La comisión que investiga el presunto fraude millonario con los recursos que entrega la Ley Reservada del Cobre al Ejército podría citar al ministro del Interior, Jorge Burgos, quien previo a este cargo fue titular de Defensa.

El presidente de dicha comisión, el diputado Jaime Pilowsky (DC), señaló a Emol que la citación del secretario de Estado aún no tiene fecha.

"Burgos será citado en su oportunidad, pero es algo que se evaluará con el resto de los integrantes de la instancia", indicó el legislador.

"Nosotros vamos a analizar cuáles fueron las medidas adoptadas en detalle citando, lógicamente, al ministro del Interior, él es uno de los próximos invitados. Vamos a avanzar con el comandante en jefe del Ejército y después vamos a invitar a todos los ministros del periodo correspondiente", detalló Pilowski a radio Bío-Bío.

El 6 de enero se realizará una sesión en la que está citado el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. La autoridad militar ya había asistido a esta instancia el miércoles pasado, pero no alcanzó a responder las preguntas de los parlamentarios.

"Tenemos 120 días para investigar, y todas las citaciones serán evaluadas en su debido momento por los integrantes de la comisión", afirmó Pilowsky.

En tanto, el presidente de la Comisión de Minería, diputado Luis Lemus (PS), apuntó al fin de la ley reservada del cobre. "Nosotros pensamos que esta es una carga muy pesada para Codelco, recordemos que es el 10% de las ventas brutas", sostuvo el parlamentario a Bío-Bío.

Antecedentes

La Fiscalía Militar investiga este supuesto desfalco y las eventuales responsabilidades de dos uniformados. El Ministerio Público también realiza su indagatoria, con el fin de determinar posibles participaciones de civiles.

El presunto fraude, que se cometió entre 2010 y 2014 y cuyo perjuicio fiscal alcanza los $ 2.061 millones, ya tiene dos militares procesados: el coronel (R) Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz.

Un dictamen de la Contraloría dictaminó que fiscalizará la utilización de recursos derivados de la Ley Reservada del Cobre por parte de las Fuerzas Armadas. El documento dejó sin efecto otro similar de 2009, que impedía revisar "obras secretas".

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) respondió ayer al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien criticó el "mecanismo distinto" que los alcaldes de esa entidad anunciaron que llevarían a cabo para instalar sus propias farmacias comunales.

El jefe comunal de Colina y presidente de la Amuch, Mario Olavarría, explicó que en el fondo la propuesta es la misma que la de Recoleta, que es llevar los medicamentos a los vecinos a un precio más conveniente, pero que la intención es obtenerlo de manera "reglamentada", ya que se tratan de fondos públicos.

"Las farmacias populares que se sacaron hace poco tiempo en la Municipalidad de Recoleta produjeron mucha expectación, mucha expectativa en la gente. Ante esa realidad, al final muchos alcaldes pedían algo parecido", recalcó Olavarría al canal 24 Horas.

La autoridad comunal indicó que para desarrollar la iniciativa de comercializar medicamentos más baratos realizaron seminarios, entrevistas a expertos y enviaron oficios a las autoridades, además de acudir a reuniones con diversas entidades como el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

"Cuando se compran los medicamentos, uno tiene un poder comprador más grande. Por ejemplo, la Municipalidad de Colina compra un millón de dólares al año en medicamentos para esta canasta con plata del Estado, y resulta que si lo hacemos 65 municipalidades, vamos a obtener precios más baratos", argumentó.

En esa línea y en respuesta a los dichos de Jadue, el edil de Colina afirmó que "esto no lo puede hacer una municipalidad sola. Ni el más encumbrado de los alcaldes puede hacerlo solo. En el caso de Recoleta, él (Jadue) tuvo la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Salud y la Cenabast que lo ha ayudado mucho. Solo no podría hacerlo".

"Lo que queremos hacer es lo mismo, en el sentido de llegar con medicamentos, pero reglamentaria y legalmente, sin ninguna pifia, porque aquí tenemos encima a la Contraloría, tenemos platas públicas y queremos salvaguardar eso. Las ideas, da lo mismo, si son buenas, bienvenidas sean", remarcó Olavarría.

Jadue, impulsor de las llamadas "farmacias populares", criticó el plan de la Amuch señalando que "hay algunos que le tienen tirria a la palabra popular. Esta propuesta viene con letra chica porque solo es para los que están inscritos en el consultorio".

Pamela De Vicenzi

El presidente de la Comisión Caval II, diputado Gabriel Silber (DC), entregó detalles sobre el avance de la investigación y señaló que dicha entidad "era una gran empresa de lobby".

El parlamentario indicó a CNN Chile que los miembros de la instancia ya se encuentran en la parte final de la indagatoria, "que dicho sea de paso ha sido de las más largas", y que esperan entregar un solo informe que se votará el próximo 4 de enero.

"Estamos hoy día en la etapa más informal que tiene que ver con el intercambio de informes y encuestas", señaló Silber, quien encabeza la comisión encargada de profundizar el rol de funcionarios públicos en la compra y venta de terrenos en Machalí y que continúa la labor de la primera comisión.

Rol de dávalos

Consultado por la figura de Sebastián Dávalos en el caso Caval, Silber aseguró que el informe dedicará a abordar "todas las aristas" de la investigación.

"Es un ex funcionario público y en su condición el tratamiento no es igual que cualquier privado, al margen que sea o no pariente de la Presidenta Bachelet, él era el director sociocultural de La Moneda", subrayó el diputado DC.

También se refirió a las declaraciones que prestó Dávalos ante el fiscal Luis Toledo. "Instala en este caso cargos que a mi juicio son mucho más graves que la sola discusión política. Acusa en este caso al entorno de la Presidenta Bachelet de querer generar pruebas para inculparlo", indicó Silber.

"Creo que hubo de alguna manera un abuso de poder en este caso, tal vez no está regulado en nuestro país y yo creo que va a ser de las propuestas que tenemos que hacer en términos que sea un aporte", añadió el presidente de la comisión.

Sobre una eventual figura de delito en cuanto al actuar de Dávalos, Silber remarcó que el veredicto debe provenir del fiscal Toledo.

"Cuando tenemos un fiscal que lleva casi un año investigando este caso, por supuesto que hay hechos que revisten caracteres de delito. En este caso un eventual tráfico de influencias, negociaciones incompatibles pero la última palabra, obviamente, la tiene el fiscal", argumentó.

Finalmente, Silber aseguró que "Caval al final del día era una gran empresa de lobby, más que decir que tenía una expertise del punto de vista inmobiliario respecto a los predios de Machalí porque al día siguiente estaba en el tema minero, al día siguiente estaba en Saydex en el tema hospitalario, vale decir, una suelte de MultiRut".