Molestos están los vecinos de Quillón luego de que el concejo municipal decidiera votar en contra del proyecto que buscaba contratar un coordinador para hacerse cargo de la seguridad ciudadana en la comuna.

De los 6 concejales solo dos votaron a favor, Gabriel Navarrete y Marcelo Bustos, mientras que los demás se opusieron a la iniciativa.

"Los cuatro concejales votaron en contra de una idea que quería paliar el tema de los robos y la delincuencia que ha afectado la comuna este último tiempo, es una lástima", manifestó Luis Ravanal, dirigente de Quillón.

El alcalde Alberto Gyhra aseguró que con esta decisión solo se retrasa un proceso necesario que beneficiaría a toda la comunidad quillonina.

"Todo esto era para tener un coordinador de seguridad ciudadana, tema que beneficiaba a toda la ciudad por la alta tasa de delincuencia que existe en este momento aquí", dijo Gyhra, y agregó: "Yo había logrado reunir los inicios, ya habíamos tenido reuniones con Carabineros, con Bomberos, con distintas instituciones, para establecer el concejo de seguridad ciudadana, pero tenía que pedirle autorización al concejo para contratar a una persona para que coordinara todo esto con dedicación exclusiva al tema. Bueno, se votó y cuatro de ellos votaron en contra, solo hubo dos a favor, y no se pudo realizar", dijo.

El edil aseguró que la iniciativa solo tenía como fin buscar el beneficio para la población y que los concejales no dieron argumentos sobre su voto negativo sobre el tema.

"Tuvimos que postergar y retrasar todos los proyectos que teníamos. Ellos le están haciendo un terrible daño a la ciudad, nosotros habíamos asistido a todas las reuniones de seguridad citadas por José Miguel Ortiz, que está a cargo de la seguridad a nivel regional, y con esto teníamos interés de presentar un proyecto de fondo, pero en este minuto está todo retrasado", declaró el alcalde.

Contraparte

Miguel Peña fue uno de los cuatro concejales que votó en contra de esta elección de coordinador para el plan de seguridad ciudadana de Quillón.

El edil argumentó que en ningún caso el tema es en contra del proyecto, sino más bien en la poca seriedad con la que se han hecho las cosas.

"El argumento principal para el voto negativo fue la falta de algún documento con un curriculum de la persona que se eligió como coordinador, no sabíamos si tenía alguna base, algún conocimiento, si estuvo en la PDI o en Carabineros, ni siquiera sabíamos en qué trabajó esta persona anteriormente", dijo Peña.

El edil agregó que "el concejo de ninguna manera va a querer que no se implemente el tema de seguridad ciudadana en la comuna", pero que se requieren al menos unas especificaciones mínimas para poder votar correctamente.

"Si no hay un informe técnico, no hay ningún antecedente, sino que se nos impone una persona como un hecho, eso no corresponde y por eso fue el voto en contra", argumentó el edil.

Guido Crino, primer vicepresidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), afirma que esa entidad "no propicia este cambio" (a particular pagado), "porque hay un número importante de padres y apoderados que no podrían hacerle frente". Según el directivo, "tenemos muchísimos colegios con copago alto y esta es una alternativa que se está barajando. Pero esta alternativa implicaría que los apoderados asuman un costo de escolaridad de $ 60.000 o $ 70.000 mayor a lo que ya están pagando", lo que haría que el copago mínimo sería de $ 120.000.

"No es una decisión fácil para los apoderados comprometerse a un pago de este tipo, sobre todo para familias con dos o tres hijos en un colegio", afirmó.

"Estamos pidiendo como recomendación a los colegios que hagan sacrificios para evitar el cambio. La idea es buscar otras formas de financiamiento, por ejemplo, a través de la figura de las donaciones, que subsiste en la ley", añadió.

Hernán Herrera, presidente de los Colegios Particulares de Chile (Conacep), dijo que parte de la desinformación que existiría sobre el proyecto provendría de un grupo de abogados que asesora al Mineduc. "El Mineduc capacitó a un grupo de abogados que está en todas las regiones, y que cuando se enfrentan a nuestros dirigentes regionales no son capaces de explicar la ley porque no la conocen", aseguró.

Sobre el desconocimiento de los reglamentos relativos a la aplicación de la ley, comentó que "necesitamos que lo antes posible se ponga en conocimiento de todos los incumbentes estos reglamentos".