Existe consenso transversal en que la democracia es el mejor sistema de Gobierno conocido hasta nuestros días, con una soberanía popular que define, construye y proyecta el devenir de la nación. Hay un elemento central de ese modelo que todos aplauden: la participación. Lo vemos en las marchas, redes sociales y en el entorno más próximo a la realidad de cada individuo. Todos quieren expresar sus opiniones, sentimientos y frustraciones. Pero en muchos casos la apatía y el silencio son también manifestaciones recurrentes.

La Presidenta de la República es la persona que está mandatada por la ciudadanía para liderar los procesos sociales, propiciando mayores niveles de participación en la ciudadanía y cautelando la viabilidad de nuestras instituciones democráticas.

Sin embargo hoy nos encontramos con un escenario distinto. Lo que podríamos denominar como "la falacia de la participación". Un Gobierno que enaltece la participación en su discurso, pero que no la fomenta. Que promete apertura a los diferentes sectores, pero que no escucha. Que gobierna con sus partidos políticos, pero que no los hace participar. El ejemplo más notorio fue su pecado original: haber confundido la adhesión electoral con la adhesión programática. Porque nunca hubo participación ni menos discusión; sólo la imposición de una agenda reformista, que según el Gobierno, "ya había sido avalada en las urnas".

La reforma educacional y los cambios en materia laboral son dos ejemplos vivos de la premisa que planteamos. La primera, con un marcado acento tecnócrata, no convence a un grupo clave de la reforma: los profesores. Porque el Gobierno descansa en la creencia que sólo los grupos colegiados son los legítimos, dejando al margen de la participación a la mayoría de los docentes que no se sienten representados ni en sus opiniones ni en sus intereses.

En el ámbito laboral, la cuestión es similar. Los interlocutores son los grandes empresarios y la CUT, como si la gran base social representada por la clase media no contribuyera al emprendimiento en la pequeña y mediana empresa y, por consiguiente, a la generación de trabajo permanente.

Pero si hay algo que termina por ratificar nuestra hipótesis, es la paradojal relación entre el actual Gobierno y sus propios aliados. La nula participación de los partidos políticos en las designaciones ministeriales o la frialdad para traspasar responsabilidades a ex colaboradores como el ministro Peñailillo, demuestran que la participación ha sido sólo una construcción ideológica.

Es de esperar que este Gobierno pase del monólogo a la integración, de la unilateralidad a la participación, de la soberbia al reconocimiento genuino de sus errores. A la comprensión de que el aporte de todos es clave para un mejor bienestar social.

Gustavo Sanhueza Dueñas

La Cámara de la Construcción (CChC) en Chillán ha iniciado un proceso interno de constitución de una Comisión de Urbanismo, que buscar ser un apoyo para los 21 municipios de la provincia de Ñuble en materia de planificación de sus distintos proyectos de desarrollo. Se trata de una iniciativa que permitiría a los municipios más pequeños contar con un respaldo técnico importante a la hora de evaluar proyectos para su crecimiento urbanístico.

De acuerdo a como lo ha definido la propia institución, la Comisión de Urbanismo centra su atención en instrumentos de planificación que definen el ordenamiento y proyección de las comunas. Un segundo ente, el Consejo de Políticas Públicas, permitirá abordar los grandes proyectos que inciden en el progreso de la zona con una visión de futuro, dando un seguimiento y análisis continuo a las iniciativas locales.

En este contexto, la cámara ha estado desde el primer minuto atenta al desarrollo de los Planes Reguladores Comunales, instrumento esencial para que el crecimiento de las ciudades ocurra de manera orgánica. Así también, en el caso de la comuna de Pinto, que debe trabajar en la actualización de su Plan Seccional (instrumento definido por ley y que fija en detalle los trazados y ancho de las calles, zonificación detallada, áreas de construcción obligatoria y terrenos afectados por expropiaciones) que involucra a la zona de las Termas de Chillán, y por lo tanto al Corredor Bioceánico de los Nevados de Chillán protegido por la Unesco, esta entidad puede constituir un verdadero aporte técnico desde el mundo privado para congeniar la protección de la naturaleza con el desarrollo inmobiliario que se proyecta en el sector.

Por su parte, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), una instancia que la propia cámara mantiene a nivel nacional, se plantea dentro de sus objetivos garantizar la planificación y el desarrollo de proyectos integrales. Resulta vital este tipo de organizaciones en el contexto de la creación de la futura Región del Ñuble, la que requerirá por cierto la confección de una estrategia de desarrollo a largo plazo, que dé sustento y consolide al futuro territorio con el desarrollo de sus potencialidades. Dicha planificación, que hoy se ve como urgente, requerirá del concierto masivo de actores regionales y sobre todo con conocimientos técnicos.