Las diputadas del Partido Comunista, Camilla Vallejo y Karol Cariola, salieron a hacer frente a las acusaciones de la UDI que apuntaban a que recibieron aportes de extranjeros para financiar sus campañas parlamentarias, lo que está prohibido por la legislación en el tema.

"Hemos recibido sólo aportes de chilenos, todo está regulado. Si hay un problema dentro de la legalidad, que presenten pruebas, pero no tenemos nada que temer", afirmó categórica Vallejo.

Fue el jefe de la bancada de parlamentarios UDI, Felipe Ward, quien denunció y emplazó al PC a pronunciarse por los presuntos aportes a las campañas de las diputadas en 2013. Esto luego de que La Tercera publicara ayer que se habrían realizado convocatorias a través de internet, en mayo y junio de ese año, supuestamente por una agrupación de chilenos exiliados en Francia.

"Hoy día tenemos el derecho a pensar de si está la izquierda internacional detrás de este tipo de financiamiento y emplazar al Partido Comunista a que conteste quiénes son las personas que forman parte de este comité, cuántas platas se recaudaron y cómo ingresaron esos dineros a Chile, si ingresaron legalmente y fueron declarados ante el Servel", dijo ayer Ward.

"Es una información pública y en función de lo que ha ocurrido en el 'caso del yate' queremos hacer las preguntas. Ya enviamos los oficios dirigidos a las instancias correspondientes, entre ellas el Servicio Nacional de Aduanas para ver si hay constancia del ingreso de esos dineros provenientes del extranjero", agregó el parlamentario gremialista.

Ward cuestionó que una de las cuentas a las que fueron destinados los recursos recaudados, era de origen francés.

Al respecto, Vallejo señaló que "muy lamentable que la derecha chilena, que fue cómplice de la tortura, detuvieron, hicieron desaparecer a chilenos, después los exiliaron, después se negaron sistemáticamente a darle posibilidad votar, hoy día cuestionan que chilenos en el extranjero, que tienen legítimo derecho a dar aporte a campañas políticas (…) es una práctica totalmente antidemocrática".

La diputada Cariola se sumó a los dichos de su par y calificó como "sucio y lamentable" el rol de la UDI. "Los chilenos que viven en el extranjero pueden votar en Chile, pueden participar de campañas en Chile y pueden hacer aportes económicos en Chile, eso no es ilegal", afirmó la parlamentaria.

Nosotros lo que queremos decir y aclarar absolutamente es que no hemos recibido dineros para nuestras campañas de personas extranjeras, eso es lo que queremos dejar en claro y que queremos que quede absolutamente transparentado", enfatizó Cariola.

La diputada acusó a la UDI de intentar "tapar" la problemática que dicho partido está enfrentando en relación a la arista política del llamado caso Penta.

"También decir que nos parece lamentable el hecho político que ha hecho la UDI a partir de intentar enlodar y buscar tapar de alguna manera las responsabilidades judiciales que ellos están enfrentando, perjudicando o tratando de emplazar a otras personas, para con eso resguardarse ellos mismos y eso nos parece sucio y lamentable", manifestó la parlamentaria.

Vallejo respaldó lo dicho por Cariola asegurando en su cuenta de Twitter que la UDI estaría aplicando el "principio de transposición", según los principios de la comunicación política presentados por la Fundación Jaime Guzmán: "si no puedes negar las malas noticias, inventa otras q las distraigan" , publicó la diputada en la red social.

Saúl Quiroz y Luis Felipe León, los abogados que le habrían facilitado las boletas al ex diputado de RN, Alberto Cardemil, declararon ante el fiscal a cargo de la investigación del caso Penta, Carlos Gajardo, quien ya entrevistó a Cardemil, que negó todo vínculo con los controladores del holding. El abogado de los imputados, Georgy Schubert, dijo que reconocieron la emisión de las boletas a Penta pero afirmó que "no han cometido ningún ilícito", sino que "puede existir un error".

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, anunció que el Ejecutivo presentará una querella criminal en contra del pastor Javier Soto por las presuntas agresiones contra el diputado DC, Claudio Arriagada, las que el vocero calificó como "injustificables e inaceptables".

"Lamentablemente éste no es un hecho aislado. Estamos en presencia de sistemáticas agresiones contra dirigentes que representan a la diversidad y también contra parlamentarios", afirmó ayer el secretario de Estado.

Esto haciendo referencia a los empujones e insultos por su orientación sexual, que habría recibido el parlamentario de la DC el lunes por parte de Soto, cuando iba camino al ex Congreso Nacional.

Elizalde dijo que el Gobierno condena "desde el primer momento esta agresión, que ha sido protagonizada por la misma persona que participó de un incidente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, y que tuvo que ser expulsado por el presidente de Renovación Nacional (Cristián Monckeberg)".

"En ese marco se ha resuelto presentar esta querella, porque debemos preservar el respeto irrestricto a la diversidad en un país democrático para que se apliquen las sanciones que corresponden", puntualizó el ministro.

Consultado por el detalle de la medida, el vocero no dio más datos y dijo que será el Ministerio Público el que especificará esa información, pero explicó que "la Ley Zamudio no tipifica conductas pero sí establece ciertas circunstancias agravantes".

Previo al anuncio de Elizalde, los parlamentarios de la bancada DC presentaron una denuncia en la Fiscalía Centro Norte en contra de Javier Soto, por las supuestas agresiones contra Arriagada.

Los diputados falangistas además interpusieron una querella apoyándose en la ley Zamudio, que fue recibida por el fiscal Ernesto Vásquez, el mismo que llevó la investigación por el asesinato del joven cuyo caso inspiró la ley.

Arriagada afirmó que lo que vivió el lunes fue "un episodio fuerte, violento, y hoy estamos poniendo la correspondiente diligencia judicial para que esto no quede impune".

El parlamentario agregó que Soto "en ningún momento me golpeó, pero me retuvo para obligarme a escuchar todo lo que señala. Él tiene una obsesión con las orgías porque me preguntaba en cuántas había participado en los últimos días en medio de citas bíblicas y también lo hace con otras personas".

Arriagada llegó acompañado por los diputados DC, Matías Walker, Fuad Chahín, Sergio Espejo y Jaime Pilowsky, y los representantes del Movilh, Óscar Rementería y Rolando Jiménez.

Un supuesto avistamiento de un tiburón de unos 20 metros encendió las alertas en las playas de Zapallar, en la Región de Valparaíso. Sin embargo, la imagen, que fue subida a las redes sociales por un usuario, causando la alarma, era antigua.

Pese a esto, tres playas del sector costero de la región fueron cerradas por precaución ante el temor que causó la foto que comenzó a ser viralizada en internet.

La medida fue informada por el alcalde de Zapallar, Nicolás Cox, quien dijo en entrevista con 24 horas que no tenía información fidedigna sobre la supuesta captura del tiburón, que era lo que mostraba la imagen.

"Tomamos una medida precautoria de solicitar a los bañistas que hasta Sernapesca y la Autoridad Marítima, la Capitanía de Puerto, no tomen una medida definitiva, nosotros vamos a cerrar las playas de Las Cujas, Cachagua y Zapallar, esto está en concordancia con la Capitanía de Quintero que ha enviado personal por tierra, aire y mar", explicó el edil.

Sin embargo, poco tiempo después Sernapesca confirmó que la imagen no correspondía con la realidad y que se trataba de una foto antigua.

"Usuario que subió la foto de Tiburón en Cachagua confirma que es antigua. Rogamos difundir y no generar más alarma", publicaron en la cuenta oficial del organismo estatal.

Debido a la alerta que despertó el falso avistamiento, el teniente de la Capitanía de Puerto de Quintero, Felipe Rodríguez Muñoz, explicó al sitio web Soy Valparaíso, que se desplegaron "medios aéreos y marítimos para chequear esto" y que por prevención se estaba impidiendo que la gente ingresara al agua.