Un llamado a la comunidad a reforzar la denuncia de robo de cables conductores de electricidad fue realizado por la Gobernadora de Ñuble, Carabineros, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y empresas de suministro de energía.

"Estos robos se producen principalmente de noche y en zonas apartadas. Durante el 2015, en la región del Biobío se registraron 66 eventos de robo de conductores en tendidos eléctricos, lo que significa que desaparecieron 127 kilómetros de cables, afectando a más de 66 mil clientes", comentó la gobernadora de Ñuble, Lorena Vera, quien destacó el operativo de Carabineros que el día martes permitió detener a tres personas que guardaban 500 kilos de cobre en Bulnes.

Desde Copelec informaron que en 2015 se vieron fuertemente golpeados por estos robos, registrándose 12 eventos cerca de Bulnes, con pérdidas que superaron los $ 200 millones. Por su parte, en Frontel perdieron también otros 100 kilómetros de cable, generando un perjuicio para la empresa, pero sobre todo para los clientes.

"La conducta por parte de los funcionarios de Gendarmería vulneró los derechos humanos de los amparados, en su condición de internos, empleando para ello un uso no racional de la fuerza". Fue ésta una de las frases que la primera sala de la Corte de Apelaciones empleó en el fallo que ayer evacuó, en respuesta al recurso de amparo presentado por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Rodolfo Aguayo, quien representa a dos imputados que fueron agredidos al interior de la cárcel de Chillán.

El veredicto, resuelto por los ministros Guillermo Arcos, Christian Hansen y Claudio Arias, concluyó que el actuar de Gendarmería fue arbitrario e ilegal; que vulneró la normativa que rige su accionar, ordenando "arbitrar en calidad de urgente, las medidas que correspondan para poner pronto término al sumario administrativo que mantiene pendiente sobre esta materia, el cual deberá remitirlo al Ministerio Público, conjuntamente con todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos".

Sobre las medidas que tome Gendarmería, se otorgó un plazo de 30 días para informar al mismo tribunal sobre el resultado de estas mismas.

Medidas en gendarmería

Desde la dirección regional de Gendarmería informaron que frente a los hechos ocurridos el 11 de marzo en el recinto penal, los funcionarios involucrados fueron apartados temporalmente de la unidad penal donde ocurrieron los hechos, para así velar por la transparencia del sumario que lleva el fiscal administrativo.

El coronel Pablo Toro Fernández, director regional de la institución, reafirmó que Gendarmería no va a amparar actos que se aparten de la normativa constitucional o transgredan el eje de protección de los derechos humanos fijado desde el nivel central, al ser considerada la población penal un sujeto de derecho.

"En nuestro rol de garantes de los derechos humanos debemos facilitar el accionar de la justicia y transparentar responsabilidades penales y administrativas si ese fuera el caso", enfatizó el oficial, lamentando que hechos como este enloden la imagen de una institución que goza de prestigio.

Danny Fuentes Espinoza

Abriendo un forado en el segundo piso, para luego descerrajar el acceso principal. Así fue la forma de entrada del grupo de delincuentes que durante la madrugada de ayer atacaron el supermercado mayorista La Torre, ubicado en el sector suroriente de Chillán.

Fueron en total $40 millones en efectivo, además de varias cajas con cigarros, las que sustrajeron los ladrones que actuaron en momentos en que no había guardias. Además, se presume que realizaron un amplio estudio antes de atacar, dado que se llevaron también los computadores que almacenan en su memoria las imágenes de las cámaras de seguridad que operan en el lugar.

El propietario del local comercial, Raúl Oyarce, manifestó que este incidente afecta directamente a los trabajadores, ya que el dinero que almacenaba desde hace un par de días, tras el fin de semana largo, estaba destinado al pago de los empleados.

"Es la primera vez que pasa esto. A la fecha no tengo seguro, pero después de esto creo que será necesario tener uno", dijo el hombre, quien emprendió con el negocio hace seis años, después de una trayectoria de 20 años en el rubro de la administración.

Sobre las sospechas respecto a los responsables, no atrevió a aventurarse. "Viene mucha gente al local. Clientes de Chillán y también comerciantes de otras comunas que vienen a abastecerse", dijo Raúl Oyarce.

La denuncia, realizada durante la mañana ante Carabineros de la Subcomisaría de Huambalí, derivó en la fiscalía local, donde instruyeron la presencia de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones.

El subcomisario Pablo García señaló que se realizaron diversos interrogatorios, con un empadronamiento en el sector para tomar muestras y así identificar a los sujetos. No obstante, pese al local tener sistema de circuito cerrado, los malhechores sustrajeron también los discos duros, por lo que están trabajando en identificar otros respaldos de las imágenes.

"Hasta ahora no se ha podido dilucidar cuántos son los sujetos que entraron", agregó el oficial policial. No obstante, tienen líneas investigas a desarrollar en coordinación con la fiscalía que, esperan, rindan sus frutos.

Robo a don demetrio

Otro ocurrido durante la madrugada de ayer afectó al local de comida rápida 'Don_Demetrio', ubicado en avenida Argentina.

Según relató el propietario del local, Demetrio Correa Olate, cuando el local aún se encontraba abierto y él descargaba la camioneta con los productos, un sujeto desconocido ingresó y se llevó $1 millón en efectivo, junto a otros cheques que significaron un perjuicio adicional de $780 mil. Agregó que éstos fueron cobrados en un banco de Concepción a las 11 horas, por lo que ya se tiene una pista del responsable del robo del que fue víctima.

Sólo la fiscal Patricia Suazo tendrá derecho a alegar en la Corte de Apelaciones el recurso judicial que busca anular el juicio por acarreo político en el cual se absolvió a la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua. Esto, porque los abogados Carlos Astorga y Priscilla Duarte, representantes del senador Alejandro Navarro y la dirigente social Eulalia del Carmen Salinas, respectivamente, presentaron un recurso de nulidad que fue decretado inadmisible.

Los abogados Rodrigo Vera Lama y Paula Villalobos, quienes defendieron en el litigio a Ariel Torres, Juan Carlos Paradas y Marcia Ortiz, encontraron errores de forma en el recurso, por lo que aprovecharon la instancia anterior a los alegatos para pedir que se declararan inadmisibles. Y así lo resolvió el tribunal de alzada.

"Pedí a la Corte que declarara (inadmisibles) dos de tres recursos porque tenían errores de Derecho y no reunían los requisitos básicos para ser conocidos por la Corte. El tribunal de alzada dio a lugar a esta solicitud, señalando que efectivamente adolecían errores de contradicciones y, por lo tanto, sólo pasó a la etapa siguiente el recurso de nulidad presentado por la fiscalía", explicó el abogado Rodrigo Vera Lama.

Asimismo, planteó que espera que durante la próxima semana se realice la audiencia donde se determinará el futuro del caso. Esto, porque en caso de acoger el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público, el juicio que tuvo en el sillón de los acusados a la alcaldesa Jardua y otros tres acusados se tendría que repetir.

No obstante, en caso de rechazar este recurso, la sentencia que absolvió a los acusados quedaría a firme y ejecutoriada, por lo que se daría paso a la discusión del pago de las costas del juicio, ya que el tribunal estimó que fiscalía y querellantes se deberían hacer cargo.