Nuestro país vive un verdadero tsunami digital, una demanda de las personas y de las diversas organizaciones e instituciones por datos y servicios de telecomunicaciones que crece como la espuma y no se va a detener. Este hecho debiera llevar a todos los actores, tanto públicos como privados, y la sociedad civil en su conjunto, a pensar en grande, para a lo menos alcanzar el promedio de las naciones más avanzadas en esta materia. Ello implica dar conectividad a todos los chilenos, una herramienta fundamental para democratizar la sociedad y dar igualdad de oportunidades.

A junio de este año, Chile alcanzó el 56% de penetración de accesos a internet por cada 100 habitantes, con 9,9 millones de accesos. De estos, el 75,8% son móviles, principalmente smartphones. La telefonía móvil alcanzó un total de 23,4 millones de aparatos activos y una cobertura del 95% del territorio nacional habitado. Las personas con acceso a estos servicios han visto facilitada su vida diaria, mejorado su relación con sus familias y seres queridos; su participación en movimientos y causas de todo tipo; y en el ámbito laboral, la movilidad ya es un hecho que seguirá aumentando, al igual que internet de las cosas.

La digitalización de la actividad humana permite mejorar la atención de salud, la educación, la gestión del medio ambiente y de los territorios. En definitiva, mejora la calidad de vida de las personas.

La industria de telecomunicaciones chilena ha venido invirtiendo sobre los US$ 2 mil millones durante los últimos años en la ampliación de la infraestructura, en la capacidad de las redes, en la cobertura territorial, en mejorar el servicio a los clientes y en importar los mejores terminales disponibles en el mercado mundial.

Sin embargo, se requiere mantener este ritmo a largo plazo y hacer un esfuerzo aún mayor. Esto ha motivado a la industria a proponer una alianza público-privada cuya meta es igualar en los próximos 10 años (2024) la inversión que se ha realizado en los últimos 25 años, a objeto de alcanzar el promedio de los países OCDE. Estamos hablado de que la industria podría invertir US$ 22 mil millones en una década, situando a las telecomunicaciones como uno de los sectores productivos más importantes del país.

Guillermo Pickering

Tal como se reveló en septiembre de este año por Diario El Mercurio, el número de cajeros automáticos en el país cayó un 12 por ciento en tan sólo 15 meses, lo que se tradujo en que el sector financiero dejó de disponer de 1.118 dispensadores entre marzo de 2013 y junio de 2014.

Lo sensible de este problema para el público que ha reaccionado con molestia ante la falta de maquinas o de dinero disponible en ellas, llevó al gobierno a emitir un decreto que obliga a la banca a incrementar las medidas de seguridad, tales como contar con un sistema de extracción de aire para evitar la acumulación de gas en las máquinas, mejoras en los anclajes, y protecciones contra elementos cortantes, fundentes (oxicorte), además de cámaras y alarmas sonoras y lumínicas. Paralelamente a ello, desde septiembre que el gobierno ha requerido a las unidades especializadas de las policías que se cursen multas por cada cajero automático que haya sido objeto de algún ataque de delincuentes y que no haya sido repuesto, bajo la premisa esgrimida por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "cajero detonado, es cajero multado". Pese a los reclamos de la Asociación de Bancos, a la fecha se han registrado más de 15 casos en que se han cursado infracciones a entidades bancarias, lo que ha generado una baja en los delitos consumados.

En este sentido, se reconoce el énfasis que ha puesto el Ejecutivo para que la banca cumpla el rol e invierta en seguridad para seguir cumpliendo con los servicios que contratan con sus clientes.

Paralelamente a ello, BancoEstado ha puesto en marcha una insólita medida que, digámoslo, se contrapone notoriamente al énfasis del gobierno. La entidad anunció la instalación de 60 cajeros automáticos en zonas más vulnerables, pero instalados en comisarías, para garantizar su seguridad. En este sentido, no se entiende que mientras se exige que los privados inviertan en acciones concretas, el ente financiero estatal desvíe la atención de Carabineros en el resguardo de estos dispensadores de dinero, en desmedro de labores preventivas en la comunidad. Si bien, el presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés, ha defendido esta medida inédita y polémica aduciendo que además es temporal, más parece una improvisación y presión directa hacia la banca privada. Notoriamente, las reglas que impone el ejecutivo no son ecuánimes y llaman a la confusión.