Las dificultades económicas que enfrenta la gerencia de Buses Línea Azul siguen en vilo, luego que la empresa Copec los demandara en marzo de este año por el no pago de 133 millones de pesos por concepto de combustibles, luego que las partes aún no concreten un acuerdo que podría eximir de responsabilidad penal a su representante, Marcelo Hernández.

El pasado 14 de octubre, en el tribunal de Garantía de Chillán se agendó el Juicio Simplificado por esta causa, en la que se le imputan los cargos a Marcelo Hernández, gerente general de Línea Azul.

En la misma audiencia, se preguntó si existía un acuerdo reparatorio para que la causa no persistiera, pero eso no ocurrió, por lo que se tuvo que agendar el juicio de todas formas.

Posteriormente, cuando llegó la fecha indicada, el pasado 18 de noviembre, tampoco se llevó a cabo el juicio simplificado, ya que las partes plantearon que están trabajando en un acuerdo.

Preacuerdo

El abogado que representa a la Compañía de Petróleos de Chile, Copec sociedad anónima es Christian Paulsen, quien comentó que de común acuerdo, la audiencia preparada para el 18 de noviembre se postergó.

"Nosotros teníamos un escrito que había sido redactado antes pero no había sido solicitado al tribunal. Por eso se tuvo que resolver en el día de la audiencia", aseveró Paulsen, quien lidera el equipo de trabajo junto con la abogada Constanza Salamanca.

Además, Christian Paulsen señaló "Nosotros tuvimos una reunión después de la audiencia postergada. Eso, de hecho, estaba previamente planificado", comentó el abogado, quien indicó que de todas maneras, las relaciones entre las empresas siguen en pie, y este hecho no ha trabado la relación comercial que existe entre ambas. "El objetivo es explorar una posibilidad de acuerdo y conversar.

En este momento estamos trabajando en ello. Naturalmente en esta temática, hay que hacer análisis, por eso nos tomamos un tiempo", comentó el abogado de una de las partes, quien prefirió no adelantar los detalles del proceso.

"No puedo ser irresponsable y adelantar un resultado de las negociaciones. Sería aventurarme en un resultado que aún desconozco", expresó. Eso sí, el abogado penquista destacó que "las partes ya se acercaron y ya se está trabajando", respecto a la deuda que aún sostiene Marcelo Hernández con la entidad de combustible.

No obstante, si Copec y Línea Azul no llegan acuerdo, el próximo 19 de diciembre deberán litigar en el tribunal chillanejo la solución, que podría determinar en una sanción penal en contra de Marcelo Hernández, quien arriesga 5 años de presidio por el delito de giro doloso de cheques.

En el caso de que finalmente se concrete el pago del dinero adeudado, las partes solicitarán, eventualmente, una nueva audiencia con el carácter de conciliatorio, la que pondría fin a este proceso.

Caso Nicole Orellana

Otro de las problemáticas que enfrentó Buses Línea Azul fue la investigación penal en contra de Sandra Fuentes, esposa de Marcela Hernández, quien atropelló a la estudiante de quinto año de Medicina Veterinaria, Nicole Orellana, quien falleció en julio de 2013 frente a la Universidad de Concepción, lugar donde estudiaba. En dicha instancia, la familia pudo subsanar la situación con el pago 64 millones de pesos. Actualmente, Mario Orellana, padre de la joven fallecida, aún busca otra indemnización. "En diciembre presentaremos una demanda civil, aunque hasta ahora no tenemos fijado a quién la dirigiremos, si hacia el municipio de Chillán o la Universidad de Concepción, por no tener la señalética de tránsito adecuada en el lugar donde ocurrió la tragedia", dijo.

En julio de 2014 debieron pagar 64 millones de pesos a familia de Nicole Orellana, estudiante de medicina veterinaria quien fue atropellada por Sandra Fuentes, una de las propietarias. Finalmente, la causa fue sobreseida tras el acuerdo conciliatorio.

Son poco más de $133 millones los que Buses Línea Azul adeuda a Copec, por concepto de petróleos que no se pagaron. La causa, que comenzó a partir de marzo de este año. No obstante, si hay acuerdo, causa podría finalizar en diciembre próximo.

Durante tres meses deberá estar tras las rejas Marco Romero, quien ayer fue formalizado por el delito de violación en el tribunal de Garantía de Chillán.

El sujeto, de 44 años, fue detenido el pasado sábado por la Brigada de Delitos Sexuales (Brisexme) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chillán, quienes acogieron la denuncia de la presunta víctima, quien sería ex pareja del imputado.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público, fiscal Eduardo Planck, relató los hechos por los cuales se le imputó, y en los cuales estaría confeso.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Planck, Romero llegó hasta el domicilio de la víctima alrededor de las 00.30 horas del viernes en estado de ebriedad.

En el mismo domicilio, ubicado en la población Santa Elvira, sostuvieron una discusión. "Ella estaba acostada en su cama y le quitó las frazadas. Posteriormente, la abofeteó y la sacó de ahí a la fuerza", señaló Planck, quien señaló que Romero la habría golpeado más de una vez antes de ultrajarla sexualmente.

Desacato

Uno de los aspectos claves que determinó el juez para decretar la prisión preventiva fue el hecho de que en agosto, el mismo sujeto había comparecido ante el tribunal por el delito de lesiones en contra de la víctima.

Por este ilícito, Marco Romero tenía la orden de prohibición de acercarse a la mujer. Sin embargo, con este hecho, transgredió la medida adoptada por el tribunal en dicha instancia.

Además, la fiscalía presentó los informes del Servicio Médico Legal que dan cuenta de las agresiones de las que la mujer habría sido víctima.

Pese a que la defensa argumentó que había que entender el contexto de violencia mutua que existía entre ambos y no debía cumplir la máxima medida cautelar, dado que el imputado no cuenta con antecedentes penales y el trabajo es su fuente de sustento, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró la prisión preventiva.

Durante este periodo deberá estar en la cárcel de Chillán, a la espera de un eventual juicio oral.