EE.UU. y China anunciaron que firmarán el pacto global sobre cambio climático alcanzado en diciembre en París el próximo 22 de abril, el primer día que es posible hacerlo, con el objetivo de dar ejemplo a otros países y acelerar su entrada en vigor.

Los dos países más contaminantes del mundo también se comprometieron a tomar medidas para unirse formalmente al acuerdo "lo antes posible este año", según anunció la Casa Blanca poco antes de que el Presidente estadounidense, Barack Obama, se reuniera en Washington con su homólogo chino, Xi Jinping.

El primer pacto universal de lucha contra el cambio climático, alcanzado en la cumbre sobre clima (COP21) en París, no entrará en vigor hasta que lo hayan ratificado al menos 55 países que sumen en total el 55% de las emisiones globales.

"Este compromiso ayudará a movilizar a otros países para que el acuerdo entre en vigor lo antes posible. Creemos que otros países también lo firmarán el mismo día o poco después", dijo el principal asesor de Obama sobre cambio climático, Brian Deese, en una conferencia de prensa telefónica.

El Presidente de Francia, François Hollande, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, instaron en marzo a otros países a participar en la ceremonia oficial de ratificación del pacto climático, que se celebrará el 22 de abril en Nueva York.

En un comunicado conjunto emitido antes de la reunión entre Obama y Xi, los dos mandatarios se comprometieron a "promover la implementación completa del acuerdo de París".

El objetivo de ese pacto es mantener la temperatura media "muy por debajo" de dos grados centígrados respecto de los niveles preindustriales y los países se comprometen a llevar a cabo "todos los esfuerzos necesarios" para que no rebase los 1,5.

EE.UU. se fijó para 2025 recortar sus emisiones entre un 26% y un 28% respecto de los niveles de 2005, mientras que China prometió impedir el crecimiento de sus emisiones contaminantes a partir de 2030.

El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, compareció ayer ante una comisión parlamentaria que analiza si la Presidenta Dilma Rousseff debe responder a un juicio político con fines destituyentes y rechazó las acusaciones.

La oposición acusa a Rousseff de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Barbosa afirmó que todas esas operaciones fueron realizadas dentro del marco legal. Sobre el "maquillaje" de los resultados oficiales, que consistió en omitir deudas con la banca pública de los balances y es el cuerpo central de la denuncia, aceptó que "pudo" haber ocurrido en 2014, el último año del primer mandato de Rousseff.

Pero indicó en que una falta cometida en un mandato anterior no puede esgrimirse como causa para destituir a un gobernante en un periodo posterior.

"En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo", dijo en relación con esas deudas con la banca pública, pero dijo que "en 2015 se cancelaron por completo", con lo cual se limitaron al mandato anterior de Rousseff.

"Considero que no hay base legal" para un proceso contra la Presidenta, declaró.

Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó ayer la decisión de que las investigaciones sobre los presuntos nexos del ex Presidente Lula da Silva con la trama de corrupción en Petrobras permanezcan bajo su tutela y no regresen a manos del juez federal Sérgio Moro.

2018 el año en que la oposición brasileña propuso celebrar un referéndum para cambiar el régimen político.

6 ministros

del PMDB, que se pasó a la oposición, se niegan a dejar sus cargos.

Mabel González / Agencias

El Gobierno argentino del Presidente Mauricio Macri anunció ayer un alza del 100% en las tarifas de tren y autobús del área metropolitana de Buenos Aires, con lo que busca equiparar los precios a los del resto del país y frenar los males que, según dijo, dejó el "populismo" de la administración anterior en ese servicio público.

La tarifa mínima para viajar en autobús será de 6 pesos (unos 40 centavos de dólar), por los 3 que costaba antes, mientras que la máxima será de 7 pesos (47 centavos de dólar), con lo que buscarán ampliar la inversión en infraestructura para los transportes de la zona, donde vive el 40% de la población del país.

El precio del tren también se incrementa luego de la decisión de la cartera de Transportes, acordada tras una negociación con el sindicato mayoritario del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, y la tarifa mínima oscilará entre los 2 y los 4 pesos (14 y los 27 centavos de dólar).

"Hemos hecho un trabajo inédito para afrontar una delicada situación del sistema después de 12 años de inequidades", afirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Este incremento, que entrará en vigor el 8 de abril, es el primero desde junio de 2014, la última alza que acometió el Gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández, tal como recordó el titular de Transporte, quien criticó que la anterior gestión usó el "populismo" para contener las tarifas de este servicio público.

"A ninguno de nosotros nos gusta anunciar aumentos", lamentó Dietrich, al tiempo que informó de la "ampliación" de la tarifa social, que, según explicó, pasará de los 2,3 millones de beneficiarios actuales a un total de 6 millones, que gozarán de una reducción del 55% en el valor del viaje.

Para compensar la extensión de esa tarifa bonificada para jubilados, pensionistas, veteranos de guerra, empleadas domésticas y otros sectores económicamente vulnerables, el Ministerio acordó aumentar en un 20% con respecto al pasado año el valor de los subsidios que reciben los pasajes de transporte.

Dietrich adelantó que en un plazo de dos meses también aumentarán un 50% las tarifas del metro de la ciudad.

Hoy, en tanto, llegarán los incrementos del gas y el agua, según ya anunció previamente el Ejecutivo trasandino.

Tras el anuncio sobre el transporte, el secretario del gremio de camioneros, Pablo Moyano, advirtió que se acabó la "luna de miel" con el Gobierno de Macri. "Se terminó la espera. Los trabajadores estuvimos esperando tres meses que bajen ganancias (impuesto que se descuenta a los salarios de los trabajadores que ganan más de 30 mil pesos, o US$ 2 mil), que baje la inflación, que le dé un aumento urgente a los jubilados y no hemos sido escuchados", dijo el líder sindical.