Una creciente preocupación se viene incubando por años en el seno de la comunidad local y provincial en torno al principal recinto de salud de la capital provincial: el Hospital Herminda Martín de Chillán. Esta inquietud ciudadana se ha manifestado ya en denuncias a la prensa y hasta marchas a raíz de lo que consideran presuntas negligencias médicas en el actual de algunos funcionarios del recinto de salud y cuyos casos han sido de público conocimiento.

A tal punto ha llegado el descontento que se han creado organizaciones de pacientes víctimas de negligencias médicas que han alzado su voz.

Paralelamente, cada cierto tiempo se conocen casos de personas que han denunciado malos tratos por parte de funcionarios del recinto, largas horas de espera por atención a raíz del sistema de calificación de los enfermos, falta de médicos, falta de insumos, problemas de gestión interna, respecto de los cuales la dirección del establecimiento ha sido reacia a explicar.

Se han conocido casos en que familiares han perdido la paciencia ante tal poca deferencia que ha sido necesaria la presencia de la fuerza pública.

Como contraparte, también se ha informado de los esfuerzos del Servicio de Salud Ñuble por capacitar en el buen trato a los funcionarios del Hospital.

Todas estas situaciones se conjugaron la semana recién pasada en la muerte de una mujer de 90 años, Eliana Muñoz Sepúlveda, que acudió por una dolencia estomacal al servicio de Urgencia, sufrió por cinco horas a la espera de una atención médica hasta que fue encontrada sin vida en una camilla.

En el lamentable deceso de la paciente se suman muchas de las críticas que por años se han hecho a la calidad de su atención: mal trato humano, largas horas de espera, entre otras. Familiares de la víctima aportaron otras igual de preocupantes, el intento de los médicos por justificar su deceso en su avanzada edad cuando lo ocurrido fue una completa falta de criterio. Es de esperar que el sumario iniciado por la dirección refleje esta vez algún resultado concreto, pues ante estos casos se anuncian investigaciones que en nada quedan y sólo acrecientan el malestar ciudadano.

Estos motivos no hacen más que darle razón a la intención del senador UDI Víctor Pérez de pedir una intervención directa del Ministerio de Salud a un recinto asistencial que en agosto pasado recibió el Certificado de Acreditación en Calidad de la Superintendencia de Salud, por "mejorar los estándares de calidad y atención al usuario". El papel aguanta mucho, lo importante son los hechos concretos.

El Proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), creará un nuevo escenario social. No sólo porque el Estado reconocerá distintos tipos de familia, sino porque también obligará a las empresas a hacer modificaciones para beneficiar a convivientes civiles y a los hijos de esta nueva alianza.

Muchas compañías ya hemos incorporado políticas pro inclusión y desarrollo de carrera, para asegurar que todos accedan en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades. También hemos implementado políticas de conciliación de vida personal y profesional, creando cargos y estructuras para administrar y gestionar estas propuestas.

Claramente, la diversidad es un foco estratégico, sin embargo, todavía falta para que el AVP forme parte del dialogo. Y esto es importante, ya que según cifras del Movilh, más de dos millones de personas conviven, con o sin hijos, sin poder regular su régimen patrimonial, de salud, previsional y de herencias.

Habiendo concluido el primer trámite, la promulgación del AVP será un desafío para las empresas ya que muchos de los beneficios como salud, previsión, bonos, negociaciones colectivas, seguros y cajas de compensación, serán extendidos a todos, sin importar orientación sexual o identidad de género.

Sólo para detallar algunos aspectos -y considerando que se extenderán los beneficios a los convivientes civiles de los trabajadores- está, por ejemplo, el proyecto de ley que introduce modificaciones a diversos cuerpos legales. Tal es el caso del DFL N°1 2005 del Ministerio de Salud, en el que para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, el AVP permitirá a cualquiera de los convivientes civiles ser carga del otro. O el Decreto Ley 3.500, que regula las pensiones, en que el conviviente civil podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia.

Algo no menor es que se tendrá que respetar todo lo relacionado a derechos hereditarios, puesto que el proyecto de ley regula la situación del conviviente civil como si se tratara del cónyuge sobreviviente. No quiero dejar de mencionar que la iniciativa, si bien fue aprobada por la Cámara de Diputados, podría sufrir modificaciones.

Así, es en la implementación donde cobra sentido el trabajar por la diversidad e inclusión; y donde se conjuga el deseo de la empresa por retener el talento y las fórmulas que permitirán que la inversión en capital humano sea sustentable.

Concluyendo, no debemos olvidar incluir en la discusión a sindicatos y otros grupos parte del ecosistema de la empresa. El diálogo es lo único que garantizará que esto se transforme en una mejor calidad de vida para todos.

Por Patricio Fernández