Cuando faltan tres semanas para que comience el juicio oral contra la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, por presunto acarreo electoral, la parte querellante patrocinada por el senador Alejandro Navarro, sufrió un traspié en el proceso, luego de que el abogado chillanejo que los representaba, Carlos Astorga, presentara su renuncia al caso, que se extiende desde 2013.

El documento fue conocido por los representantes de los cuatro acusados, Lorena Jardua; su esposo, Ariel Torres; el concejal de San Fabián, Juan Carlos Parada; además de la funcionaria municipal Marcia Ortiz, a quienes tomó por sorpresa la decisión del abogado Astorga.

Consultado por esta situación, Carlos Astorga declinó realizar declaraciones sobre las causas de su decisión; aduciendo que es un asunto que le compete sólo a él y al senador que encabeza el partido del MAS.

No obstante, el mismo senador Navarro señaló estar sorprendido por la medida, considerando que los tomos de la investigación suman seis, para un juicio que -se espera- dure al menos dos semanas, dado que declararán 69 testigos que presentó la fiscal Patricia Suazo, a cargo de la indagatoria.

"Con el abogado (Carlos Astorga) tenemos un relación contractual, pero también hay un problema personal de él, de carácter familiar, por lo que es una situación que aún está por evaluarse", señaló el senador Alejandro Navarro, quien durante la mañana de ayer viajó hasta Concepción para reunirse con él.

Sin embargo, durante la tarde, Astorga escuetamente señaló que la decisión ya está tomada.

Frente a esta situación, el senador por la octava circunscripción Costa, comentó que uno de los abogados con los que trabaja, Guillermo Rioseco, se encontraría en pie de asumir la parte querellante que dejó vacante Astorga.

Sorpresa

El abogado chillanejo que defiende a la alcaldesa Jardua comentó que esta situación lo tomó por sorpresa, dado que su colega no les había dado señales de abandonar el caso.

Además, rescató que "estas cosas ocurren y es frecuente que existan desavenencias entre el cliente y el abogado por motivos económicos o personales".

Asimismo, desestimó que esta renuncia incida en un posible aplazamiento del juicio. "No tiene por qué ser postergado, porque la acusación principal la sostiene el Ministerio Público. Los abogados querellantes se adhieren a la acusación, por lo tanto el juicio se puede hacer con o sin su presencia", explicó Robles, haciendo hincapié en que este caso contrasta cuando se trata de un abogado defensor, "en ese caso es un tema más serio, ya que tiene que ver con el futuro judicial de una persona".

Por otra parte, Robles comentó que su representada, la alcaldesa Jardua, se encuentra actualmente de vacaciones, dado que se inhabilitó una vez que se realizó la preparación de juicio oral, el 9 de diciembre.

"Ella se encuentra muy tranquila, porque como siempre hemos sostenido, ella es inocente", dijo el abogado, quien prevé que el juicio sea uno de los más largos que se haya realizado en la provincia desde que se inició la reforma procesal penal.

Tenencia de arma prohibida, porte de arma blanca, lesiones menos graves y amenazas son los delitos por lo que el Ministerio Público acusó al menor de 15 años, A.D.A.N.B., quien habría acuchillado a otro menor al interior del colegio Darío Salas, en abril de 2015.

Durante el día de ayer, el proceso vivió un nuevo hito, ya que presentada la acusación de la indagatoria que dirige Juan Rohr, en el tribunal de Garantía se realizó la preparación de juicio oral. En la ocasión, compareció el menor acusado por primera vez, en una audiencia que estaba programada para diciembre; sin embargo, en primera instancia no se presentó, por lo que el Juez del tribunal emitió una orden de detención en su contra, la que sólo se gestionó pero no fue ejecutoriada, ya que el menor acudió de manera voluntaria, reprogramándose hasta ayer, cuando llegó acompañado de su madre.

Según comentó el abogado Rodrigo Vera Lama, quien es parte querellante y representante de la familia del menor que fue herido, se adhirieron a la acusación fiscal que solicita tres penas de 61 días por amenazas, lesiones menos graves y porte ilegal de arma blanca. Además, presentarán, de cara al juicio, pruebas periciales de la PDI, además de los testimonios de testigos.

"La pena mayor es por porte de arma hechiza. En ese caso se piden tres años de régimen semi cerrado", dijo el abogado, quien recordó que la agresión se habría propiciado por rencillas anteriores entre el acusado y su representado que fue víctima. Por estos hechos, el agresor fue expulsado del colegio, en tanto su víctima pudo reintegrarse a la semana siguiente al establecimiento.