El pasado viernes, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, defendía la postura del MOP de negociar con las concesionarias urbanas de la zona Metropolitana para contener el alza de tarifas para el año 2016. "Hay una disposición de perfeccionar los contratos, manteniendo dos criterios: que la inversión en infraestructura tiene que ser efectivamente pagada y que el costo para el usuario tiene que ser razonable".
No obstante sus palabras, en regiones las condiciones para los usuarios parecen muy distintas, lejos de parecer razonables. En la provincia de Ñuble, nada menos, los usuarios de la ruta concesionada pagan el peaje más caro del país en la Autopista del Itata (que une Concepción con Chillán) y las gestiones para cambiar esto no sólo han sido nulas, sino también poco transparentes. Ello, al punto que la propia concesionaria reconoció que la única conversación con el MOP se refería a reducir la tarifa en "horario punta", pero no en horario normal, la cual en enero de 2015 se reajustará en $100.
Lo anterior dista de versiones parlamentarias, como la entregada en pleno periodo electoral por el ex senador Hosaín Sabag, quien afirmó que el MOP negociaba extender el plazo de la concesión a cambio de una reducción en sus tarifas.
Como fuere, dicha negociación nunca llegó a buen puerto y desde el gobierno no existe intención de cambiar las condiciones del contrato de concesión.
Más aún, el ejecutivo debió incorporar en la ley de Presupuesto de 2015 una glosa para disponer de $1.000 millones en indemnización para la concesionaria Globalvía por concepto de la construcción de la autopista que unirá Cabrero con Concepción.
De esta manera, no sólo los habitantes de la zona están pagando el peaje más caro de Chile, también deberán ver como el Estado mete mano a sus bolsillos para indemnizarla, con plata de todos los chilenos.
Mientras tanto, la concesionaria no ha reparado la situación de inseguridad que se mantiene en algunos tramos de la ruta, donde no existen barreras de protección divisorias de ambas calzadas, no existen bermas y la falta de medidas de seguridad para los automovilistas es reconocida inclusive desde el seno del ejecutivo.
Una vez más, las regiones sufren con la pesada aplanadora del centralismo, donde mientras con las autopistas urbanas del gran Santiago se amplían los esfuerzos por frenar las alzas, en el Bío Bío los ñubleninos deben seguir solventando con inquiedad los costos del progreso.