En los años 90 se diagnosticó la crisis y se recomendó intervenciones al sistema de salud y hospitales públicos, desde reformar su modelo de gestión a transformarlos en empresas públicas. El mundo político, por razones ideológicas y temor a los gremios, no abordó integralmente los cambios, ya que la reforma del 2005 introdujo una serie de cambios insuficientes y mal implementados.

Todos los gobiernos incluyendo el de Piñera, han atacado síntomas y no problemas. Se han duplicado los recursos financieros, capacitando más de mil altos directivos, formado especialistas, construyendo hospitales, cambiado mecanismos de asignación financiera, introducido tímidos incentivos al desempeño y creado la subsecretaría de redes asistenciales. Fracasamos como país, baja la productividad, crecen las colas, faltan especialistas, aumenta el ausentismo laboral (8%), mayor insatisfacción usuaria y la deuda hospitalaria llega a MM$150.000.

Esta crisis se agravará si no enfrentamos:

1.- Cambiar el modelo de atención y evitar que la gente enferme con políticas de salud pública eficaces que ataquen las causas que provocan enfermos por hipertensión, cardíacos, metabólicos, obesos, diabéticos, cánceres prevenibles y accidentes y violencias, y controlando los enfermos para evitar descompensaciones que al final aumentan demandas de servicios que llenan los hospitales.

2.- Estructurar un modelo de gobernanza en que "el dueño", representado por el Estado controle la eficiencia y calidad de la gestión, con objetivos e indicadores de resultados en "beneficio de la gente". Los administradores deben comprometer "contratos de gestión" con "directorios empoderados, profesionales y representativos", y responder por el resultado de su gestión; los directorios de los hospitales deben negociar "mayores presupuestos" ligados a volúmenes de actividad, eficiencia, niveles de endeudamiento, listas de espera AUGE y no AUGE, calidad y niveles de satisfacción de la población.

3.- Profesionalizar la alta dirección de los hospitales, a través de la alta dirección pública, eligiendo directivos por competencias, empoderándolos para terminar con la captura de los gremios de los hospitales. Cada gobierno cambia a más del 50% de los directores de hospitales nombrados en el gobierno anterior.

4.- Cambiar los modelos de financiamiento, incorporando marcos de incentivos que logran altos índices de productividad y calidad en los servicios que entregan. Priorizar inversiones en tecnologías costo-efectivas e invertir en hospitales asegurando previamente los especialistas.

5.- Redefinir un pacto laboral con los trabajadores y profesionales de los hospitales, que mejoren las rentas y hacerlas competitivas con el sector privado, vinculándolas a la eficiencia, calidad y satisfacción de los usuarios.

Héctor Sánchez,

La nueva Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional, recientemente promulgada, viene a reforzar la actual ley de violencia en los estadios y constituye un denodado esfuerzo por parte del ejecutivo para que los espectáculos deportivos del fútbol vuelvan a tener el carácter familiar -y no delictual- que tuvieron en el pasado.

Así como ya ha ocurrido con otras legislaciones, como la Ley Emilia o de Tolerancia Cero, la mayor rigidez con que la autoridad pasa a sancionar las diversas vulneraciones a la norma auguran un mejor cumplimiento de la misma. En este caso concreto, la nueva ley duplica los períodos de prohibición de ingreso a los estadios para quienes cometan delitos, incorpora nuevas sanciones por discriminación o xenofobia y aumenta las exigencias para los organizadores de este tipo de espectáculos deportivos. Como ejemplo, los organizadores estarán obligados a mantener accesos diferenciados para las familias, los niños y los discapacitados.

Lo novedoso de esta legislación, es que establece de manera clara y concreta un Estatuto de Derechos y Deberes de los hinchas que asisten a los estadios y a la vez se preocupa de resguardar no solamente lo que ocurra durante el espectáculo mismo, sino también los aspectos conexos del mismo, como lo que ocurra en los entrenamientos, celebraciones, desplazamientos de los hinchas.

De esta manera, la nueva Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional enfatiza el aspecto preventivo de esta actividad y apela a resguardar con mayores facultades a los espectadores, al público que acude cada fin de semana atraído por este deporte.

Entre los aspectos más críticos de la ley, aparece el que nuevamente se carga a los juzgados de Policía Local la obligación de hacer cumplir las infracciones más comunes a la norma, sin considerar la multiplicidad de funciones que hoy en día ven estos tribunales. Tampoco se plantea de qué manera se resguardarán los entrenamientos o desplazamientos, lo que lógicamente entrega una presión extra a Carabineros. Aún así, las atribuciones entregadas al Intendente Regional para suspender un evento deportivo cuando no se cumplan las condiciones mínimas, sin duda que traerá más tranquilidad a las familias y todo dependerá de qué criterio aplique la autoridad en cada caso. Finalmente, el llamado a cada hincha en esta Copa América es a dar el ejemplo y dejar en buen pie a nuestro país anfitrión.