El proyecto que crea el Sistema de Educación Pública (desmunicipalización de los colegios) contempla la creación de una Dirección Nacional de Educación Pública, órgano centralizado del cual dependerían los colegios; y una red de 67 servicios locales de educación.
Llama la atención que la Presidenta Bachelet, a partir de su discurso durante la ceremonia de firma de la iniciativa, atribuya a una modificación administrativa, que crea una compleja red dependiente del Estado, el efecto de garantizar la calidad de la educación pública. "Estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión. La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerán de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país".
Hasta ahora, la reforma educacional no contempla iniciativas con impacto en la calidad: no hay innovación en el currículum escolar, ni en los métodos de enseñanza, ni en el estándar docente, ni participación de padres y apoderados ni menos de los profesores.
Tampoco hay iniciativas para flexibilizar el margen de acción de los sostenedores (al contrario, se les ha restringido) ni dar mayor autonomía a los directivos. Esos son los factores que la mayoría de los especialistas ha señalado como claves para mejorar la calidad y alcanzar los estándares de la educación privada.
El proyecto que la Presidenta Bachelet firmó esta semana, en cambio, reduce el desafío de mejorar la educación a un cambio de dependencia de los establecimientos educacionales, estatizándolos nuevamente, es que ahora a estos "servicios estatales" ¿se les va a dar todo lo que por años le han negado a los municipios? La respuesta claramente es no, la reforma, hasta ahora, constituye un evidente retroceso, y pasamos de una sociedad docente a un estado docente repitiendo historias de fracasos que ya conoció Chile en otros tiempos.
Frank Sauerbaum, Presidente Regional de Renovación Nacional en el Biobío.