Cristian Chandía E.

La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, ocurrida hace casi un año en Buenos Aires aún sigue sin resultados concretos. Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza solo horas antes de informar ante el Parlamento detalles de su denuncia contra la entonces Presidenta, Cristina Fernández, por eventualmente encubrir a los autores del ataque en 1994 contra la mutual judía AMIA.

Este caso traspasó fronteras y a nivel sudamericano existe preocupación por las amenazas y agresiones a los que se enfrentan tanto fiscales como abogados asistentes en el ejercicio de sus funciones.

De hecho en marzo pasado representantes de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, entre otros, se reunieron para exponer las realidades de cada país. En dicha reunión se mencionó que las condiciones de seguridad de los fiscales son deficientes. Incluso Mario Carrera, fiscal de Arica y Director de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, señaló públicamente a través del sitio web de su agrupación que "el año pasado, tuvimos que lamentar la renuncia de un fiscal por temor a las amenazas de muerte que había en su contra y también de su familia. Poco tiempo antes de eso, una imputada intentó agredir a una magistrado y amenazó de muerte a una fiscal".

Precisamente hace un mes el entonces electo fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que "la IX Región es donde hay más fiscales con medidas de protección" por amenazas. Incluso en algunos casos se ha debido "relocalizar persecutores". Según datos hecho públicos por medios de prensa nacional a través de Ley de Transparencia, entre 2008 a julio de este año, se contabilizan 103 denuncias por amenazas, de las cuales 11 son de la región del Bío Bío.

Jorge Abbott, fue informado en los últimos días de los avances alcanzados respecto a alternativas legislativas para otorgar mayor protección a los fiscales, iniciativa iniciada tiempo atrás en conjunto con el senador PPD, Felipe Harboe, y los fiscales Raúl Guzmán (fiscalía metropolitana sur) y Julio Contardo (fiscal regional Bío Bío), equipo que fue ratificado por Abbott para continuar con la labor que buscar generar un proyecto de ley que establezca mejores condiciones de seguridad para los fiscales.

"La sociedad carga a los fiscales, y ahora también a los abogados asistentes de fiscal, la persecución de los delitos. Lo que corresponde es que la sociedad les otorgue condiciones de seguridad para que puedan desarrollar de buena forma y sin riesgos su trabajo", dijo el senador Harboe.

Esta idea legislativa propone alternativas tales como el agravamiento de las sanciones a las agresiones sin determinación de resultados, la posibilidad de mejorar el artículo que faculta a los fiscales la petición del Ministerio Público de querellas criminales en caso de agresión y el contemplar tipos penales nuevos, como por ejemplo en caso de amenazas electrónicas.

El fiscal regional, Julio Contardo explicó que este tema ha sido debatido al interior del Consejo Nacional de Fiscales Regionales y "es una problemática donde ha sido más necesario generar iniciativas legislativas y administrativas tendientes a proteger la función que desarrollan los fiscales. Es un motivo de especial preocupación nuestra", apuntó.

Contardo detalló que esta idea legislativa en elaboración busca abordar también materias de tipo previsional, seguros asociados "para eventos que pudieran ocurrir que puedan protegerlos a ellos y sus familias".

Amenazas en la región

Julio Contardo recordó que han existido y existen casos de fiscales que han recibido amenazas en la región. El más conocido fue el que afectó en al fiscal Mario Elgueta cuando en 2008 fue víctima de un ataque por parte de un grupo de encapuchados que dispararon en contra de la caravana de automóviles que se trasladaba hasta la comunidad de Puerto Choque, en Tirúa.

"Hemos tenido amenazas e intento de agresiones en audiencias, pero además situaciones complejas, traslado de fiscales a lugares aislados, nocturnos, que han generado riesgos y precisamente la idea de esta mesa de trabajo conjunta busca generar mecanismos legales para minimizar estas situaciones de riesgos para la labor profesional", argumentó el fiscal regional.

Las materias tratadas en esta mesa de trabajo también apuntan a la creación de un ítem de recursos especial del Ministerio Público que contemple un seguro de vida y de invalidez para aquellos funcionarios que desempeñen funciones de riesgo y sufran accidentes o agresiones.

"Nosotros hemos venido funcionando en esta mesa desde el año pasado y estamos a la espera de las instrucciones del nuevo Fiscal Nacional que conoce de nuestro trabajo y en las reuniones donde informábamos al entonces fiscal Sabas Chahuán", explicó Contardo.

Colegio de abogados

No solo los fiscales corren riesgos en la labor que realizan en tribunales, también los abogados asistentes. A juicio del presidente del Colegio de Abogados de Ñuble, Alejandro Jiménez, es necesario y aplaude la idea de legislar para generar un marco regulatorio que entregue herramientas a la hora de amenazas y agresiones para los profesionales.

"Nosotros como colegio obviamente una de nuestras funciones es brindar protección a aquellos abogados que denuncien algún tipo de agresión o amenaza en su labor, pero en la medida que sean parte de nuestra asociación gremial", dijo Jiménez.

Este dato no es menor ya que según cálculos de Jiménez solo el fiscal Rolando Canahuate de San Carlos es parte del gremio. "Muchos otros fiscales y algunos jueces estuvieron en nuestras filas y luego se salieron", apuntó. Ante cualquier amenaza a los colegiados, el gremio "les prestará todo el apoyo que corresponde, sin perjuicio de las acciones que emprenda el profesional en la justicia. En definitiva si un colega es injustamente agredido o injuriado, nosotros le vamos a dar la protección institucional, pero por otro lado también acogemos el reclamo que hacen los clientes respecto de actuaciones de sus colegas".

La fiscalía de San Carlos cuenta con dos abogados asistentes, la de Quirihue dos; Bulnes y Yungay uno. En Chillán hay ocho fiscales adjuntos.

MIRADA complementaria

El año 2007 se dictó una ley que tipificó una serie de conductas de delitos para aquellas personas que en el ejercicio de las funciones de un fiscal o defensor, le pudiera causar la muerte, lesiones o generar amenazas. Son tres delitos que están contenidos en el Código Penal. De ahí que para el Defensor Regional, Osvaldo Pizarro, esto es "más que suficiente, en cuanto a que son normas de carácter disuasivo para quienes quieran cometer algún tipo de atentado en contra de la integridad física de un fiscal o defensor".

Pizarro explicó que en lo que respecta a los defensores, el porcentaje de casos que ha existido donde un imputado o familiar haya agredido a un defensor o a una defensora es ínfimo.

"Hemos tenido amenazas e intento de agresiones en audiencias, pero además situaciones complejas, como traslado de fiscales a lugares aislados y nocturnos, que han generado riesgos".

Julio Contardo

Fiscal Regional

12 fiscales hay en la provincia y se reparten en Chillán, San Carlos, Quirihue, Bulnes y Yungay. Esta última fiscalía comparte territorio en Ñuble y la provincia de Bío Bío.

6 abogados asistentes de los fiscales se contabilizan en la provincia. Corresponden a San Carlos (2); Quirihue (2); Bulnes (1) y Yungay (1). En Chillán hay ocho fiscales adjuntos.