"El proyecto de ley de reforma al Código de Aguas sigue contradiciéndose con la Constitución"
Felipe Martin, — ExSecretario Ejecutivo de la CNR.
"La votación se hizo con todos los requerimientos y formalidades que la Corte nos pidió en su último fallo"
Javier Ávila, — Consejero Regional.
Duras críticas realizó monseñor Carlos Pellegrin en la visita que realizó al Mercado de Chillán, al gobierno comunal y la dirección de Turismo, que encabeza Raúl Godoy. El objetivo de la visita fue cumplir con un compromiso asumido el pasado 10 de agosto,
en la visita pastoral que el prelado realizó a la parroquia La Merced.
Una lamentable noticia recibieron cientos de trabajadores de la cadena Unimarc, en Chillán, cuando al llegar a sus puestos de trabajo, en los locales ubicados enlas calles Los Puelches y Sargento Aldea, les notificaron que los supermercados no seguirían funcionando, dejando a un número de 66 personas sin su fuente de trabajo.
Las 12.102 matrículas que el año 2013 ostentaba la Educación Técnica Profesional (ETP) en la provincia, bajó en un 14,2% a la fecha. Esta caída, que por años nunca se vio reflejada en cierres de colegios o cursos, esta semana aterrizó con el despido de 50 profesores del colegio Técnico Darío Salas de Chillán.
Según las proyecciones realizadas por la CEPAL al año 2025, Chile contará con 3 millones 364 mil adultos mayores jubilados. Esto representa un incremento de 1 millón 70 mil personas respecto al año 2015, donde se estima que existen 2 millones 294 mil adultos mayores en edad de jubilación (más de 65 años en hombres y 60 años en mujeres). Es decir, el número de personas jubiladas aumentará en casi 47% en 10 años.
Para este millón 70 mil de nuevos jubilados, se tiene que 680 mil personas se encontraban ocupadas antes de jubilarse, es decir, que el mercado deberá ser capaz de cubrir estos puestos en 10 años. En los mismos 10 años, si se revisa el crecimiento de la fuerza de trabajo, se tiene que sólo se incorporarán 237 mil personas mayores de 15 años al mercado laboral, por lo que en el mejor escenario sólo se podrían cubrir el 35% de los puestos vacantes que dejan los adultos mayores que se jubilaron. Esta brecha podría ser cubierta en parte por adultos mayores que, aún jubilados, siguieran participando de la fuerza de trabajo. Si la tasa de creación de empleos para adultos mayores fuera la misma que se dio entre los años 2010 y 2013, donde se generaron en promedio 57 mil empleos anuales para este segmento de edad, en 10 años se tendrían 570 mil empleos, lo que permitiría cubrir el 83,8% de la brecha.
El envejecimiento de la población y el menor crecimiento de la fuerza de trabajo nos impone enormes desafíos como sociedad. ¿Está nuestro sistema de pensiones preparado para el millón 70 mil de nuevos jubilados que tendremos en 10 años más? ¿Nuestro sistema de salud puede responder adecuadamente? ¿Desde dónde provendrán los 2/3 de trabajadores extra que se necesitan para cubrir los puestos de trabajos dejados por los jubilados? Estas son las grandes preguntas de política pública que debemos enfrentar con celeridad.
Cuando el gobierno ha ingresado las indicaciones al proyecto de reforma laboral, vale la pena preguntarse si iniciativas como esta mejoran el acceso de las mujeres u los jóvenes al trabajo, si mejoran las condiciones laborales de los inmigrantes o si incrementan la productividad de los trabajadores y si le daremos una oportunidad y más dignidad a nuestros adultos mayores que tienen una expectativa de vida mayor y se sienten productivos e insertos en una sociedad que más bien les da vuelta la espalda sin considerar su experiencia y el feliz que los hace seguir "sintiéndose útiles".
Frank Sauerbaum, Presidente Regional de Renovación Nacional en el Bio Bío.
La semana recién pasada se gestó una inédita formalización ante el Tribunal de Garantía de Chillán, iniciada por la Fiscalía local del Ministerio Público, en contra de seis empresarios de casinos populares de la ciudad, quienes en una actitud de rebeldía tras la clausura de sus locales por no cumplir la ordenanza municipal que prohibe la operación de máquinas que entreguen premios en dinero, rompieron los sellos y siguieron operando sin la autorización correspondiente.
Si bien la rotura de sello no es un delito que tenga aparejadas altas multas, sí reconocen desde la Fiscalía que una actitud reiterada en el tiempo podría dar pie a una nueva formalización por desacato a la autoridad, la que sí contempla sanciones pecuniarias mayores.
La actitud de estos seis empresarios fue cuestionada inclusive por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), quienes abogan más bien por una regulación que posibilite que esta lucrativa actividad funcione bajo una regulación acorde a la legalidad vigente, dado que la ley de casinos parece no aplicarse específicamente a este tipo de negocios.
Desde el año pasado que el municipio, al entrar en vigencia la nueva ordenanza aprobada para tal respecto, comenzó a clausurar los locales de entretenimientos conocidos como casinos populares, lo cual fue inmediatamente aplaudido por la comunidad, debido al foco de ludopatía que genera esta actividad. No obstante, al poco andar se observó en los empresarios esta actitud de rebeldía de seguir operando sin regulación, lo que obligó a la Dirección Jurídica del municipio a entablar las primeras denuncias en la fiscalía. Según sostienen desde el consistorio, tras esta formalización, existen en carpeta otras ocho situaciones que podrían ser judicializadas en las próximas semanas o meses, sobre todo tomando en cuenta que solo en las cuatro avenidas operan 15 de estos locales.
De esta manera, por la vía judicial, se estaría frenando la sensación de impunidad con que operan algunos casinos "en rebeldía", aunque la solución final al conflicto no está dada por la aplicación de una ordenanza, sino por que el gobierno se decida a establecer una regulación formal de la actividad, ya sea bajo una ampliación de la Ley de Casinos u otra normativa que apunte específicamente a que este tipo de emprendimientos exista, bajo un marco de control para evitar la proliferación de casos de ludopatía u otros ilícitos que a veces se asocian a este negocio.