El síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín presentó ayer un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de que se elimine su nombre de la lista de personas que serán formalizadas en Rancagua el próximo 29 de enero por el caso Caval.

Chawick pretende paralizar la investigación penal porque, según dijo, el delito que se le imputa viola la Constitución, debido a que sería una ley penal que no describe la conducta que se sanciona, en este caso, "ventajas indebidas del síndico".

"Vengo en solicitar al Excelentísimo Tribunal se sirva disponer de manera urgente, la suspensión inmediata del procedimiento ante el Juzgado de Garantía de Rancagua", señala el documento firmado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz y que fue presentado la mañana de ayer.

En el requerimiento, de 24 páginas, Chadwick advierte que si el TC no elimina la audiencia en su contra, "no sólo se me formalizará como autor de un supuesto delito, que se establece y tipifica mediante la aplicación de normas inconstitucionales, sino que además y más grave aún, se me podrán imponer todas las medidas cautelares personales dispuestas en el Código procesal Penal, inclusive, la prisión preventiva".

Con lo anterior, según señala, se vulneraría "de manera evidente y manifiesta mi derecho a la libertad personal y a la seguridad individual".

El fiscal a cargo de la causa, Luis Toledo, anunció en su escrito al Juzgado de Garantía de la capital de O'Higgins que junto al delito de "ventajas indebidas del síndico", Chadwick también será formalizado por "declaraciones de impuestos maliciosamente falsas".

Junto con el síndico, en la audiencia del 29 de enero serán formalizados otro ocho imputados -entre ellos la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon-, además de la sociedad Caval.

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, salió ayer al paso de las críticas surgidas de algunos parlamentarios por el, a su juicio, apuro del Ejecutivo para tramitar ciertos proyectos de ley. Ante ello, el secretario de Estado garantizó que intentarán combinar el despacho de las iniciativas en el menor tiempo posible, con tener "buenas leyes".

"Hemos dicho que el desafío es tener buenas leyes, vamos a intentar combinar el despacho en el menor tiempo posible con tener buenas leyes", manifestó el titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), al referirse a la intensa agenda legislativa que se desarrolla en el Parlamento y que busca despachar siete proyectos prioritarios antes del 31 de enero, entre ellos la ley de probidad y la reforma laboral.

Ley de partidos

La autoridad también abordó el proyecto de ley de partidos políticos y de fortalecimiento de la democracia, afirmando que "hay una urgencia que tiene que ver con que -esperamos y lo hemos conversado con todos los partidos- estas normas estén vigentes para la próxima elección municipal".

"Creo que es lo que la ciudadanía espera, que si hemos tomado conciencia de las irregularidades, de los hechos que se investigan, los cambios tengan lugar en eventos tan importantes como las elecciones municipales", agregó.

Con respecto a las cuotas para mujeres que establece el texto, Díaz señaló que la iniciativa "está en pleno proceso de tramitación legislativa, yo diría muy pronto a ser despachado en el Senado" y "siempre la voluntad del Gobierno es que dispongamos de legislación que favorezca la plena participación de las mujeres en todos los espacios".

El ministro valoró, asimismo, la decisión de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado de sesionar mañana para avanzar en esta iniciativa, resaltando la "disposición" y "voluntad" de la instancia.

Recordó que este proyecto es parte de la Agenda de Probidad y Transparencia y el "sentido de urgencia" en su tramitación "tiene que ver con hacerse eco con la indignación que hay entre los ciudadanos respecto del modo en que ha funcionado la política hasta ahora".

Mabel González

El delito de fraude al Fisco, uno de los cuatro cargos imputados por el Ministerio Público al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca, podría llevar al parlamentario a cumplir una pena de cinco a diez años de cárcel, según afirmó ayer la fiscal de la causa, Ximena Chong.

"Desde el punto de vista de las penas asignadas, el delito más grave es el de fraude al Fisco. El artículo 239 (del Código Penal) sanciona cuando estamos hablando de defraudaciones sobre las 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) con la pena de cinco años y un día a diez años", explicó la persecutora en T13 Radio.

Los otros delitos por los que Orpis está imputado -todos acogidos el jueves por la Corte de Apelaciones de Santiago para desaforarlo- son lavado de activos, delito tributario por boletas ideológicamente falsas y cohecho. Sobre este último, la fiscal detalló que tiene una pena que va desde los 541 días a los tres años de prisión.

"Es decir, el delito que nos eleva las penas de este conjunto de penas es el de fraude al fisco", enfatizó.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público remarcó que para llegar a una probable condena, primero la Corte Suprema debe ratificar la decisión judicial del tribunal de alzada de desaforarlo y luego pasar por una formalización de cargos.

Antes de emitir su fallo, los jueces de la Corte de Apelaciones señalaron que hubo división entre ellos en cuanto a los delitos de cohecho y lavado de activos. Por ello, el abogado del político, Carlos Cortés, anunció que apelará a estos cargos.

Al respecto, Chong dijo que "nosotros creemos que efectivamente se configuran los ilícitos y desde esa perspectiva para nosotros sería un revés si la Corte Suprema decide revocar en este punto la decisión de la Corte de Apelaciones".

La persecutora reiteró su posición de que el legislador era un "emisario" de Corpesca en el Senado y que se guiaba por lo que le pedía la empresa para sus actuaciones en la Ley de Pesca.

En ese sentido también refutó la argumentación de Cortés, quien aseguró que Orpis había actuado en forma independiente "incluso contra los intereses de la empresa".

"La Fiscalía lo que ha sostenido es que Jaime Orpis se erige como emisario y un representante de la empresa en las actuaciones que él ejecuta en el Senado. No es efectivo como señala su defensa que se haya votado en contra de los intereses de la empresa. Pero insistimos en que la Ley de Pesca es solo uno de los aspectos, se discutió en 2012 y el financiamiento viene desde 2009", añadió.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer una querella contra Corpesca por el delito de soborno. La acción tiene relación con la presunta responsabilidad de la empresa pesquera en la comisión del delito, al no haber evitado o prevenido los ilícitos que se le imputan a su ex gerente, Francisco Mujica.