Documentos que confirman la existencia de al menos cuatro contratos de operaciones "forwards" en las que tuvo participación la empresa inmobiliaria Duero, entre cuyos representantes aparecen José Luis y Macarena Délano Méndez, hijos del controlador de Penta Carlos Alberto Délano, figuran en poder del fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo.

La Fiscalía indaga los denominados contratos "forward", porque mediante ese tipo de instrumentos se podrían simular pérdidas con las que se podría rebajar la carga tributaria de Penta. Además, permitirían obtener recursos para el pago de bonos a altos ejecutivos del grupo.

Los contratos, que habrían sido firmados entre 2009 y 2013, consideran pérdidas por casi $ 300 millones a la firma de los hermanos Délano.

Según publicó La Segunda, esos contratos fueron entregados por el abogado Alberto Aguilera, representante de los hijos de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano, quien será formalizado en marzo por fraude tributario.

De acuerdo a la versión de La Segunda, uno de los contratos que obran en poder del fiscal Gajardo tendría como contraparte a la firma CB Consultorías y Proyectos. Esa empresa es propiedad de Manuel Cruzat, empresario que el martes declaró ante la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad como imputado por operaciones "forwards" realizadas con empresas Penta.

declaraciones

La PDI tomará declaraciones a 19 personas que emitieron boletas de honorarios superiores a $ 1 millón a la empresa SQM en julio de 2009. Como consignó La Tercera, la diligencia busca establecer si esas boletas corresponden a labores concretas realizadas a la minera.

En la lista figura un hijo del diputado (DC) Roberto León, además de la ex jefa de gabinete del senador socialista Fulvio Rossi. En la nómina también figuran el ex embajador de Chile en la República Checa, el democratacristiano Marcelo Rozas, su esposa Michelle Raymond, y el hijo de ambos, Daniel Rozas. La denominada "arista SQM" se vincula a la querella del SII contra el ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada.

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que no habrá cambios en la postura de La Moneda ante la investigación del caso Penta, pese a que hayan aparecido antecedentes que vincularían a personeros de la Nueva Mayoría en la investigación de la "arista SQM". "Hemos planteado la necesidad de que esta investigación se lleve adelante sin interferencias políticas y sin prejuicios", comentó el ministro.

Con dos sorpresivos allanamientos a la seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins y al Ministerio de Vivienda, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, dio comienzo a la investigación del denominado caso Caval. El investigador procura aclarar las circunstancias de la compra de terrenos en Machalí de la firma en la cual la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, es dueña en 50%.

Funcionarios del OS-9 de Carabineros llegaron ayer a las oficinas de la seremi de Vivienda de O'Higgins para recopilar evidencias sobre la operación, a través de computadores y documentos de análisis para establecer la factibilidad de concretar el cambio de plan regulador de los terrenos.

La entidad, a través de un comunicado, expresó que "se facilitó toda la documentación y los antecedentes solicitados por el Fiscal Regional de O'Higgins. La seremi (S) Natalia Sánchez reiteró la voluntad de colaborar en las diferentes fases de la investigación".

Mientras, la incautación realizada en el Ministerio de Vivienda, en Santiago, buscaría "unir" posibles antecedentes del caso. Una de las pesquisas en la secretaría de Estado fue la incautación del disco de almacenamiento de la red en el ministerio sectorial.

La investigación se inició luego de una denuncia de parlamentarios de RN, que solicitaron que se indague si en la compra de terrenos habría negociación incompatible y violación de secreto, ya que según los legisladores, la empresa Caval habría tenido conocimiento de que cambiaría el plan regulador.

El vocero de la fiscalía, Octavio Rocco, confirmó el operativo y afirmó que se realizó para recabar "todos los antecedentes que nos parezcan útiles". En la indagación, añadió Rocco, "no se descarta ninguna línea investigativa".

"Tenemos que esclarecer los hechos, entonces toda información que podamos tener nos van dando un nivel de certeza para que podamos tomar una decisión correcta", afirmó.

El vocero de la Fiscalía agregó que el equipo investigativo desarrollará diversas diligencias, "pero nosotros también tenemos que mantener una cuota de reserva y secreto de nuestro proceder".

"Queremos levantar la mayor cantidad de antecedentes para llevar la teoría correcta: documentos, cds, todo aquello que aporte a la investigación que permita esclarecer qué fue lo que sucedió", agregó.

la investigación

La investigación se inició luego de que parlamentarios de Renovación Nacional interpusieran una denuncia para que se investigue si en la compra de terrenos de Caval habría negociación incompatible y violación de secreto. Para los parlamentarios opositores, la firma ligada a la nuera de la Presidenta Bachelet habría tenido conocimiento de que cambiaría el plan regulador.

El fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, encabeza el equipo de Alta Prioridad de esa repartición que busca aclarar las circunstancias en que se realizó la operación comercial de compra de terrenos en Machalí de Caval.

La firma pidió un crédito por $ 6.500 millones al Banco de Chile para comprar tres terrenos en esa localidad, que luego fueron vendidos en $ 9.500 millones. Caval pertenece en 50% a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon. Este hecho, sumado a que el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, estuvo presente en la reunión con Andrónico Luksic en que se solicitó el crédito bancario, hizo que los parlamentarios de RN presentaran el requerimiento.

Según publicó ayer El Mercurio, el seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins, Wilfredo Valdés, fue quien en 2013 realizó la tasación de los terrenos adquiridos por Caval, mientras se desempañaba en la empresa Madrid, Peña y Compañía, que prestó ese servicio al Banco Santander.

Valdés dijo que "el informe lo realicé en base a información disponible" y que nunca tuvo relación con Caval.

En respuesta a las declaraciones del ministro Elizalde sobre que los requerimientos judiciales de la oposición en el caso Caval solo tienen un fin político, el diputado de la UDI Gustavo Hasbún afirmó que "el ministro Elizalde es parte de esa cultura de la corrupción que ellos siempre han avalado". "Ellos han transformado el Gobierno en una actividad comercial", agregó. Para Hasbún, "no nos vamos a inhibir de ejercer nuestro rol fiscalizador porque el ministro secretario general de Gobierno hace una descalificación. Eso es no tener argumentos".

Mauricio Mondaca