Inmersa en la peor crisis de su historia, la empresa estatal brasileña Petrobras ha sufrido una notable pérdida de valor de mercado en los últimos años y además, al día de hoy, registra una fuga de inversiones que augura un agravamiento de su situación financiera.

Según reportó ayer el diario O Estado de Sao Paulo, el valor de mercado de la empresa, según cifras obtenidas por la inflación, cayó de 737.000 millones de reales (unos US$ 276.000 millones) en marzo de 2008, en pleno auge de la estatal, a 127.000 millones de reales (unos US$ 47.565 millones) a la actualidad.

El volumen de pérdidas en ese periodo, de 610.000 millones de reales (US$ 228.560), equivale, apunta el rotativo a toda la producción anual de Portugal y a cuatro veces el PIB de Uruguay.

Además de los millonarios desvíos de fondos de los que la petrolera fue objeto entre 2004 y 2012, otros factores también incidieron en la caída de su valor, aclaró el medio, entre ellos los impactos de la crisis global, que comenzaron a sentirse a partir de 2009, y la necesidad del Gobierno de no reajustar el precio de los combustibles para no presionar la inflación.

A instancias de todos estos factores, la cotización de la estatal llegó a derrumbarse a tal punto que el viernes pasado, cuando fue denunciado que la cúpula directiva de la empresa había sido alertada sobre los desmanes ya en 2008, las acciones de la empresa alcanzaron en la Bolsa de Valores el mismo valor que tenían en 2003.

Por otro lado, el diario Folha de Sao Paulo informó ayer que a raíz del escándalo de corrupción, el 25 % de los inversionistas institucionales redujeron en al menos un tercio el número de recibos de papeles ordinarios (ADR), que son los más negociados en la Bolsa de Nueva York.

Dichos papeles acumulan una desvalorización del 51 % entre julio pasado y el viernes.

La merma de apuestas en la empresa por parte de los fondos de inversión que se produce desde marzo está directamente vinculada a las revelaciones de pagos de sobornos, sobrefacturación de contratos y maniobras de lavado de dinero, en los cuales, según las denuncias, participaron directivos de la estatal, altos ejecutivos de grandes constructoras contratistas y "profesionales" del lavado de divisas.

A raíz de las denuncias, además, la estatal brasileña está siendo investigada por las autoridades de regulación estadounidense y procesada por inversionistas de ese país.

"Es arriesgado mantener esas inversiones. La acción continúa cayendo y nadie sabe decir si ya llegó al fondo del pozo", dijo un analista de mercado de Nueva York, quien no quiso identificarse.

"Una parte de la reducción (de compra de acciones) se podrá revertir cuando el balance sea divulgado. Pero eso no significa que el riesgo desaparezca. Nadie sabe cuáles serán las consecuencias para la empresa si se comprueba que esos escándalos son verdaderos", agregó.

Otro factor que mantiene en vilo al mercado es la decisión de la estatal de no divulgar el balance parcial relativo al tercer trimestre de este año, el cual debía ser publicado el pasado 14 de noviembre, pero se decidió no hacerlo hasta el 31 de enero.

El valor de mercado de la empresa Petrobras cayó de US$ 276.000 millones en 2008 a US$ 47.565.

Además de los desvíos de fondos, los impactos de la crisis global de 2009 también son responsables.

El viernes se reveló que la directiva de la empresa sabía desde 2008 de los desvíos, lo que hizo decaer las acciones.

Tras el escándalo el 25% de los inversionistas redujeron al menos un tercio el número de recibos de papeles ordinario.

Otro factor que alimenta la incertidumbre en el mercado es que la estatal decidió no divulgar el balance del tercer trimestre el 14 de noviembre y posponerlo al 31 de enero.

Carolina Collins/Agencias

228 mill.

de dólares es lo que ha caído el valor de la empresa desde marzo de 2008 a la actualidad.

2004

fue el año en el que la petrolera comenzó a ser objeto de millonarios desvíos de fondos.

El Gobierno argentino pidió ayer a los fondos especulativos que demandaron al país por deuda en mora que se replanteen el escenario a partir de enero, cuando vence la cláusula que impide a Argentina pagar más a otros acreedores que a los que aceptaron las quitas de la reestructuración. "Argentina no va a cambiar su posición", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en declaraciones radiales sobre la negativa del Gobierno a acatar el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, que obliga al país a pagar US$ 1.300 millones, más intereses, a fondos especulativos que no se adhirieron a los canjes planteados por Buenos Aires en 2005 y 2010 (aceptados por el 92,4 % de los bonistas).

"Pasada la cláusula RUFO (sigla en inglés de "derecho sobre futuras ofertas"), que funcionaba como elemento de extorsión, son ellos los que tienen que plantearse de nuevo el escenario", advirtió el titular de la cartera económica argentina.

Kicillof vinculó la batalla legal con los fondos demandantes a la propuesta realizada por el Gobierno a bonistas para la liquidación anticipada de los títulos Boden 2015 y su canje por títulos Boden 2024.

"Esto es un espaldarazo. Argentina no está fuera del mercado", dijo el ministro sobre el 2 % de los bonistas que aceptaron cobrar anticipadamente sus bonos y el 4 % que aceptaron canjearlos.

"Argentina puso uno sobre otro US$ 6.700 millones, y los bonistas no los aceptaron. Argentina quiere y puede pagar. El problema no es Argentina, el problema son los buitres", insistió.

Pese al discurso triunfalista, los analistas advierten que el Gobierno esperaba que el canje proporcionase divisas que sirviesen para fortalecer las reservas del Banco Central de cara al año electoral que se avecina ante la dificultad para obtener créditos en el extranjero por el conflicto de la deuda.

Argentina fue demandada ante los tribunales de Estados Unidos por fondos de inversión que poseen deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, en mora desde la crisis de 2001.

El juez Griesa falló a favor de los demandantes y su dictamen, que fue después ratificado en instancias superiores, ha impedido, a su vez, que los tenedores de títulos reestructurados puedan cobrar los vencimientos en Estados Unidos desde junio pasado, lo que ha llevado al país a una situación de impago técnico.