La policía belga detuvo ayer a dos personas sospechosas de planificar un atentado durante las celebraciones de fin de año en varios lugares "emblemáticos" de Bruselas, donde continúa la alerta por amenaza terrorista en el nivel 3 y el despliegue militar en las calles.

La Fiscalía federal belga informó que logró frustrar un atentado en la capital con una operación en la que hubo un total de seis detenidos, cuatro de ellos liberados, y dos actualmente bajo mandato de arresto, sospechosos de planificar los atentados y cuya identidad no se precisó para no perjudicar a la investigación.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios registros el domingo y lunes en la región de Bruselas y de Lieja, así como en el Brabante Flamenco, a petición de un juez de instrucción de Bruselas especializado en terrorismo.

La policía incautó varios objetos, principalmente material informático, vestimenta de entrenamiento militar y material de propaganda del grupo terrorista Estado Islámico que está bajo examen.

No encontraron, sin embargo, ni armas ni explosivos.

Según los diarios del grupo "Mediahuis", los arrestados tenían como objetivo la propia policía belga, en concreto la Comisaría General cercana a la turística Grand Place, en el centro de Bruselas, sobre la que habrían lanzado "amenazas concretas".

Aunque la Fiscalía no confirmó esta información, el Organo de Coordinación para el Análisis de las Amenazas (OCAM) decidió elevar el nivel de alerta para las comisarías en Bruselas de 2 a 3, hasta el próximo 4 de enero.

En una entrevista al diario "Le Soir", el ministro del Interior belga, Jan Jambon, subrayó que el nivel de alerta 3 de cuatro posibles en el país se mantendrá "el tiempo que sea necesario".

A raíz de los atentados del 13 de noviembre en París, la amenaza terrorista pesa sobre Bélgica, desde donde se organizaron, en parte, los ataques y donde vivía, entre otros sospechosos, uno de los presuntos terroristas más buscados, Salah Abdeslam.

"No descartamos que (Abdeslam) pueda estar en Bélgica", dijo Jambon.

La candidata a la Presidencia peruana Keiko Fujimori anunció ayer que retiró de la lista de postulantes al Congreso por su partido, Fuerza Popular, a varias figuras políticas ligadas estrechamente a su padre, el ex gobernante Alberto Fujimori (1990-2000), quien le había pedido que los incluyera.

Keiko, primera en los sondeos de intención de voto para las elecciones del 10 de abril de 2016, informó en una rueda de prensa que 18 de los 35 congresistas de su bancada no aspirarán a la reelección, tras haber sido evaluados por una comisión interna.

Entre los que no estarán en las listas de Fuerza Popular para los comicios generales del año próximo se encuentran Martha Chávez, Alejandro Aguinaga y Luisa María Cuculiza, tres de los personajes más reconocidos del fujimorismo.

El ex Presidente Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, le había pedido públicamente a su hija hace días que mantuviera a sus seguidores en la pugna electoral.

Tras conocerse el anuncio, la congresista Cuculiza declaró a la emisora RPP Noticias que acepta la medida y descartó postular por alguna otra agrupación, aunque el congresista Renzo Reggiardo, candidato presidencial del partido Perú Patria Segura, la invitó a unirse a sus filas.

"Yo no voy a dejar de ser fujimorista nunca", enfatizó.

Mabel González / Agencias

La justicia argentina puso ayer fin por falta de pruebas al procesamiento del Presidente Mauricio Macri, en una causa en la que estaba imputado por supuestas escuchas ilegales, dictamen que aún puede ser apelado por los querellantes.

El juez federal Sebastián Casanello decidió desistir de los cargos contra el Mandatario, quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre con estatus de procesado.

"Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Mauricio Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal", reza el fallo sobre el caso de espionaje destapado en 2009, publicado ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ).

El caso

La justicia investigaba las supuestas escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (que dejó 85 muertos en 1994), por parte del ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge "Fino" Palacios.

También se investigaba el supuesto espionaje al ex cuñado del Presidente argentino, Néstor Leonardo.

Macri, entonces alcalde de Buenos Aires, había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana.

Los investigadores del caso encontraron información sobre el supuesto espionaje ilegal en computadores incautados en una agencia de seguridad controlada por Palacios.

El ahora Presidente argentino había sido procesado en 2009 por el entonces magistrado encargado del caso, Norberto Oyarbide.

El resto de involucrados, entre ellos el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, fueron enviados a juicio oral el año pasado, pero tras hacerse cargo de la causa, Casanello anuló el cierre de la investigación y pidió medidas de prueba adicionales sobre Macri.

El pasado 30 de noviembre, Casanello dio finalmente por concluida la etapa de recolección de pruebas, poco más de una semana después de la victoria electoral que dio la Presidencia a Mauricio Macri, y el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, se había pronunciado ya a favor del sobreseimiento a principios de diciembre.