La Corte de Apelaciones de Santiago verá hoy los recursos presentados por la defensa de los propietarios y ejecutivos del grupo Penta, que están en prisión preventiva por delitos tributarios, soborno y cohecho. La Cuarta Sala del tribunal de alzada será la que resuelva los escritos interpuestos por los abogados de los controladores del conglomerado, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que piden cambiar la prisión por otras cautelares. El 7 de marzo se decretó la prisión preventiva para seis de un total de 10 imputados en esta arista del caso Penta.

El cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dijo que "no le parece una sanción" la decisión de la congregación Sagrados Corazones de enviar a Argentina al cura Gerardo Joannon, acusado de participar en proceso de adopciones irregulares ocurridas en la década de los 80 y que fueron acreditadas en la investigación eclesiástica que llevó adelante el canonista salesiano David Albornoz.

En opinión de Ezzati, esto "en primer lugar no me parece una sanción. Los Sagrados Corazones son una provincia que implica la presencia de los religiosos en Chile y también en Argentina, y por consiguiente el superior provincial tiene todo el derecho y el deber de enviar, de acuerdo a las necesidades pastorales de la comunidad, a sus miembros en las diferentes partes en donde la congregación está presente".

Consultado nuevamente sobre si la medida correspondía a una sanción por las adopciones irregulares, el arzobispo señaló que a él no le correspondía emitir juicio. "Eso tiene que decirlo el provincial, yo solo me remito a lo que es el envío de un hermano religioso que está sujeto a la obediencia y puede ser enviado a tareas diferentes", indicó Ezzati. Joannon deberá dejar Chile el 28 de este mes para radicarse en una casa de la orden ubicada cerca de Buenos Aires.

La Presidenta Michelle Bachelet entró ayer en la controversia generada por los precios de los textos escolares en el mercado, llamando a los colegios municipales y particulares subvencionados a usar los libros entregados por el Ministerio de Educación y defendiendo la calidad de éstos.

En medio del inicio del año escolar, la Mandataria aseguró que para este periodo su administración realizó "un enorme esfuerzo" para comprar 17 millones de textos, los que fueron repartidos de forma gratuita. Sin embargo, existen establecimientos que rechazan estos libros y piden otros similares a los padres y apoderados.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que "no hay ninguna razón para que los colegios estén pidiendo libros o útiles escolares, salvo que no lo hayan recibido". Por ello, hizo un llamado a que "la familia defienda sus derechos, además la ley les permite perfectamente rechazar esa obligación. Tiene que ser voluntario".

Bachelet sostuvo que los textos que entrega el Gobierno son "de gran calidad y contribuyen a que la familia ahorre dinero en meses que son muy difíciles".

El titular de Educación complementó que "según los mejores expertos, los textos escolares del Ministerio son tan buenos como el mejor", y anunció una fiscalización a partir del próximo año sobre el material que se exige a los estudiantes en sus colegios. "Me voy a preocupar personalmente de que todos estos temas de la famosa bomba de marzo, los uniformes, los textos escolares, los útiles, el que tengan que llevar hasta estos aspectos de limpieza e higiene, eso no puede ser".

"Eso lo vamos a fiscalizar este otro año con particular ahínco, así que los padres defiendan sus derechos. Los textos escolares son gratuitos y la mayoría de las veces los útiles escolares también llegan gratuitamente, tenemos que avanzar en el futuro hacia los uniformes", agregó.

Las declaraciones del Gobierno llegan luego que la Feria Chilena del Libro decidiera no vender textos escolares en sus sucursales, argumentando que éstos "son cada vez más caros, sin ninguna razón concreta" y que "existe un alto índice de piratería".

"Creemos en la entrega gratuita de los textos en todos los colegios de Chile; no estamos de acuerdo con las condiciones comerciales por la venta de estos textos. Esto surge también porque muchos establecimientos, a pesar de contar con los textos proporcionados por el Estado, exigen otros libros para poder realizar sus clases, lo que significa un gasto extra para los apoderados", sostuvo la librería en un folleto entregado a sus clientes.

Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, María José Hoffmann y Romilio Gutiérrez, ingresaron un proyecto de resolución a través del cual solicitaron al Gobierno rebajar el impuesto que grava a los libros de estudio. "Nuestro objetivo es que los ministerios de Educación y Hacienda incluyan dentro de las políticas tributarias una rebaja al impuesto de estos textos, a fin de generar una ayuda concreta y real al bolsillo de miles de familias chilenas que incurren en cuantiosos gastos por este concepto", explicó Hoffmann.

La ministra de Minería, Aurora Williams, pidió a la empresa SQM que actúe "con transparencia" y entregue la información contable que solicitó por el Ministerio Público, en la investigación por una de las aristas del caso Penta. "La situación de Soquimich, donde una parte del directorio está dispuesto a entregar información y el otro no, lo mejor es entregar toda la información y que se investigue todo lo que el SII pueda requerir", dijo Williams. La secretaria de Estado agregó que la transparencia "es fundamental" ya que inversores extranjeros observan el mercado.

Un grupo transversal de senadores de Gobierno y oposición entregó ayer un set de propuestas sobre probidad y transparencia a la Presidenta Michelle Bachelet. Entre las medidas destacan otorgar suma urgencia a los proyectos de reforma constitucional o de ley que se tramitan en el Congreso; consagrar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Constitución; establecer la rendición de cuenta del Congreso Nacional, y de los parlamentarios y asegurar el cabal conocimiento del patrimonio e intereses de las autoridades, además de endurecer las penas para el cohecho y el soborno, entre otras.

Las medidas serán derivadas al consejo asesor presidencial que trabaja en la materia.

El presidente del Senado, (DC) Patricio Walker, junto a sus pares (PS) Isabel Allende, (PPD) Felipe Harboe, (UDI) Hernán Larraín y el RN Alberto Espina entregaron el documento a la Jefa de Gobierno ayer en La Moneda.

Luego de la cita, los parlamentarios comentaron que le pidieron a la Mandataria otorgar urgencia a los proyectos de ley que ya están en el Congreso y que apuntan a estas materias.

"Le hemos pedido urgencia para varios proyectos de ley y suma urgencia a algunos que están radicados en la Comisión de Gobierno, por ejemplo, el que probidad en la función pública que aumenta la declaración de intereses y patrimonios para autoridades que hoy no tenían esa obligación y también proyectos que apuntan a aumentar las penas por los delitos", dijo el presidente del Senado, Patricio Walker.

"Hoy, por ejemplo, los delitos de cohecho y soborno tienen penas de cárcel hasta tres años y un robo con violencia tiene penas entre cinco y veinte años. Tenemos que endurecer las penas para los delitos de cuello y corbata, tienen que tener sanciones ejemplificadoras", indicó. La senadora Allende agregó que hay que fortalecer la institucionalidad democrática.

críticas de rector

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, rechazó la actuación de los ex estudiantes de ingeniería comercial de la UC, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Hugo Bravo, quienes están en prisión preventiva y formalizados en la investigación del Caso Penta.