Tanto va el cántaro al agua que al fin se revienta, versa el dicho popular. Y a 28 días de que la Presidenta Michelle Bachelet reestructurara su gabinete con las emblemática salida del ex titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, la frase vuelve a cobrar sentido. Ahora sería el ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, quien abandonó La Moneda. Las millonarias asesorías prestadas por el hasta ayer, integrante del gabinete, a empresas mineras mientras era diputado y presidente de la comisión de Minería, terminaron por convertirse en una bomba de tiempo, que explosionó la tarde de ayer cuando fue el propio Insunza quien hacía pública su renuncia. El análisis político, no obstante, debe ir más allá de un simple problema de descoordinación que vuelve a repetirse entre los asesores de la mandataria, que lejos de alejar la damnificada figura de Bachelet del cuestionamiento de la opinión pública han vuelto implicarla como un actor, hasta ahora indirecto, de los casos de falta a la probidad que ya todos conocemos. La crítica también debe centrarse en si los rostros de "recambio" que han aparecido tras el cambio de gabinete han verdaderamente resguardado la figura e imagen de Bachelet. Es menester ver estos últimos hechos en retrospectiva y recordar que hasta hace algunos días fue el propio ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien defendía la actuación de Insunza y aseguraba que su designación como ministro no estaba en entredicho ya que la Presidenta habría estado al tanto de las cuestionadas asesorías que el ex parlamentario prestó a mineras. Hoy, sin embargo, nos dicen que la mandataria desconocía estos antecedentes. Por qué no creer esta versión. Es lógico pensar que tras el bochornoso episodio Peñailillo, Bachelet lo que menos hubiera querido es repetirse el plato con una situación que raya en lo similar. ¿Falta de manejo político o experiencia?. Al parecer no es extraño creer que algo de esto hay en cada uno de los traspiés que han dado las figuras de recambio de La Moneda, que a la luz de los últimos hechos lejos de tranquilizar las aguas de La Moneda, solo han acrecentado la tormenta.

Uno de los hechos político relevante los últimos días es el plazo que el Gobierno impuso a Carabineros, para que determine los responsables del hecho que afectó a un estudiante en Valparaíso, en una de las movilizaciones cercanas al 21 de Mayo. Esto fue una mala señal que aun cuando fue revertida por la autoridad, sienta un precedente. En primer lugar, no corresponde al Ministerio del Interior imponer un plazo perentorio a la institución policial, en circunstancias que el hecho está siendo objeto de sumarios internos y de la investigación de la Fiscalía. No es, por tanto, la autoridad institucional la que definirá a un responsable, sino el resultado de las investigaciones. Luego, la obligación de todo gobierno es facilitar la labor de la policía y vigilar que se ejecuten las medidas administrativas y los procedimientos penales, si corresponden, contra funcionarios que comentan actos abusivos o reñidos con la ley. Carabineros ha dado reiteradas muestras de cumplir eficazmente con lo anterior, procediendo a las bajas institucionales correspondientes. Si bien las posteriores declaraciones del Ministro del Interior revirtieron en parte el efecto negativo que generó el "ultimátum", el Gobierno suma una nueva mala señal, emplazando públicamente a Carabineros, mientras da muestras de cierta condescendencia con los grupos que incitan a la violencia en las marchas, en el movimiento estudiantil y en La Araucanía. Por el contrario, el Gobierno debiese retomar la agenda de protección de Carabineros, una de las instituciones más valoradas del país según todos los estudios de opinión pública, la que fue paralizada en marzo del año pasado. La autoridad tiene hoy la oportunidad de reimpulsar iniciativas como el Control Preventivo de Identidad, la Ley Antiencapuchados y Estatuto de Protección de las Policías, las que formaban parte de la agenda del Gobierno anterior, con lo esto quizás se den las señales correctas a la ciudadanía que es que se protege a las víctimas y a quienes velan por su seguridad y no por quienes promueven la violencia y abusan de la mano blanda mostrada por en esta materia. Para los ciudadanos la sensación de temor se traduce en inquietud permanente por su seguridad y la de su familia y lamentablemente el gobierno no ha priorizado la agenda de seguridad.

Frank Sauerbaum