Financiera del Congreso
Suma y sigue. Una auditoría externa descubrió que en el interior del Congreso, con platas de todos los chilenos, durante el 2014 se les otorgaron créditos a parlamentarios sin intereses, sin reajustes y pagaderos en 28 cuotas. Con urgencia la justicia debería investigar la situación al día de hoy.
Con esto es de esperar que nunca más digan que no son privilegiados, basta con recordar a todos los chilenos que han perdido todo por pagar deudas asumidas por urgencias a la banca, con sus respectivos intereses y reajustes, lo único que falta es que tengan créditos hipotecarios a largo plazo.
Eso explicaría la obsesión que tienen de perpetuarse en sus cargos para terminar de servir la deuda sin moverse de sus escaños. Reflexión final, ¿elegidos para el servicio público o para servirse de lo público?
Luis Enrique Soler Milla.
Ley de Partidos
La Nueva Mayoría, continuadora de la Concertación -hija "democrática" de Friedmann y Hayek-, profundizadora del actual modelo neoliberal centralizado alejado del "totalitarismo estatista" de la pulverizada por Jaime Guzman Constitución de 1925, sigue al pie de la letra la imposición nacida el 11 de septiembre de 1973 y plasmada en la actual Constitución.
Por ello es absurdo la reacción del MAS y el PRO, socio uno de esta alianza política y coqueto el otro por entrar en ella, a la Ley de Partidos. Puesto que el Senador Navarro, compartiendo y defendiendo gobiernos desde 1994 como diputado hasta la fecha, sea sorprendido por los vicios antidemocráticos del actual sistema político que impide la participación política de las minorías y mantiene el monopolio político en manos del Estado en coaliciones de "mayoría", negando la formación de fuerzas políticas territoriales que brinden amparo y defensa política a comunas, provincias, regiones y zonas en razón a sus potencias federativas, geopolíticas, físicas y de recursos propios de cada zona.
Chile hoy, luego de vencer el "totalitarismo", continúa siendo "totalitario" en manos de los políticos conservadores todos que rigen y dirigen desde el gobierno y parlamento un Estado Unitario Presidencial y Centralizado que todo, absolutamente todo, lo define en Santiago.
Creer que con parches a los actuales estamentos jurídicos, con mayor o menor porcentaje de exigencia para seguir formando partidos políticos estructurados para la continuidad de los añejos vicios, más allá de asegurar sus propias cuotas de poder que al amparo de la no modificación le han significado al Señor Navarro y otros parlamentarios vitalicios embolsar en estos años cifras que median los $1.000 millones en dietas, sea una apertura "democrática" y participativa a la ciudadanía, es de verdad vivir sin conocer la verdadera realidad del Chile de hoy. Donde los Municipios no tienen siquiera la autonomía de definir recorridos de locomoción colectiva o supermercados del retail que se instalan contra normas de alcoholes frente a colegios. Todos los vicios de un Estado sin normas no se solucionan sino es cambiando su formulación total y generando una nueva Norma Constitucional a través de una Asamblea Constituyente, que defina si de verdad Chile pretende seguir siendo de la forma que es o entrega poder federativo real a sus regiones, provincias y comunas para que sean representadas por ciudadanos de sus territorios y no por Cúpulas Partidarias apoltronadas en la capital. Eso se logra ampliando los espacios de participación real mas allá de Partidos Políticos que ya no sirven a la ciudadanía y que solo se generan en base a representaciones ilegitimadas en el actual parlamento.
Enrique Edis Jara Rivera.
Jovino Novoa
Recientemente nos hemos enterado que el Tribunal Supremo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) determinó no realizar ningún reproche o sanción a su militante y ex presidente de la colectividad, Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios a tres años de pena remitida, argumentando en su resolución que él se limitó a actuar de una forma que "hasta ahora fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores".
Al respecto, la señal que envía la UDI es negativa en varios sentidos. Primero porque manifiesta que ni siquiera le llamará la atención a su militante pese a haber aceptado los hechos y haber sido condenado. Segundo porque se escuda en decir que era una práctica generalizada para evitar las responsabilidades tanto personales como institucionales. Por muy generalizada que una práctica sea, el financiamiento irregular de la actividad política es ilegal y debe asumirse como tal. Tercero, porque argumenta que Novoa no buscaba beneficio personal en su actuar, es decir, no lo sanciona porque su delito beneficiaba a todo su partido, no solo a él.
Nuevamente la UDI entrega razones para aumentar el descrédito de la política en nuestro país y muestra una incoherencia entre el relato de querer superar las desconfianzas y su puesta en práctica. Sancionar a su otrora timonel hubiera sido una muestra de rechazo al financiamiento ilegal de la política, lo cual la UDI no pretende hacerse cargo ni enfrentar.
Gonzalo Guajardo Gavilán, Tomás Restrepo Martina.
