Andrés Mass Olate

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, condenó ayer al menor identificado como A.N.B. (16 años) por su participación en calidad de autor del delito de porte ilegal de armas de fuego prohibida (hechiza), a 541 días de internación en un régimen semicerrado, la que deberá cumplir en un centro de reinserción social dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Concepción.

Cabe recordar que a fines de abril del 2015, A.N.B. agredió con arma blanca a un estudiante al interior del colegio Técnico Darío Salas, ocasionándole lesiones de mediana gravedad. Tras los hechos, se procedió a registrar sus pertenencias, encontrando además del arma blanca, una escopeta del tipo hechizo.

Luego del juicio al que fue sometido el estudiante en febrero pasado, el Tribunal Oral lo condenó por amenazas, lesiones y porte de arma hechiza, por lo que su defensa presentó un recurso de nulidad, petición que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Chillán, quien ordenó su repetición en lo relativo al porte ilegal de arma hechiza.

En la audiencia de juicio, que se desarrolló el lunes, el perito de la defensa (el que participó en el caso de la muerte del matrimonio Caso Luchsinger-Mackay), intentó demostrar que lo encontrado entre las pertenencias de A.N.B. no correspondía a un arma de fuego. Por los querellantes en tanto, "participó un funcionario perteneciente al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, quien probó el arma, certificando en un laboratorio que efectivamente podía disparar", precisó el abogado del joven agredido, Rodrigo Vera.

Respecto a lo dictaminado por el Tribunal, Vera se mostró satisfecho. "Nuestro peritaje fue tomando en consideración, se estableció responsabilidad penal. Los adolescentes no pueden andar con este tipo de dispositivos al interior de los establecimientos educacionales, ya que tienen un elevado nivel de peligrosidad", remarcó.

Desde la defensa, Rocío Burgess, defensora penal pública adolescente, valoró la determinación adoptada. "La idea es que el joven pueda seguir estudiando o trabajando, según sea el caso. No permanecerá privado de libertad, pero sí deberá pernoctar algunas noches en Concepción", detalló.

Cabe recordar que el próximo 13 de julio se llevará a cabo la audiencia donde se verá lo relativo al programa de actividades que deberá realizar el joven.

Mañana a partir de las 15:00 horas, se dará inicio al Primer Seminario de Cannabis Medicinal en la comuna costera de Coelemu. La actividad, organizada por Fundación Daya Linares, está destinada a toda la comunidad y es totalmente gratuita, y se desarrollará en Puntawara.

"Un paciente de Fundación Daya Linares, Mauricio Contreras, es de Coelemu, y nos contó sobre el gran interés que existe en la zona sobre el cannabis medicinal y la labor de la fundación, por lo que nos invitó a este gran encuentro", comentó la representante de Daya Linares, Verónica Valdés. "Y nosotros queremos hablar de primer seminario, porque la idea es que la actividad no empiece y termine aquí, sino también seguir yendo a futuro", agregó.

La idea es llegar con el conocimiento las zonas de Coelemu, Quirihue. "Es necesario que Fundación Daya haga presencia en la zona, para que nadie se quede sin la posibilidad de conocer la medicina cannábica", sostuvo Valdés. El seminario tendrá diversos módulos, los que son: taller de cultivo de cannabis en interior y exterior, taller de uso medicinal de cannabis, taller teórico de extracción de resina, presentación sobre la ley 20.000, y se presentará el documental de Fundación Daya.

No obstante, completar su cuarto día movilizados a nivel nacional, aún no hay atisbos de solución en el conflicto entre Gendarmería y el Ejecutivo. En Ñuble, si bien el martes funcionarios pertenecientes a la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech) se habían tomado el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán, finalmente decidieron deponerla. "Actualmente está tomada la unidad de Bulnes, sin embargo, el martes estuvo Chillán, no obstante, se tomó la decisión de liberarla para poder apoyar las cárceles más grandes (Concepción y Los Ángeles), donde iremos a realizar relevos, ya que están todas las asociaciones unidas lo que no sucede acá", precisó la sargento Katherine Barra, presidente de la Agech en Ñuble.

A la hora de ser consultada la razón de la división, la representante de la Agech lo atribuyó a la influencia que está ejerciendo la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), "que hasta el momento pareciera que están más de parte de las autoridades que de sus compañeros", detalló Barra.

En relación a poder alcanzar prontamente una posible solución a sus demandas (carrera funcionaria digna y eliminación del mérito para ascender), Barra se mostró escéptica. "Lamentablemente hasta el momento no se han obtenido resultados concretos, solo palabras. A nosotros nos interesa que exista un compromiso firmado, la idea es que se negocie con las asociaciones que estamos paralizados, no con quienes no lo están" (en mención a la Anfup), sentenció.

Conscientes de que por ahora no se ve factible llegar a un acuerdo, Barra no descartó volver a tomarse la cárcel de Chillán. "Esperaremos cómo se van dando las cosas, no obstante, está vigente nuevamente tomarnos el CCP de la capital de Ñuble", cerró.

Durante la jornada de ayer, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en cuatro procesos por violaciones a los derechos humanos, por hechos ocurridos en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Chillán.

En este último caso, se acogió el recurso de casación elevado en contra de la sentencia que determinó la Corte de Apelaciones de Chillán, entidad que absolvió al oficial de Carabineros en retiro Patricio Jeldres Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Luis Ibarra Durán.

Este ilícito fue perpetrado en septiembre de 1973, en Chillán. Al respecto, el máximo Tribunal decidió unificar la sanción por el homicidio de Ibarra Durán, con la pena de 5 años y un día de presidio que cumple Jeldres Rodríguez como responsable de los secuestros calificados de Sergio Enrique Cádiz Cortés y Gilberto de la Cruz Pino Baeza. Estos hechos ocurrieron en el mes de octubre de 1973, en la capital de la provincia de Ñuble.

A esto se suma el veredicto en materia civil, ya que el fallo ratificó la sentencia que condenó al fisco a cancelar la suma de $50 millones a la viuda de la víctima, Rosa Ester Leal Carrasco, e igual monto se entregará a cada una de las hijas de Ibarra Durán, Rosa Ester y Jacqueline.

Ibarra Durán era un obrero de Iansa, militante del MIR, fue detenido el día 23 de septiembre de 1973 alrededor de las 21:30 horas, en su domicilio de la Población Rosita O'Higgins de Chillán, por una patrulla de Carabineros y Militares. Su esposa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán el 20 de enero de 1975.

"Luis Antonio era un hombre que amaba su libertad, trabajador incansable en la lucha, solidario con los pobladores y siempre pensó en una sociedad mas justa para todos", relató su esposa en el libro Memoria Histórica de Detenidos Desaparecidos.