La puesta en marcha de 50 cambios reglamentarios, que le otorgarán más transparencia y probidad al sistema de adquisiciones públicas, es el trabajo que por estos días afina la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza. Las modificaciones apuntan a ámbitos como la prevención de conflictos de interés, consultorías estratégicas y mejoras en los plazos de pagos a proveedores con un especial énfasis en las micro y pequeñas empresas (mypes), cuya participación en esta plataforma se busca aumentar.

La idea, según Inostroza, es eliminar gradualmente barreras de entrada y otorgar mayores facilidades. En lo concreto, desde el 10 de agosto se echarán a andar normas como la posibilidad que dos empresas pequeñas puedan unirse temporalmente para participar de licitaciones de mayor envergadura o modificaciones a los montos de las garantías, herramientas que, según la directora, ya están en proceso de adecuaciones reglamentarias y de capacitación.

- Las empresas de menor tamaño presentan un muy buen porcentaje de participación en el sistema de compras públicas. Sin embargo, creemos que existen aún ciertas deficiencias del sistema que podrían mejorarse, de manera de permitir aumentar y mejorar la participación del segmento. Nosotros tenemos mesas de trabajo permanentes con representantes de los gremios mypes y pymes, y ellos nos manifestaron algunas necesidades de mejoras.

- Principalmente a temas de pago por parte de los organismos públicos. Los plazos son un tema muy relevante, como también financiamiento y barreras de entrada, que a veces, en cierto tipo de licitaciones, no permiten la participación de empresas de menor tamaño, ya que se les exige una mayor capacidad financiera, con lo que no pueden responder. Recogiendo estas sugerencias, que también vienen de parte de los compradores públicos, se están implementando una serie de medidas que apuntan también a bajar esas barreras de entrada y eliminar desigualdades en el sistema, que pueden limitar o impedir la participación de las pymes. Su entrada en vigencia es el 10 de agosto.

- La garantía se identificó como barrera de entrada. Y habían varias inquietudes. Por ejemplo, que los organismos públicos requerían solo un tipo de garantía, cuando en el mercado existen otros tipos de garantía con menor costo para la empresa. Y eso impedía participar. Una modificación es que ahora los organismos públicos no podrán restringir el tipo de instrumento de garantía, los que deberán ser aceptados. Con esto permitimos que los participantes elijan instrumentos financieros que signifiquen una menor carga.

- En la presentación a los procesos, en las licitaciones de sobre 1.000 UTM se exigía una garantía de seriedad de la oferta, lo que implica una restricción por lo menos a oferentes que están participando con esperanzas en varios procesos licitatorios, lo que hace que esas garantías le signifiquen mucho capital detenido. Ya no será obligatorio pedir garantía de seriedad de la oferta sobre las 1.000 UTM, sino que lo elevamos a 2.000 UTM.

- Se requiere la bajada de todas estas acciones, dictación de guías y capacitación a los compradores públicos. Tenemos varias mesas de trabajo que están elaborando estos temas, como por ejemplo la unión temporal de proveedores. Esto permitirá que dos empresas de menor tamaño se puedan unir y postular a una licitación de mayor envergadura, a la que probablemente solas no podrían acudir. Y esto ha sido muy bienvenido por las empresas y proveedores, pero requiere modificaciones al sistema de nuestra plataforma y una serie de guías. Y aquí hay varios organismos colaborando.

- Hay temas de gestión, pero es un cambio relevante que pase a ser una regla de pago el hacerlo a 30 días, aunque ya habían reglamentos presidenciales que apuntaban a esto. Pasa a ser un requisito y condición mínima de las bases de licitación. Y esto, desde la perspectiva del organismo público va a ser obligatorio y vinculante, cuyo incumplimiento daría lugar a sanciones. Pero también es un tema de transparencia, pues los proveedores sabrán la fecha en que se les va a pagar y podrán hacer un seguimiento de ese pago. Al sistema se van a incorporar las fechas de pago, lo que hará que se pueda hacer gestión de esa información.

- Con el reglamento tendremos mejor información. Hoy la obtenemos de otras fuentes y no podemos garantizar quién es el mejor o peor pagador. Pero por sectores, el Gobierno Central tiene muy buenos plazos de pagos, con nueve días, y cada vez los está reduciendo. Quien tiene mayores reclamos es el sector salud,, que supera los 30 días. De parte de los municipios no tenemos información en profundidad. Respecto de los reclamos por pagos, aproximadamente el 70% proviene del sector municipal. Ahí tenemos un trabajo que estamos haciendo y estamos convocando a la Asociación Chilena de Municipalidades.

- Las micro y pequeñas empresas tienen altas tasas de participación en el sistema en zonas como las regiones de Atacama, Maule y Los Ríos, donde superan el 60%. El desafío es aumentar en aquellas regiones como la Metropolitana, que exhibe 34,5% de participación de mype, bajo el 44% de promedio nacional. Nuestro desafío es que estas medidas se implementen a través de los organismos públicos a la hora de hacer las licitaciones públicas y aumentar la participación de estas empresas, porque en las distintas regiones son un tejido productivo enorme con mucho que ofrecer a los organismos públicos.

2.078 compradores públicos capacitados en el tema del Reglamento hasta la fecha.

8 jornadas de capacitación realizadas a la fecha en Santiago.

10 jornadas de capacitación en regiones realizadas a la fecha en Valparaíso, Antofagasta, Rancagua, Arica, Iquique, Talca, Concepción, La Serena, Puerto Montt y Punta Arenas.

15 jornadas de capacitación programadas en RM (incluye 4 capacitaciones sólo para abogados, 1 capacitación para directores de centro y 10 capacitaciones abiertas para compradores).

14 jornadas de capacitación programadas en regiones.

Mauricio Mondaca L.

30.000

ChileCompra partió con 30 mil proveedores y ya lleva más de 120 mil, y anualmente van aumentando.

7.000

nuevas empresas empezaron en 2015 a hacer negocios con el Estado, que tiene 850 organismos transando.