Andrés Mass Olate

Vivir en un entorno seguro se ha vuelto una de las mayores preocupaciones de la comunidad. A las tradicionales alarmas y protecciones en algunas zonas desde hace años han optado por cerrar algunas calles y pasajes, con la finalidad de brindarle una mayor seguridad a los menores, evitando de esa manera que los vehículos transiten a alta velocidad, además de no permitir el ingreso de personas extrañas, eventuales autores de robos.

Aunque si bien de acuerdo a sondeos como la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), los delitos como robo y hurto han disminuido, en la población se ha instalado una percepción de inseguridad que según la misma medición llega al 40%, en la capital de Ñuble.

Pero si bien es atendible la necesidad de vivir en un entorno seguro, se debe considerar un aspecto no menor: la pertinencia del cierre, y si éste afecta o no el libre tránsito del resto de las personas.

Es por ello que el 8 de febrero del 2011 entró en vigencia la Ley 20.499 que establece la regulación del cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. La normativa entrega al municipio la facultad, previo acuerdo con el concejo municipal, más los respectivos informes de Carabineros, Bomberos y las unidades de Tránsito y Obras Municipales, para autorizar la instalación de cierres u otras medidas de control como casetas o garitas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos.

Dichas medidas solo podrán implementarse en accesos a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos (por ejemplo, condominios) o rurales con una misma vía de acceso y salida, y además la petición de cierre deberá estar avalada por el 90% de los habitantes del respectivo sector.

Contrarios a la medida

A lo largo de sus períodos como edil, Juan López Cruz ha debido analizar algunas peticiones de cierre hechas por los vecinos, y salvo en casos justificados o que no se ajusten a la normativa, las ha rechazado.

La razón para él es clara, "los vecinos argumentan que es por seguridad, que buscan que no entre gente extraña. Pero en Chile está garantizado el libre tránsito, y eso es lo que se debe salvaguardar, excepto cuando se trate de una calle o pasaje que tenga la misma entrada y salida", puntualizó.

Una postura similar tiene la policía uniformada, institución que estima que el cierre constituye la última medida.

"Lo importante es que se conozcan los vecinos, que se organicen y trabajen en conjunto con las policías, una vez que eso no resulte se puede pensar en cerrar", subrayó Cristián Morales, capitán de la Segunda Comisaría de Chillán.

A juicio del oficial, lo único positivo que tiene el cierre de pasajes es demostrar que la ciudadanía se preocupa por su seguridad, "en muchas ocasiones el tener un lugar cercado permite a los antisociales efectuar varios robos a la vez", explicó Morales.

En relación al informe que de acuerdo a la Ley 20.499 el municipio debe solicitarles al momento de evaluar la pertinencia de un cierre, Morales es enfático. "Si bien las respectivas municipalidades nos solicitan un informe, éste no es vinculante. No obstante, como institución no fomentamos está práctica por cuanto son negativos", sentenció.

Junto con reconocer que el cierre de pasajes encierra cierto grado de seguridad, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, su presidenta Cecilia Henríquez enfatizó que lo importante es buscar la mejor forma para enfrentar la delincuencia.

"Es indudable que una reja es una protección, pero como sociedad debemos ser capaces de buscar la forma de combatir la delincuencia y no tener que pasar encerrados en nuestras casas", sentenció.

Diversos sectores

Previo a la entrada en vigencia de la ley (2011) que norma el cierre de pasajes y calles por razones de seguridad, los habitantes de diversos sectores de Chillán optaron por esta medida.

"Por ejemplo, considerando las villas Doña Francisca I, II, III, más la Santa Josefina (suman 1.894 casas), existen alrededor de 20 pasajes cerrados", detalló Manuel Figueroa, presidente de la junta de vecinos que las agrupa.

Daniel Parra, residente del pasaje Chacay de la villa Doña Francisca III, reconoció que tras el cierre los robos bajaron en el sector.

"Habíamos sufrido robos, pero con el cierre de este y los demás pasajes la delincuencia bajó", sentenció.

Motivados también por el accionar delictual, los habitantes del pasaje 14 de la población Sarita Gajardo optaron por cerrar hace alrededor de cuatro años. "A una vecina le entraron a robar y decidimos poner el portón. Cada uno tiene su llave, y pasadas las 21 horas se cierra", explicó Flor Bello.

Hace cerca de 15 años, los habitantes del pasaje 5 Oriente de la villa Kennedy, luego de reunir el dinero necesario, instalaron un portón y después cerraron la parte del medio, pues servía para que escaparan quienes se metían a robar", recordó Luis Acuña, uno de los impulsores de la medida.

Si bien en un principio la estructura se abría utilizando un control remoto, "las constantes y costosas reparaciones a las que debía ser sometido determinó que se mantuviera abierto, no obstante con la posibilidad de cerrarse con llave cuando sea necesario", destacó Luis Acuña.

Caso emblemático

Por años, la villa Los Castaños (ubicada a un costado del Nelson Oyarzún) mantuvieron cerrados sus accesos. Sin embargo, tras la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio, y al tener entrada y salida, al municipio no le quedó más remedio que abrirlos al tránsito, situación que les ha traído varios inconvenientes a sus vecinos, principalmente debido al alto flujo vehicular que deben enfrentar a diario.

"Ahora sin poder cerrar volvimos nuevamente a estar inseguros ya que cualquiera puede transitar por acá", lamentó María Sandoval.

Uno de los mayores reclamos por parte de los moradores del sector tiene que ver con el compromiso por parte del municipio (tras reunión del 15 de septiembre pasado) de instalar señalética que prohiba el estacionamiento de camiones y taxis, y que el tránsito sería solo hacia el sur por calle Schleyer, entrando a la villa por Pedro Aguirre Cerda.

"Tras la reunión con el ingeniero en tránsito Víctor Mascareño se acordó que para cambiar el sentido se requerían las firmas de todos los vecinos, situación que solo se concretó el 7 de marzo. El tema comenzó de inmediato a tramitarse, o sea, está ya en fase de procedimiento para de esa manera solucionar el problema", precisaron desde el municipio.

"Si bien se contrató una consultora para hacer un estudio más en profundidad, un análisis inicial determinó que en Chillán existen 22 sectores donde la percepción de inseguridad ha aumentado".

Renán Cabezas Coordinador comunal de, Seguridad Pública en Chillán.

"Habíamos sufrido robos, pero con el cierre de éste y los demás pasajes en el sector la delincuencia bajó"

Daniel Parra, Vecino Villa Doña Francisca III.

"A una vecina le entraron a robar y decidimos poner el portón. Cada uno tiene su llave y pasadas las 21 horas se cierra"

Flor Bello Vecina Población Sarita Gajardo.

"Ahora sin poder cerrar, volvimos nuevamente a estar inseguros, ya que cualquiera puede transitar por acá"

María Sandoval, Vecina Villa Los Castaños.

"Lo importante es que se conozcan los vecinos, que se organicen y trabajen en conjunto con las policías"

Cristián Morales Capitán de Carabineros

22 son los sectores En Chillán en los que la percepción de inseguridad ha aumentado, según un análisis preliminar del Consejo de Seguridad Comunal.

$760 millones Es el monto del que dispone el Consejo Comunal de Seguridad, para elaborar en conjunto con distintos actores sociales una estrategia de seguridad.