"Parece que vamos en un buen camino para un posible traslado directo de Mateo a Santiago"
Claudio Olivares, padre de Mateo, menor hospitalizado en Chillán.
"El caso de San Nicolás demuestra que con los mismos recursos se pueden tener excelentes resultados"
Marcelo Segura, — Seremi de Educación de Araucanía.
Personal de la Brigada de Investigación Criminal junto al Grupo Especializado en Bienes Robados de la PDI de Concepción detuvo a un sujeto de 31 años, quien tenía en su poder más de 5 mil metros de cable de cobre robado acopiado en una maestranza de su propiedad, en el sector La Concepción, de la comuna de Ránquil.
El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto turístico, de unos US$ 20 millones en su primera etapa, que Inmobiliaria Santa Isabel, de propiedad de ISN y Somontur, pretende desarrollar en las Termas de Chillán y consiste en construir dos edificios de departamentos.
Un accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y otros 4 tripulantes lesionados. El hecho ocurrió a unos 80 metros del acceso al Puente El Ala, en la ruta N-60 Chillán-Portezuelo, cuando en la que viajaban cinco personas, conducida por Ramón Neira Pérez, volcó cayendo a una
zanja de 4 metros de profundidad.
Las condiciones naturales de nuestra geografía, sumadas a factores humanos asociados al emplazamiento de viviendas, riesgo de incendio en inmuebles deteriorados o la creciente construcción en altura, hacen necesario asumir una constante supervisión y mejora de los parámetros y normativas vigentes en materia de seguridad. Al fin de cuentas, se trata de estar preparados frente a emergencias, prevenir accidentes, evitar lesiones y, en casos extremos, salvar vidas.
Por ello a contar de este año, en virtud a la Ley 20.296, todos los edificios deben someter sus ascensores a una permanente y estricta mantención y certificación, las cuales deben ser exigidas por todos quienes habitan u ocupan sus dependencias. A esto se suma una capacitación a los administradores y vecinos que viven en edificios, sobre cómo hacer frente a emergencias, tales como sismos e incendios. Para ello, junto a simulacros realizados en varias regiones, el Minvu puso a disposición de las comunidades un Plan de Emergencia básico, que les permite no solo identificar riesgos potenciales, sino también: ejercitar planes de evacuación, supervisar el correcto funcionamiento de escaleras presurizadas, mejorar la señalización para emergencias, así como evaluar los eventuales obstáculos que existan para el trabajo de Bomberos o Ambulancias.
En la seguridad de barrios y de viviendas, también los avances han sido significativos. El Programa Quiero mi Barrio, en conjunto con la Onemi, trabaja en la Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres, metodología que permite diagnosticar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades al interior de un barrio, generando un plan de acción conjunto con los vecinos y el municipio para realizar obras de mitigación o realizar capacitaciones preventivas. En el mismo sentido apunta el Serviu, mediante iniciativas incorporadas en los Planes de Acompañamiento Social, que apoyan el diseño y desarrollo participativo de estrategias ante situaciones de catástrofe, así como la entrega de consejos prácticos para el uso adecuado y mantenimiento de redes eléctricas, red de gas, instalación de calefón o el almacenamiento de combustibles en viviendas o conjuntos habitacionales.
Buscamos también avanzar rápidamente en una normativa que mejore las condiciones de seguridad al interior de locales cerrados como discotecas o salas de espectáculos, introduciendo la exigencia de rociadores automáticos en algunos casos o mejorando los sistemas de detección de humos y alarma contra incendios. Sin duda, la seguridad en el ámbito de la vivienda y edificaciones no solo es una necesidad urgente, sino también representa una obligación legal y ética, que puede contribuir a proteger la vida de miles de personas.
Jaime Romero Álvarez Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
El último reporte de la Fundación Paz Ciudadana sobre el Umbral del Delito en Chile marcó una tendencia en regiones que también ha vivenciado Chillán. El informe considera la actividad criminal de los primeros tres meses del año 2016, en función de los datos públicos de ambas policías por denuncias y aprehensiones en flagrancia. En este contexto, si bien los Delitos de Mayor Connotación Social disminuyen en 54 comunas del país, los casos de robos en lugar no habitado se incrementaron en 47 comunas, principalmente en cinco comunas del norte del país (Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Coquimbo). El caso de Chillán es diferente, pese a que en el comercio reconocen una situación de inseguridad por recientes hechos delictuales ocurridos en el centro. De acuerdo a la Plataforma de análisis Criminal Integrado de Carabineros (P.A.C.I.C.), la Segunda Comisaría de Chillán registra en el último año una baja de un 32% en este ítem, pero un incremento de un 28% en los robos en lugar habitado (viviendas) y de un 36% en los robos con intimidación (asaltos).
Sin embargo, una realidad que se replica tanto en Chillán (Ñuble) como en otras 35 comunas de Chile es el alza que han constatado las policías en el robo de vehículos y el robo de accesorios desde vehículos. La Segunda Comisaría de Chillán constató en el último año un aumento en el robo de vehículos de un 100 por ciento, esto es 38 denuncias más que el año 2015; mientras que el robo de especies u objetos desde los vehículos subió un 14%.
Desde la Fundación Paz Ciudadana, creada con el objetivo de visibilizar la realidad y soluciones al problema delictual en Chile, reconocen que es necesario poner el foco de la prevención en las comunas y una gestión focalizada en el área urbana, por medio de patrullajes focalizados y aleatorios en puntos calientes de delitos de oportunidad, mejorar la prevención social temprana especializada y focalizada, perfeccionar las tácticas de análisis criminal para perseguir a la delincuencia organizada y poner el foco en los prófugos de la justicia o quebrantadores de medidas cautelares no privativas de libertad. En este sentido, se pone el énfasis en la necesidad de una Estrategia Nacional contra la Violencia Urbana en barrios críticos, apelando a esta acción focalizada que deben llevar a cabo las policías.