Corfo rechaza propuesta de conciliación de SQM por Salar de Atacama
disputa. La entidad dijo que seguirá con el juicio "conforme al procedimiento establecido para dichos efectos".
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) comunicó ayer de manera formal al árbitro Héctor Humeres, que media en el conflicto por el arriendo de 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, su decisión de no aceptar la propuesta de conciliación de SQM por considerarla "inconveniente".
La disputa que enfrenta a SQM y Corfo dice relación con la posibilidad, esgrimida por la estatal, de dar término anticipado al contrato de arrendamiento que tiene con SQM en el Salar Atacama, además del pago de las rentas de arrendamiento supuestamente adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 a la fecha del inicio del juicio, y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del mismo.
A la jornada estaban citadas las partes para pronunciarse sobre las bases de una eventual conciliación. Por SQM asistieron los abogado Nicolás Luco y José María Eyzaguirre, mientras que por Corfo lo hicieron el fiscal Pablo Lagos, el asesor del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Rodrigo Azócar (presidente de Metro); el subgerente legal, Eliana Muñoz y los abogados externos Ignacio Vargas y Joaquín Morales.
En la audiencia, que se llevó a cabo en dependencias del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), Corfo informó que su decisión de no aceptar la propuesta fue aprobada por la unanimidad de su consejo que, "tras haberla estudiado, consideró que era inconveniente".
seguirá con el juicio
Según un comunicado de esa entidad, "habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos".
En la década del 90, Corfo arrendó a SQM 28.054 pertenencias mineras hasta diciembre de 2030. Por ese contrato, SQM debía pagar US$ 15 mil al año y una cifra variable de 1,8% sobre las ventas de litio y de cloruro de potasio.
En 2012 la Corfo sometió ese contrato a un análisis y concluyó que SQM presuntamente había pagado US$ 2 millones menos .
Luego de una negociación inicial, el organismo recurrió a un arbitraje y acusó un supuesto mal cálculo de las rentas, aunque descartó desahuciar el contrato.
Sin embargo, la nueva administración de Corfo pidió el término anticipado del contrato, el pago de indemnizaciones y daño moral y la restitución de las pertenencias, además del pago de US$ 8,9 millones por diferencias de renta.