El Presidente iraní, Hasan Rohani, consideró ayer que la ruptura de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudita con Teherán no resarce "el gran crimen" que cometieron las autoridades saudíes de haber ejecutado a "un líder religioso", en referencia el clérigo chíí Nimr Baquir al Nimr.

En palabras de Rohani, "Arabia Saudita para encubrir su crimen de haber decapitado a un líder religioso en su país, ha realizado un acto extraño" que llevó a romper sus lazos con Teherán.

Según informó la página web oficial de la Presidencia iraní, durante una visita del ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Kristian Jenseny, Rohani reprochó el motivo de la ejecución de Al Nimr y manifestó que por criticar no se decapita a la gente.

"La respuesta a la crítica no debe ser la decapitación", afirmó Rohani, para quien es normal que este incumplimiento de "los derechos islámicos y humanos suscite la reacción de la opinión publica".

"Esperamos que los países europeos que constantemente reaccionan ante los derechos humanos, esta vez también cumplan sus deberes" y reaccionen ante la ejecución de Arabia Saudita del clérigo chií, añadió.

El Gobierno de Arabia Saudita (suní) rompió el domingo relaciones diplomáticas con Irán (chíí) tras el asalto la noche anterior de la Embajada saudita en Teherán y su consulado de la ciudad de Mashhad, que se produjo como respuesta a la ejecución del clérigo chií el día anterior.

Tras la ruptura de relaciones de Arabia Saudita, Sudán y Baréin también cortaron sus lazos con Irán, y los Emiratos Arabes Unidos los redujeron a nivel de encargado de negocios.

Kuwait, en tanto, llamó ayer a consultas a su embajador en Teherán, también en señal de apoyo a Arabia Saudita.

Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó los ataques a instalaciones diplomáticas en Irán que sufrió el Gobierno saudí, y exigió a Teherán que cumpla con sus obligaciones internacionales para proteger los edificios internacionales que alberga.

Enjugándose las lágrimas de una mejilla durante cierto momento de su discurso, el Presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció ayer su plan para reforzar el control de las armas de fuego en el país, recurriendo a sus poderes presidenciales en vista de que el Congreso se abstuvo de aprobar los cambios legales por los que imploró previamente.

Obama acusó a los defensores de las armas y sus lobbistas de tomar al Congreso como rehén, pero dijo que "no podrán tomar de rehén a EE.UU.". Insistió en que es posible apegarse a la Segunda Enmienda de la Constitución -que garantiza el derecho a poseer y portar armas- y al mismo tiempo hacer algo para abordar los frecuentes tiroteos masivos en EE.UU., que dijo que se han convertido en "la nueva normalidad".

"Esto no es una conspiración para quitarle a todos sus armas", dijo Obama durante la ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. "Si pasas una revisión de antecedentes, podrás comprar un arma de fuego. El problema es que algunos vendedores de armas han operado bajo un conjunto diferente de reglas".

Obama derramó lágrimas al recordar a los 20 niños asesinados en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut. Rindió homenaje a sus padres, algunos presentes en la ceremonia, al decir que ellos nunca se imaginaron que la vida de sus hijos sería acortada por una bala. "Cada vez que pienso en esos niños, me da rabia", dijo el Presidente.

El núcleo del plan de Obama está en extender la definición de distribuidor de armas de fuego, con lo que la administración espera aumentar el número de ventas sujetas a revisión de antecedentes.

Bajo la ley actual, solo los distribuidores de armas de fuego con licencia federal deben revisar los antecedentes de los compradores potenciales, pero en las ferias de armas, sitios web y mercados de pulgas, los vendedores burlan tales requisitos al negarse a registrarse como distribuidores con licencia.

Con el objetivo de reducir ese vacío legal, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) emitirá una guía actualizada que dice que el Gobierno deberá catalogar como distribuidor a todos los que participen "en el negocio" de la venta de armas de fuego, sin importar dónde las venden.

Mabel González / Agencias

La nueva Asamblea Nacional venezolana se instaló ayer con una amplia mayoría opositora por primera vez en 16 años, en una sesión en la que se tomó juramento a la nueva directiva y en la que el oficialismo se retiró de la sala acusando una "violación del reglamento".

Solo 163 de los 167 diputados electos en diciembre pasado tomaron juramento en la ceremonia, al imponerse un reciente fallo judicial que suspendió la proclamación de tres opositores y un oficialista mientras resuelve el fondo de las impugnaciones que presentó el chavismo por supuestas irregularidades en la votación.

La juramentación del nuevo Parlamento puso fin a 16 años en los que el chavismo contó con la mayoría de la Asamblea Nacional, que a partir de ahora tendrá 109 diputados vinculados a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), versus los apenas 54 del oficialismo, sin contar los diputados impugnados.

En el primer acto de la legislatura 2016-2021, el nuevo Parlamento eligió como presidente al veterano dirigente socialdemócrata Henry Ramos Allup, quien será acompañado por los también opositores Enrique Márquez y Simón Calzadilla, como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Durante su juramentación, Allup sostuvo que el nuevo Parlamento está abierto al diálogo con el Ejecutivo, pero señaló que la oposición cumplirá con su promesa electoral de aprobar una "Ley de Amnistía" para liberar a los dirigentes opositores detenidos y lograr un cambio de Gobierno en los próximos seis meses.

"Estamos dispuestos a dialogar en los términos públicos y honorables que debamos discutir, eso sí, sin que cedamos en los propósitos que antes mencioné: recuperar nuestra autonomía como poder, Ley de Amnistia y Reconciliación Nacional y buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses aproximadamente y a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno", reiteró.

Posteriormente, la bancada del chavismo se retiró de la sesión de apertura tras denunciar que la bancada opositora violó el reglamento parlamentario.

El diputado oficialista y ex presidente de la legislatura, Diosdado Cabello, declaró que la decisión de retirarse de la sesión de apertura "no es un capricho", sino una respuesta a la violación del reglamento por parte del nuevo presidente del Parlamento.

Cabello aseguró que el problema radicó en que la bancada opositora decidió hacer un debate parlamentario, cuando lo que correspondía era únicamente una sesión protocolar de apertura de sesiones y la elección de la nueva directiva.

El centro de Caracas amaneció ayer militarizado, tras las órdenes del Presidente Nicolás Maduro para resguardar la jornada, debido a las manifestaciones que habían sido convocadas por el oficialismo y la oposición.

163 de los 167 diputados electos en diciembre tomaron juramento en la ceremonia de ayer.

6 Con su mayoría parlamentaria, la oposición espera lograr un cambio de Gobierno dentro de 6 meses.