El año 1987 fue aprobada por la Junta de Gobierno la Ley 18.600 que establece diversas normas para la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades de personas con discapacidad mental. No obstante, la misma ley ha constituido desde su promulgación una discriminación más que deben enfrentar en un mundo laboral competitivo y al mismo tiempo poco comprensivo hacia la inserción de las personas con capacidades diferentes. El artículo 16 de esta norma se establece que "en el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo". Lo anterior se ha traducido en la existencia de verdaderos abusos laborales de algunos empleadores hacia los discapacitados, que se valen de la propia legislación para acordar remuneraciones indignas e injustas.

En la práctica son pocas las personas con discapacidad mental que puedan optar a un trabajo remunerado para aumentar la pensión que reciben del Estado, que no supera los $80 mil. Así, de cada 100 adultos en situación de discapacidad: 1 tiene contrato, 29 trabaja de manera informal y un 70 está cesante.

Un artículo publicado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y replicado por la Organización Panamericana de la Salud en su sitio web, da cuenta que en Chile más de 600 mil personas presentan discapacidad mental, ya sea de causa psiquiátrica o intelectual. Sólo el 19% de ellas accede a algún trabajo remunerado, generalmente en condiciones precarias, con bajas remuneraciones, horarios parciales y alta inestabilidad. Su situación laboral es peor que la de quienes sufren discapacidad física, visual o auditiva -que tienen una empleabilidad del 30%-, al tiempo que son víctimas de mayor discriminación y marginalidad. Entre los obstáculos para una verdadera inserción, destacan el estigma y discriminación, la ausencia de incentivos en las empresas y el bajo nivel de recursos asignado por el Estado a los programas de inclusión.

Distintas legislaciones posteriores han fallado en lograr una solución concreta a la disparidad de derechos laborales de las personas en situación de discapacidad. La traba fue la misma, la Ley 18.600 sobre Discapacidad. Hoy un grupo de parlamentarios ha presentado una moción que busca avanzar en políticas de inclusión bajo la consigna de "a igual trabajo, igual remuneración" y así lograr la paridad de salarios en beneficio de los trabajadores en situación de discapacidad. La iniciativa busca derogar el artículo 16 e incluir en la ley un artículo que establezca que la diferencia de salarios que perjudique a cualquier persona en situación de discapacidad, se entenderá como un acto de discriminación arbitrario, sobre el cual no puede ejercerse la libertad contractual. Es de justicia y equidad terminar con esta vulneración injusta de la ley.

Estos días se ha hablado intensamente sobre un cambio de gabinete, los desaciertos del gobierno y la baja aprobación ciudadana lo hacen urgente, varios nombres se repiten como candidatos a ser reemplazados y una de ellas era la ex Ministra de Salud Helia Molina. Desde prácticamente el inicio del mandato, la gestión en Salud venía siendo mal evaluada por la ciudadanía y por el gobierno, reiteradas contradicciones con otras autoridades del ejecutivo, varios paros, un mes el hospital El Salvador y dos paros de salud primaria, retraso en las licitaciones para la construcción de hospitales, aumento de las listas de espera y de la deuda hospitalaria, mal manejo político y comunicacional ante reformas complejas que contempla el programa, etc. A esto suma sus desafortunadas declaraciones, más allá de la pertinencia de impulsar la legalización del aborto en Chile, hay al menos dos aspectos reprochables en los dichos de la ex autoridad. Primero, que para defender una decisión presidencial, recurriera a una acusación generalizada en contra de centros de salud privados y a calificaciones poco oportunas en una ministra de Estado utilizando términos peyorativos como "clínicas cuicas" y "familias conservadoras". Por otro lado puso en evidencia la grave falta a su deber como autoridad de Salud, dando a entender que cuenta con antecedentes de la realización de abortos, sin haberlos puesto a disposición de la fiscalía como le obliga la ley. Lamentamos el lenguaje utilizado que se repite en varias autoridades, primero fue "vamos a pasar la retroexcavadora" luego "les vamos a quitar los patines a la educación subvencionada" y "los poderosos de siempre son los que se oponen a las reformas" etc, esta animosidad con la que se gobierna polariza al país y recuerda tiempos de un Chile dividido. Por último, llama la atención el tratamiento distinto que ha dado el Gobierno a esta situación, respecto de la situación del Embajador de Chile en Uruguay, tras sus declaraciones descalificando a la DC, a la oposición y a los empresarios. Con todo lo anterior cabe preguntarse si efectivamente el PC mantiene un veto en decisiones presidenciales o si la Presidenta Bachelet evalúa con más holgura las actuaciones de sus militantes, quizás la advertencia de que "estarían con un pie en el gobierno y otro en la calle" ha surtido efecto.

Frank Sauerbaum