Ingrid Acuña Caballero

De las 120 hectáreas que el gobierno de Sebastián Piñera anunció en el 2012, para la construcción de la cárcel provincial, hoy estas se reducen a cerca de 40, para la edificación del nuevo centro penitenciario.

Si bien aún se mantiene la necesidad imperiosa de sacar el penal del centro de la ciudad, hoy el resto del proyecto cambió radicalmente, ya que lo proyectado en materia carcelaria para nuestra provincia difiere en términos de montos, infraestructura y la cantidad de internos que albergarán.

"Nosotros denominamos a ese proyecto modelo de educación y trabajo, en que efectivamente la población penal que iba a estar ahí pudiera acceder a una capacitación laboral efectiva y que le permitiera una vez que egresaran del sistema penitenciario trabajar y llevar una vida de esa manera o también que puedan completar sus estudios básicos y medios, porque nos parece importante que la población penal de Chile, que debe oscilar entre los 55 mil y 65 mil personas, no tengan sus estudios regulares completos de manera que hay un espacio que hay que avanzar", sostuvo el exseremi de Justicia, Roberto Coloma.

Fue esta semana que desde la subsecretaria de Justicia se informó que el nuevo penal mantuvo la idea presentada durante el gobierno anterior, consistente en albergar a internos de dos provincias: Chillán y Los Ángeles.

Hasta ese punto nada había cambiado salvo que la nueva edificación albergará a mil internos y no los 2.400 que tenía proyectado en el Centro de Educación y Trabajo Penitenciario, nombre que el gobierno de la Alianza le puso al nuevo penal. Con esto, se rebajó en un 42% la cantidad de reos que ingresarán, punto que a juicio de las autoridades es nefasto.

"Hay una realidad que es muy clara y es que las cárceles chilenas no rehabilita, sino que además la cárcel chilena es una verdadera escuela del delito, donde la persona que ingresa al sistema penitenciario sale mucho más peligrosa, de manera que si el gobierno quiere practicar el modelo vigente, lo único que va a lograr es reproducir una situación que hoy afecta directamente las políticas de seguridad pública", concluyó Coloma.

Un punto que también cambió fue que se contemplan para la nueva cárcel, módulos de reclusión independientes que permiten la segmentación de la población penal, de acuerdo a su clasificación y niveles de compromiso delictual y peligrosidad, tales como bajo, mediano o alto, pero que en el 2012 solo incluía una población penal de baja peligrosidad.

Nuevos montos

La nueva estimación de cuánto costará cada hectárea del nuevo predio, se realizó en base a los costos de mercado. "En general en este tipo de proyectos, por hectáreas más o menos, van de los 5 a $7 millones (…), incluso podría llegar a los $10 millones", comentó Jorge Cáceres, seremi de Justicia, quien aseguró que a esos valores se le puede aplicar un porcentaje adicional.

Detalle no mayor, es que el nuevo proyecto tiene una inversión total de $50.000 millones (estimados), monto que en el gobierno de Piñera alcanzó a los 120 millones de dólares, donde la mantención del penal sería de 11 mil millones de pesos anuales.

"Como presidente del gremio y vicepresidente de la Anef, para mí todo lo que prometió el gobierno de Piñera es solo un tema de publicidad política, porque cada gobierno de turno, si uno hace una proyección hacia 20 años atrás, en el segundo año de su gobierno prometió una cárcel nueva, yo creo que me voy a jubilar y esa cárcel no va a estar hecha, no es una promesa seria la propuesta que entregó el Presidente Piñera", confirmó Cristian Montecinos, presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios.

Solo en términos de la cantidad de metros cuadrados que se construirán, hoy se aumentó en un 70% más de terrenos edificados, ya que en el 2012 solo se incluían 10.500 metros cuadrados para el desarrollo de actividades laborales, los que serían divididos en 6 áreas de trabajo de 1.800 metros cuadrados. Hoy lo proyectado es de 35 mil metros cuadrados. Por lo anterior quedará para el debate si fue correcto privilegiar la optimización de los recursos por sobre la cantidad de metros cuadrados que tendrá el futuro recinto.

"No me cabe ninguna duda que lo que se está haciendo es que vamos a tener menos cantidad de reclusos y mejor infraestructura para que exista una verdadera rehabilitación y no tengamos penales, como se tiene otra parte de Chile, donde hay verdaderas escuelas del delito y eso me parece que es un avance importante. Con todo respeto, el gobierno de la Alianza se quedó en puras buenas ideas, tenía una buena idea de la región de Ñuble, buena idea del Punilla, la buena idea de la cárcel, pero nada lo llevó adelante", aseguró el senador del PPD Felipe Harboe.

No a la cárcel

Al igual como la cárcel mantuvo su carácter biprovincial, el rechazo al nuevo recinto, por parte de la población aledaña también persistió, ya que esta vez es la comunidad de San Carlos la que no quiere tener una construcción de estas características.

"Esta no es la cárcel por la cual estamos luchando que era una con reos de nivel de peligrosidad bajo, para que no se confunda. Creo que he hablado con 20 dirigentes de alto nivel, desde el transporte, agricultura, junta de vecinos, adultos mayores y opinan lo mismo, que la cárcel mega no quiere que quede en San Carlos, porque va aumentar el riesgo y peligro que van a vivir acá", recalcó el alcalde Hugo Gebrie.

"Con todo respeto, el gobierno de la Alianza se quedó en puras buenas ideas, tenía una buena idea de la región de Ñuble, buena idea del Punilla, la buena idea de la cárcel, pero nada lo llevó adelante".

Felipe Harboe

Senador del PPD