Mientras el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo ayer que La Moneda no está preocupada por las críticas al proyecto de reforma a la educación superior enviado al Congreso, propuesta que será "uno de los grandes legados" de la actual administración, desde la Nueva Mayoría los dirigentes se alinearon frente a la iniciativa para intentar aprobarla antes del término del actual Gobierno.

Luego de participar del comité político en La Moneda, el ministro Díaz destacó que ante las críticas por la propuesta "no nos sentimos frustrados, por el contrario estamos convencidos con esta que es la última ley de la reforma educacional que hemos hecho, que será uno de los grandes legados del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet".

Sobre la etapa prelegislativa del proyecto, el secretario de Estado agregó que "hemos escuchado muchas voces, algunas favorables, otras críticas, eso es parte de la discusión democrática", y añadió que "vamos a estar abiertos a seguir dialogando", pero el horizonte de la propuesta es que "Chile transformará su sistema educativo desde uno donde ha primado el mercado y el lucro, a uno donde prima la educación como un derecho social".

La presidenta del PS, senadora Isabel Allende, expresó que "el plazo definitivo es que tiene que ser ley antes que termine este Gobierno". Según la parlamentaria por Atacama, "si logramos llegar al 2018 al 60% (de gratuidad) es un tremendo avance, obviamente no es universal. Tenemos que ser responsables con el país; eso tiene que ver mucho con los ingresos fiscales".

El timonel del PR, Ernesto Velasco, agregó que "al país hay que hablarle con claridad. Aquí lo que hay es gratuidad con gradualidad, pero será un derecho social adquirido. No hay gratuidad universal. El país no tiene condiciones financieras de establecer un presupuesto preciso para esto".

La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, añadió que "ya habido suficiente espacio previo y entendemos que hoy en sede legislativa se va a invitar a todos los actores para procesar como lo hemos hecho en cada uno de los proyectos relevantes. Yo creo que esta es una reforma que completa el ciclo que nos planteamos como Gobierno en educación (…) la discusión en detalle se va a dar en el Parlamento".

Dudas por la gratuidad

Ante los cuestionamientos por la poca claridad respecto de los plazos para que la gratuidad universal sea una realidad, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó ayer que esta herramienta "sí es posible", pero sujeta a condiciones económicas. "Queda puesto en la ley cuáles son las condiciones que esa gratuidad sea real, pero en cuánto tiempo llegamos, va a depender de cuántos ingresos le lleguen al sistema fiscal", comentó a T13 Radio. Por lo anterior, la jefa del Mineduc reconoció que "no tenemos un cálculo".

Delpiano reiteró que durante este Gobierno se va a extender el beneficio hasta el sexto decil. La titular del Mineduc defendió la posibilidad de que a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) no se les prohiba el lucro, aunque se abrió a que eso se discuta en el Congreso.

Por otro lado, calificó de "cortapisas reales" las restricciones para el lucro. "Para alguien con lucro reiterado hay apropiación indebida y eso va a la justicia penal", advirtió. Al tiempo que explicó que "desmontar un sistema de mercado es muy difícil en uno o dos años".

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, anunció que se iniciará la discusión de la ley en todas las instancias de la comunidad universitaria.

"Hemos tenido siempre respeto y solidaridad con las universidades del G9. Pensamos que son merecedoras de un sistema mixto, pero lo que estamos pidiendo es que se nos deje ser universidades públicas, agregó la máxima autoridad de la casa de estudios.

El presidente de RN, diputado Cristián Monckeberg, dijo que el proyecto es "absolutamente irresponsable y mentiroso", ya que traspasa déficit a los gobiernos futuros. "Se le entrega el problema a los gobiernos futuros", agregó.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) criticó la falta de claridad sobre los plazos para llegar a la gratuidad universal y rechazó que dependa del crecimiento del país. "Por qué tiene que ser un beneficio que solo llegue a goteo", cuestionó el vocero de la Confech, Gabriel Iturra.

"Nos parece de la mayor relevancia que este concepto de lo público no se haga ambiguo. Nos da identidad y es central".

Ennio Vivaldi, Rector de la U. de Chile

Aportes a los planteles El Gobierno creará un fondo para el desempeño y el fortalecimiento de las universidades estatales, equivalente a los montos que hoy reciben. También se anunció el establecimiento de un fondo concursable para todos los planteles con gratuidad con recursos del Aporte Fiscal Directo, el que irá bajando en desmedro de ese nuevo fondo estatal.

"En general creo que para los objetivos del Gobierno y de equidad, tenemos un muy buen avance con este proyecto".

Gonzalo Navarrete, Presidente del PPD

Sanción al lucro Si bien el Gobierno descartó fijar un nuevo delito, estableció sanciones para el desvío de fondos destinados a educación superior, las que pueden llegar incluso a penas de cinco años de cárcel. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Educación Superior. El infractor deberá devolver dichos recursos y pagar una multa del 50% de lo que se apropió.

Acreditación La nueva legislación hará que la acreditación sea obligatoria en cinco áreas para los planteles hasta por ocho años. Habrá tres niveles de acreditación (A, B y C) y un "estado condicional transitorio", en el que la institución podrá estar una vez. El proceso estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que reemplazará a la CNA.