En las últimas semanas la educación católica ha estado en los titulares de la prensa escrita de Chillán, y en los demás medios de comunicación. El nuevo panorama que nos presentan las exigencias que nos impone la Ley de Inclusión 20.845, ha sido una oportunidad valiosa para constatar la adhesión y cariño que suscitan los proyectos educativos de colegios que apuntan a la formación integral de las personas, con una dimensión trascendente hacia Dios y los valores del Reino, predicado por Jesús.La Iglesia diocesana de Chillán, desde sus inicios, ofrece un aporte significativo en la educación formal e informal de niños y jóvenes, con ocho colegios Diocesanos dirigidos por Fundaciones Educacionales Canónicas presentes en distintos lugares de la provincia, la mayoría de los cuales están insertos en sectores de especial vulnerabilidad. El Colegio San Vicente, Técnico Padre Hurtado, Seminario Padre Alberto Hurtado, Colegio parroquial San José, Teresa de Los Andes de Bulnes, Ntra. Sra. del Carmen y la Escuela Inmaculado Corazón de María de Portezuelo, y el Colegio San Agustín de Quirihue, sumando todos ellos una matrícula que bordea los 6 mil alumnos, hacen un importante aporte a las familias de la provincia de Ñuble. De la forma más responsable posible, los directorios de las fundaciones educacionales asumieron la tarea de evaluar cuidadosamente las alternativas y, junto al sentir de la Iglesia Diocesana, después de un proceso amplio de escucha han decidido asumir en todos sus colegios el "camino hacia la gratuidad", lo que significa mantener el esquema actual con subvención compartida con congelamiento-disminución del copago y aumento de la subvención estatal. Hay que decir que, desde sus orígenes, cuatro colegios diocesanos ya son gratuitos y que los colegios que se encuentran en la modalidad de subvencionados con financiamiento compartido, tendrán que hacer una transición progresiva hacia la gratuidad total que, en algunos colegios, tomará entre 17 y 24 años.La misión de educar evangelizando y evangelizar educando, en el nuevo contexto que nos da la Ley de Inclusión, se proyecta con esperanza en un esfuerzo que requiere el trabajo de toda la comunidad educativa, velando porque el Proyecto Educativo Católico sea conservado y desarrollado con amor y fidelidad. Es lo que esperan las familias que confían en la Iglesia y su gestión educativa.

Carlos Pellegrin Barrera

Lo había adelantado cuando a principios de mayo presentó denuncias en el Ministerio Público de Chillán, y finalmente ayer cumplió lo anunciado. El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, está empeñado en poner fin a la proliferación de casinos populares en la comuna y por ello ingresó al tribunal de garantía local tres querellas dirigidas con nombre y apellido contra dueños de "casinos populares" que operan en el perímetro céntrico de la ciudad. Y la estrategia cambio. Si las prohibiciones de funcionamiento estipuladas en ordenanzas municipales, o el argumento de que estos recintos mantienen máquinas de azar y no de destreza, no fueron suficiente para poner término al negocio, ahora la casa edilicia busca apelar al delito de rotura de sellos municipales en que incurrieron algunos de estos locales, tras la bullada clausura de abril pasado. Y la estrategia, al parecer, podría tener mejores resultados, ya que los casos están siendo investigados por el Ministerio Público, que entiende que el delito aparece desde el momento en que con la rotura de sellos el local cuestionado comienza a seguir ejerciendo una actividad económica, pese a estar obligatoriamente impedida para hacerlo. Es decir, ahora se apela a un incumplimiento de la normativa y no en el infructuoso debate de si las máquinas que operan en los casinos populares eran o no de azar. Un paso más que da el municipio, es que de declararse admisibles las querellas, se harán parte de la causa que investiga la fiscalía, pudiendo pedir diligencias, pericias y siendo parte interviniente de una eventual formalización y proceso judicial que se inicia ante él o los responsables. De esta forma, da la impresión que, esta vez, los cuestionados recintos tendrían sus días contados y las decisiones que adoptaría la fiscalía sería cuestión de semanas. Paralelamente el debate sobre si las cuestionadas máquinas de los casinos son de habilidad o de azar continuará.