La extensión del fomento forestal que se tramita en el Congreso desde el mes de mayo, vive un escenario extremadamente complejo. Tras su aprobación en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, han surgido críticas de diversas organizaciones, principalmente aquellos que se autodenominan defensores del medio ambiente, pero también de representantes políticos, que repiten sistemáticamente que las plantaciones forestales con especies exóticas son negativas para el desarrollo del país y además culpables de una serie de males sociales y ambientales, representando un modelo extractivista de los recursos naturales del país.
Estos grupos han actualizado convenientemente su discurso para atraer la atención de la ciudadanía, incorporando el financiamiento irregular de la política y una serie de otros temas económicos y culturales; para criticar, con un estilo a ratos muy violento, a las plantaciones forestales; especialmente a través de las redes sociales.
Para desgracia del sector forestal, esta postura ciega a todo razonamiento y evidencia empírica ha influido en personeros de gobierno y al poder legislativo, que aceptan sin cuestionamientos y como doctrina de fe, opiniones sin fundamento sobre la plantación de especies como pino y eucalipto. Lo peor es que, aunque se apruebe esta prórroga, es poco probable que en los próximos tres años veamos cifras de forestación significativas en el país. El impulso forestador se ha perdido en estos tres años sin bonificaciones (2013-2015) y reactivar este ritmo no se logra de la noche a la mañana. Más aún, ya existe un daño y es permanente. Se ha instalado en parte importante de la ciudadanía y también entre autoridades y legisladores, la idea de que plantar es malo o, al menos, plantar especies exóticas con fines productivos. Quizás sea la más dolorosa derrota para el "País forestal" que pretendemos ser.
Esta derrota, sin embargo, es vista como una victoria por estos grupos de presión detractores de las plantaciones. Su aspiración es un nuevo fomento forestal con especies nativas, idea muy atractiva, pero inviable técnicamente en los suelos desnudos y degradados disponibles que en su mayoría pertenecen a pequeños y medianos propietarios. Son ellos y no las grandes empresas, los principales afectados por la ausencia de fomento, ya que sin el subsidio del Estado no pueden plantar.
En un escenario donde se aprecia una polémica irracional y descalificadora, a ratos con violencia argumental, nada bueno puede surgir como política pública forestal. Perderán, como siempre, los miles de pequeños propietarios con escasos recursos, que requieren la ayuda subsidiaria del Estado y que miran desde fuera un debate que no los considera, pero que sí los afecta.
Por Julio Torres, Secretario Ejecutivo
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, CIFAG.