Aumentar el número de empresas adheridas y firmar a los menos un Acuerdo de Producción Limpia (APL) por año que incorpore acciones de innovación y de tecnología, o bien, puedan apoyar la exportación mediante estándares equivalente a certificaciones internacionales, es el nuevo desafío de la agenda regional 2014-2018 para la Región del Bío Bío que estableció el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), y que fue presentada esta mañana al Intendente Rodrigo Díaz.

Según explicó la secretaria regional del CPL, Glenda Montero, dicha agenda -aprobada en Consejo Regional- beneficiará a un universo de 2 mil 500 empresas y dispone de un presupuesto cercano a los $800 millones de aquí al 2018, logrando no sólo incorporar estándares de producción limpia sino también contribuyendo a mejorar la productividad, competitividad y sustentabilidad de éstas. Montero agregó que entre las prioridades de trabajo en la Región se dará un gran impulso al desarrollo de APL, priorizando los sectores económicos definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo como son el forestal, turismo, pesquero, cecinas, ferias libres y aquellos relacionados con el plan de descontaminación de la zona como lo es el de las empresas certificadoras de leña.

Respecto al balance de este primer Consejo, la secretaria regional del CPL manifestó estar muy satisfecha, 'pues con esta estrategia logramos vincular los objetivos de la agenda regional de producción limpia con la de innovación que busca no sólo mejorar la competitividad de las Pymes y las habilidades y actitudes de las personas a través del impulso de la innovación, sino también lograr la colaboración y cooperación entre todos los agentes del sistema'.

Despachar una orden a la PDI para recabar el presupuesto municipal desde el 2011 al 2013, además de las actas de sesiones en que hayan propuesto modificaciones al presupuesto, se hayan aprobado o no.

Los oficios o notas mediante los cuales Aylwin solicitó modificaciones al presupuesto y las actas de reuniones de la comisión de Hacienda en que consten las solicitudes de modificaciones.

Se disponga un peritaje contable y una orden a la PDI para que obtenga la agenda de las audiencias que haya concedido el alcalde desde el 2011 al 2013.

En las 12 páginas de la querella presentada este martes por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra del alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, y otros 4 funcionarios, como también en contra de 5 particulares, el organismo puso de manifiesto los hechos y antecedentes que configurarían los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

'El examen de estas irregularidades permitió constatar, además, la comisión de diversos ilícitos, a través de los cuales se sustrajeron fondos municipales, según las distintas modalidades', subraya en un inicio el texto de la querella.

Si bien los contratos con los proveedores cumplían la normativa legal, es posterior a este trámite cuando comenzaban las anomalías, según el escrito. 'Es así como a instancias del alcalde Felipe Aylwin, el entonces director de Dideco, Jorge Andrés León, por sí o a través de otros funcionarios de su dependencia, requirió diversos servicios en varias oportunidades (...) servicios que no fueron realizados o que fueron sobrevalorados o pagados en más de una oportunidad', explica la querella.

Las irregularidades, por parte de los funcionarios, fueron expuestas por el CDE en el hecho de que en ellos recaía la revisión o firma de los diversos decretos de pago que, 'no contaban con los antecedentes respaldatorios requeridos, o por medio de los cuales se pagaban servicios que ya habían sido pagados en decretos de pagos anteriores o, incluso, eran respaldados a través de documentos y antecedentes falsos', recalca el texto.

Aumento de gastos

La acción judicial indica que la táctica que se usó para afrontar el aumento de gastos, que de este modo se produjo, fue efectuar numerosas modificaciones al presupuesto anual municipal, 'transfiriendo fondos desde una cuenta determinada a aquella otra, en que se lo requería', se concluye en la querella.

Según el libelo acusatorio, cada una de estas modificaciones eran propuestas por escrito al concejo por Felipe Aylwin, junto con los antecedentes con los que justificaba las modificaciones, los que generalmente eran presentados y explicados por el director de Dideco y el administrador municipal.

'De esta forma, se sustrajeron ilícitamente dineros del patrimonio municipal', detalla la querella, en este punto.

El texto de la presentación del CDE entrega datos que fueron aportados por Contraloría, como son los estados de pago a los proveedores, donde se precisa punto por punto cómo fueron cobrados los dineros dos o hasta tres veces. También califica de sustracción, a través del pago de bienes y servicios que no fueron entregados a los beneficiarios, como aquellos que fueron sobreestimados. 'A través de las modalidades señaladas, los querellados ocasionaron un perjuicio al patrimonio municipal no inferior a 72 millones 329 mil 398 pesos', se especifica en la querella.

En la querella se recalca que los hechos puntualizados configuran, sin el perjuicio de otras figuras, el delito de fraude al fisco y el de malversación de caudales públicos.

'Como se señaló ayer (martes), de momento nos hemos querellado por algunos, no todos los eventos detectados por Contraloría. De ahí que las cifras por las que nosotros nos querellamos sean inferiores a lo informado por el órgano contralor. El desarrollo de la investigación nos permitirá decidir la ampliación de nuestra querella a otros hechos', explicó Mariella Dentone, abogada procurador fiscal del CDE.

Como la investigación que se desarrolla podría entregar nuevos antecedentes, el CDE está abierto a ampliar la querella en caso que lo estime conveniente. 'De momento, nos hemos querellado, como se señaló, por algunos hechos, no todos. Podría ocurrir que la investigación determine otros hechos, que también puedan constituir fraude al Fisco o malversaciones. En tal caso, como señalé, decidiremos una eventual ampliación de la querella', señaló Dentone.

Fueron tres diligencias las que solicitó, en el escrito, el CDE de Chillán, que en su mayoría comprende recabar documentos del presupuesto municipal y sus modificaciones desde los años 2011 al 2013. Este mismo periodo se usó para que la PDI pueda obtener la agenda con las audiencias de tuvo Aylwin y además disponer de un peritaje contable, para determinar los montos de dineros sustraídos, para luego establecer acciones civiles.

'Esta consulta se refiere a hechos que son materia de la investigación, por lo que no me es posible responder', dijo la Dentone.