir una cárcel en la provincia de Ñuble vuelve cada cierto tiempo para traer incertidumbre, divisiones y malestar en las comunidades donde se plantea emplazar el recinto. Y es que tanto los gobiernos de la Concertación como de la Alianza no han sabido comunicar de manera efectiva un plan que permita tanto a las autoridades comunales como habitantes conocer de antemano las medidas paliativas y de compensación que una obra de estas características traería.

En Chillán hay conciencia unánime que el antiguo recinto penal que data de 1939 debe salir del centro de la ciudad, sobre todo tras el trauma que dejó para los chillanejos la masiva fuga de 269 internos en febrero de 2010. Nadie asegura tampoco que dichas dependencias no sigan siendo utilizadas por Gendarmería, lo cual echaría por tierra la idea de convertir a la explaza de fusilamiento del chacal de Nahueltoro en un centro cultural.

Hoy se plantea nuevamente que la zona de Colliguay estaría siendo considerada por las autoridades del Ministerio de Justicia, a raíz de un ofrecimiento de un privado. Y es la alternativa que más convence al gobierno para que Ñuble mantenga el recinto penal.

Lo concreto es que autoridades de la comuna, encabezadas por el propio alcalde se oponen a ello, por considerar su cercanía con Quinchamalí, zona en que se trabaja para potenciar turísticamente. Si bien en la zona existe un reconocido patrimonio humano vivo, recientemente declarado así por la Unesco, que es necesario mantener, apoyar y cultivar; lamentablemente, el argumento se cae por la presencia cercana de la celulosa Nueva Aldea.

Hoy es necesario que autoridades de gobierno, provinciales, comunales, vecinos se sienten en una misma mesa a discutir con argumentos en mano las mejores posibilidades de asentar un recinto que dé las máximas garantías de seguridad y permita un desarrollo armónico con la vida ciudadana. Los técnicos deberán justificar la idoneidad del terreno escogido y cómo solucionarán los problemas de traslado, visitas, entre otros. Por su parte, la comunidad debe sopesar que si están las garantías mínimas, qué medidas compensatorias puede asumir el gobierno para potenciar al sector de Quinchamalí como un gran centro turístico, artesanal y cultural, que se desarrolle ampliamente y crear centros de enseñanza y traspaso de los conocimientos que las loceras mantienen intacto en su premiado quehacer, tan arraigado en lacostumbre de los ñublensinos. Para Quinchamalí y Colliguay podría ser una oportunidad. Que la comunidad decida.

Si en la campaña presidencial las Reformas Tributaria y a la Educación concitaban un apoyo prácticamente unánime al interior de la Nueva Mayoría, desde el ingreso de los proyectos al Congreso se han hecho evidentes diferencias significativas, tanto al contenido de las reformas, como a su conducción política y comunicacional. El eje de las diferencias sigue siendo el mayor o menor grado de adhesión a la visión y objetivos que cruzan al oficialismo, expresado antes en la histórica disputa entre autoflagelantes y autocomplacientes y hoy en torno a la retroexcavadora versus la vieja Concertación. La disputa está generando hoy un clima de mayor incertidumbre que en episodios anteriores, dada la radicalidad de las reformas y el cambio de modelo de desarrollo que comprometió el Gobierno y respecto de los cuales, es evidente, no hay consenso en la Nueva Mayoría, entonces, es por ahora un pacto sin un proyecto político compartido y al interior del cual conviven miradas excluyentes entre sí. Si bien la figura del Ministro Eyzaguirre aparece hoy como el símbolo de la confusión - razón por la cual ha sido intervenido su equipo y es reiteradamente desmentido por La Moneda - se debe tenerse presente que el origen de la confusión en esta materia no es la autoridad del Mineduc, sino la divergencia de fondo que subsiste al interior de la Nueva Mayoría en materia de Educación, el rol de las familias, la participación de privados y el grado de libertad que ha caracterizado el sistema educación en Chile. Pese a la ratificación que hizo la Presidenta Bachelet de sus compromisos en materia educacional, el clima que se ha generado en torno a la Reforma evidencia improvisación, confusión respecto de los objetivos y prioridades, y ausencia de una hoja de ruta para cumplir con las promesas que se hicieron a los chilenos durante el 2013.- Renovación Nacional le ha pedido al Gobierno que retire los proyectos de ley que ya se están tramitando, para que reordene el timing de la Reforma y priorice iniciativas que apunten a mejorar la Educación Pública y la calidad en todos los niveles. Esta solicitud tiene un correlato con la Reforma Tributaria, pues debe tenerse presente que la mayor recaudación tiene por objeto financiar los cambios en Educación, cambios que aún no han sido definidos.