El pasado 3 de noviembre, en la sesión 57ª, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural inició la discusión del proyecto que reforma el Código de aguas vigente desde 1981, luego que esta iniciativa fuera aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos, y que se encuentra ahora con calificación de suma urgencia.
Este proyecto ingresado el 8 de septiembre del año pasado a esta última comisión, con el objetivo de modernizar el marco jurídico y otorgar mayor disponibilidad de agua para los distintos usos, no ha estado exento de debate. La propuesta refunde al actual Código de Aguas, actualizado al 26 de enero del 2010, e incorpora una indicación sustitutiva del Ejecutivo.
El presidente de la Comisión, diputado José Pérez (PRSD), expresó que se tomarán el tiempo necesario para recibir a quienes se encuentren interesados de asistir a la instancia.
"Viajaremos a terreno para reunirnos con personas que quieran saber en qué consiste la iniciativa ", indicó.
Por su parte, el diputado Ramón Barros (UDI) aclaró que existen algunas aprensiones respecto a las rebajas de certeza jurídica de los derechos consultivos y permanentes que ostentan hoy los agricultores.
"Hemos fijado el cronograma a partir del cual van a ser citadas juntas de vigilancia de la sexta y séptima región y otros actores posteriormente para poder analizar en profundidad este proyecto", afirmó.
Y así ha sucedido. A la fecha, la Comisión de Agricultura sesionó en tres oportunidades en las que se reunieron con Patricio Crespo, Presidente de la Junta de Vigilancia de la Sexta Región, Jorge Widmer en representación de los Agricultores de Malleco, Carlos Diez, presidente de los Canalistas del Melado; Máximo Correa, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y Miguel Guzmán, representante de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca. A ellos se agregaron los ministros de Agricultura y Obras Públicas, el Director General de Aguas y el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos.
"Esta modificación es muy importante para la agricultura, pero hay que verla en un contexto más general, desde el conjunto de acciones que el gobierno está impulsando para adecuarnos a lo que tenemos hoy", dijo el ministro Carlos Furche.
Inconstitucional
"El proyecto de ley de reforma al Código de Aguas sigue contradiciéndose con la Constitución, tal como lo hemos venido advirtiendo hace varios meses", advirtió el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martin.
"Cuenta con indicaciones del Ejecutivo que, si bien reconocen el uso, goce y disposición de los derechos de aprovechamiento que existen con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, esto solo se reconoce en conformidad a la ley y no a la Carta Fundamental que los protege expresamente, manteniendo así el gran cuestionamiento Constitucional del proyecto de ley en discusión, ya que permite la extinción de estos derechos por no uso, así como también la caducidad por su no inscripción dentro de los plazos que el proyecto otorga", dijo.
Para Martin esto contraviene en absoluto lo dispuesto por el artículo 19 N°24 incisos 1 y final de la Constitución Política de la República, que otorga propiedad respecto de los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, además del inconveniente de la retroactividad de la norma.
"La caducidad de derechos de aprovechamiento es ilegal actualmente, lo cual ha sido plasmado en fallos y pronunciamientos de la misma administración a través de Contraloría General de la República", puntualizó.
Entregar los lineamientos y la normativa vigente en relación a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en frambuesas a los productores, comercializadores, plantas de proceso, centros de acopio y exportadoras de frambuesas, fue uno de los objetivos de las reuniones que realizaron funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Chillán.
"Hemos realizado tres reuniones con muy buena asistencia, más de 150 personas, dos con productores y una con las empresas exportadoras, centros de acopio y comercializadores de frambuesas. En el primer caso hemos hecho énfasis en los aspectos de buenas prácticas agrícolas y las medidas de seguridad en el uso de plaguicidas, como la protección personal, triple lavado de envases vacíos de plaguicidas y la importancia de la etiqueta del producto", dijo el director regional del SAG, Jaime Peña.
El directivo señaló que desde el año 2002, la entidad cuenta con un Programa de Control Oficial en Frambuesas de Exportación, el que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de potenciar toda la cadena de producción y exportación de esta especie.
A través de la Resolución 3410/2002 se establecieron los requisitos que debe cumplir cada uno de los participantes de la cadena productiva, cuyo fin sea la exportación de frambuesas, garantizando así la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en huertos; Buenas Prácticas de Manufactura a las Plantas procesadoras; requisitos de higiene y trazabilidad.