La jueza de garantía Verónica Sepúlveda decretó la ampliación en 24 horas de la detención de los máximos ejecutivos de AC Inversions, el dueño de la firma, Patricio Santos Hernández, su medio hermano Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Dubó Rubiño, luego de que la Fiscalía Oriente solicitara la medida en la audiencia de formalización realizada en el Centro de Justicia, debido a la cantidad de denuncias que se han presentado en todo el país.

A los ex ejecutivos se les imputan los delitos de estafa e infracción a la Ley de Bancos con el agravante de reiterados. La Fiscalía también acusó que los dueños de AC Inversions poseen cuentas bancarias en Suiza, por lo que también se investigará un posible lavado de dinero.

Pese a que la defensa de los formalizados se opuso a la ampliación, la magistrada afirmó que la medida estaba "ampliamente justificada" y aprobó una segunda audiencia de formalización para las 15.30 horas de hoy.

Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cifra de la presunta estafa ascendió a $ 32 mil millones, que corresponden a la inversión de 1.140 personas, de los cuales solo $ 150 millones han sido recuperados.

Posible recuperación

En este sentido, el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, dijo ayer que la recuperación del dinero de las víctimas "no será una tarea sencilla". El persecutor aseguró que el Ministerio Público hará lo necesario para encontrar los montos de las víctimas.

"La Fiscalía va a hacer todos los esfuerzos por recuperar dineros, pero quiero ser cauto con esta situación. Me parece que va a haber dificultades con eso (...) no va a ser una tarea sencilla", afirmó.

Gajardo rechazó los planteamientos de la defensa de los imputados durante la audiencia sobre una posible colaboración con la investigación.

"La principal colaboración que en un delito económico puede prestar un imputado es que diga dónde está el dinero y eso hasta este momento no ha ocurrido. Para nosotros no hay colaboración", comentó.

"razonable y prudente"

El fiscal regional, Manuel Guerra, sostuvo que la ampliación de la detención de los acusados por 24 horas, es "bastante razonable y prudente" y "permite al Ministerio Público hacer una imputación más precisa, clara y contundente".

Los persecutores agregaron que la supuesta estafa se produjo no solo en la Región Metropolitana y que podría haber otro tipo de delitos implicados. "Consideramos que hay delito, que hay más de una figura penal aplicable (...) claramente el propósito aquí no era precisamente el retorno (...) hay indicios de lavados de activos, hay dinero que no ha sido ubicado", agregó.

Finalmente, afirmó que se evaluarán futuras medidas en contra de los acusados. "Creemos que es necesario hacer ciertas diligencias. Si los antecedentes son suficientes para una prisión preventiva, sin duda que lo haremos", explicó.

Retiros de dinero

En su argumentación, el fiscal Gajardo explicó que están indagando una serie de retiros de dinero desde cuentas corrientes que la empresa poseía en al menos tres entidades bancarias de Santiago.

El persecutor agregó que el dueño de AC Inversions habría traspasado uno de sus vehículos de lujo al abogado Mauricio Larraín, que ayer lo defendió en el tribunal y a quien Gajardo calificó de "testaferro".

Gajardo dijo en la audiencia que el empresario mintió a sus clientes ya que nunca habría realizado transacciones en el mercado de divisas local.

Y como un dato para ejemplificar las actuaciones de Santos, agregó que el dueño de AC Inversions incluso habría eliminado de la cuenta de la empresa Forex Chile en el 2013, cuando se habría descubierto que usaba dineros de terceros para invertir, lo que está prohibido en ese mercado.

La defensa

Larraín y la abogada Cecilia Fernández rechazaron los argumentos de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y allegaron documentos de presuntas operaciones de Santos con cuatro empresas de inversión en divisas.

Fernández aseguró que sus defendidos sí hicieron transacciones con los dineros de sus clientes, enfatizando que "están los documentos y todo lo necesario para que la Fiscalía investigue".

"Hemos entregado todos los antecedentes, todas las pruebas y ellos han dado muestras, más que suficientes, de que no se van a ir del país", agregó. Para la abogada, los clientes de la empresa que ahora reclaman sus dineros "sabían dónde se invertían", y recalcó que sus defendidos "van a dar la cara entregando toda la información necesaria".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo ayer que como Gobierno "estamos recién recabando antecedentes" del caso y anunció que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores y Seguros están haciendo sus propias investigaciones.

Sin embargo, llamó a la población a ser responsable con el manejo de sus dineros.

"La ley es muy clara en que solo los bancos pueden captar dineros del público para hacer depósitos y eso creo que todo el mundo lo sabe", acotó. "Si uno ve que le ofrecen 5% de tasa de interés al mes, creo que también es responsabilidad dudar de eso y hacer las averiguaciones", añadió.

Daño a personas

Al Centro de Justicia llegaron ayer varios de los perjudicados por AC Inversions. Entre ellos estaba el abogado Rodrigo Castro Gil, quien dijo a Emol que su esposa y un grupo de amigas invirtieron $ 50 millones. "Ella no me contó nada. Me enteré ayer por televisión", comentó el profesional, quien anunció que pedirá un ministro en visita para que trabaje con mayor dedicación.

Constanza Palacios, trabajadora independiente, dijo que pidió tres préstamos para invertir $ 24 millones en AC Inversions, y que su familia en total derivó $ 500 millones a la firma.

Ante el supuesto perjuicio que habría sufrido un grupo de militares en este caso, y que habrían retirado sus fondos en enero de la empresa, el Ejército dijo a T13 que el hecho "corresponde a un tema de carácter privado de cada integrante de la institución".

"Ellos estaban bien porque han ido con la verdad por delante. No pretenden evadir la justicia".

Cecilia Fernández, Abogada defensora

"En todas partes del mundo pasan este tipo de estafas, pero todos tenemos que tener responsabilidad".

Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda

$ 32.000 millones asciende el fraude, según las cifras actualizadas ayer por el Ministerio Público