El cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz negó ayer haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, ex párroco de El Bosque acusado de abusos sexuales, como afirma la defensa de varias víctimas del sacerdote.

La acusación nace de dos cartas enviadas por Errázuriz. La primera, al vicario Diego Ossa, en que lo critica por la forma en que llevó el pago a un acusador de Karadima y sugiere que quede establecido que fue "una obra de misericordia, y no una medida para acallar a un denunciante". En la otra, enviada a Karadima, le indica cómo presentar su renuncia para que sus feligreses sepan que se retira porque cumplió 75 años y no por las denuncias de abuso.

Según Errázuriz, arzobispo de Santiago entre 1998 y 2010 y quien desde 2003 recibió denuncias de abusos sexuales por parte de Karadima, se trata de la "interpretación arbitraria" de dos cartas.

"Puede tener la seguridad, eso sí, de que jamás he encubierto al padre Karadima", dijo Errázuriz ayer a La Segunda desde México.

El cardenal emérito inició las indagaciones después de que las denuncias contra Karadima aparecieron en un reportaje de TVN en 2010. A comienzos de 2011, El Vaticano encontró a Karadima culpable de varios abusos sexuales y lo condenó a una vida de "oración y penitencia".

Errázuriz, que ha sido apuntado como presunto encubridor en otros casos de abusos sexuales, fue integrado por el Papa Francisco a un comité que le propondrá reformas a la curia romana.

Posible encubrimiento

Juan Pablo Hermosilla, defensor de tres de las víctimas de Karadima, dijo ayer a radio ADN que dos cartas publicadas por The Clinic, atribuidas al cardenal, "permiten indicar claramente que hubo una dirección de parte de autoridades de la Iglesia a personas para lograr coordinar actos de encubrimiento".

En un comunicado, el Arzobispado de Santiago dijo ayer que "ninguno de los antecedentes aportados por los demandantes es prueba de encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima y creemos que así se concluirá en el juicio ante el ministro Señor Muñoz".

En el texto, el Arzobispado realizó un "reconocimiento" a los querellantes.

Mauricio Mondaca

El ex Presidente Sebastián Piñera hizo ayer un duro diagnóstico de la gestión del Gobierno, y argumentó que luego del mea culpa del ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, "lo único consecuente es retirar las reformas que han producido tanto daño".

En su intervención en el encuentro "¿Y ahora qué...? Urgencias y perspectivas de América Latina", dirigido por el escritor y ex ministro Roberto Ampuero en la Universidad Finis Terrae, el ex Mandatario aseguró que "nunca tan pocos han dañado a tantos en tan poco tiempo.

"Cuando uno ve al ministro secretario general de la Presidencia afirmar en forma tan categórica que han hecho las cosas mal, que las reformas no fueron bien diseñadas, que no tenían capacidad de implementarlas y que además el ministro secretario general de Gobierno dice que esto interpreta el pensamiento de la Presidenta, entonces uno se pregunta qué esta pasando en La Moneda", dijo Piñera.

Para el ex Mandatario, "lo único consecuente después de esas dos afirmaciones es retirar las reformas que han producido tanto daño y que están tan mal diseñadas e implementadas y corregir estos 18 meses de malos resultados".

A juicio de Piñera, "el Gobierno de la Nueva Mayoría leyó mal el diagnóstico, creyó que la ciudadanía en lugar de estar pidiendo perfeccionamientos al modelo, quería desmantelarlo con una retroexcavadora y partir prácticamente de cero, abandonando un modelo que nos había permitido tanto éxitos y logros durante los últimos 30 años".

El ex Jefe de Estado añadió que sobre este mal diagnóstico y "esta mala ideología" el Ejecutivo implementó las reformas tributaria, educacional y laboral, y reiteró sus críticas a estas iniciativas.

"cambios drásticos"

"Esto requiere cambios muy drásticos. No basta con aplicar gradualmente las mismas reformas que han producido estos malos resultados y que son rechazados por la ciudadanía, hay que corregirlas drásticamente", agregó.

Respuesta de burgos

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Burgos, rechazó las palabras del ex Presidente Piñera, las que calificó de "mal gusto".

"Creo que el Presidente Piñera sigue teniendo como libro de cabecera 'Citas citables'. Entonces, le acomoda aquella cita preciosa de Winston Churchill: 'Nunca tantos debieron tanto a tan pocos'. Mal gusto la cita", comentó Burgos.

¿Alguna pregunta más importante que ser comentarista del ex Presidente?", agregó.

El Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) presentó ayer un documento con una propuesta propia frente a la reforma a la educación superior. En el texto, los planteles proponen fortalecer las instituciones regionales, estrechar los vínculos con el Estado y definir el mecanismo de la gratuidad, que según la entidad debe ser financiada con impuestos proporcionales.

Los planteles plantean que debería ser financiada "contra rentas generales", y que "quienes más reciben debieran aportar solidariamente más por la vía impositiva".

El rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH, Ennio Vivaldi, afirmó que la gratuidad "es una cuestión de principios. En todas partes, la opción de lo público es significativamente menor que el gasto que significa ir a una institución privada, el único lugar donde eso no ocurre es Chile".

El rector recalcó que el financiamiento "no puede ser que sea a cargo del bolsillo de los estudiantes. No podemos permitir que sea por la vía del endeudamiento personal o del desembolso de dineros familiares lo que permita que una persona ingrese a la universidad pública".

Entre las propuestas, los planteles del conglomerado piden modificar cada una de las leyes que limitan el accionar de las universidades del Estado, asistencia y asesoría a instituciones que pierdan acreditación o disminuyan significativamente el periodo de acreditación y homologar el sistema de créditos transferibles entre las instituciones de la red, para fortalecer la movilidades de estudiantes entras instituciones.

Otras iniciativas del documento entregado por el CUECH apuntan a flexibilizar el control de la Contraloría General de la República eximiéndolas de la toma de razón, sin perjuicio de la fiscalización posterior.