Durante la mañana de ayer llegó a Chillán el jefe de la Defensoría Penal Pública de Talcahuano, Gonzalo Benavente, quien está a cargo a la representación jurídica de Jorge Montecinos Pinto, acusado junto a su hermano (menor de edad) de ser los autores del robo con homicidio frustrado en contra de Pablo Ramírez, cajero del Servipag de un supermercado de Hualpén, a quien quemaron vivo.

La visita de Benavente, eso sí, no tuvo que ver con la estrategia jurídica que deberán enfrentar en juicio, en el que fiscalía pide 20 años de cárcel para Montecinos, sino que la preocupación es la salud de este último, ya que desde el viernes no ha presentado una evolución favorable.

De hecho, desde la Defensoría Penal Pública y el hospital Herminda Martín confirmaron que Montecinos se encuentra grave y con riesgo vital, por lo que permanece internado, con un fuerte resguardo de Gendarmería. Desde la fiscalía, en tanto, confirmaron que el autor de la puñalada que sufrió Montecinos está identificado y pidieron día y hora al tribunal para formalizarlo por homicididio frustrado.

Por el delito de hurto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), específicamente la procuraduría de Chillán, presentó una querella en contra de la empresa de extracción de áridos Armix, que opera en el río Ñuble desde 2014 sin permiso municipal.

La acción judicial, que fue declarada admisible en el tribunal de Garantía local, narra que desde abril de 2013 que la Municipalidad de Chillán otorgó a la firma de áridos, representada legalmente por Sergio Velásquez Weise, y previa aprobación técnica de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, una concesión de extracción de áridos en el río Ñuble, en el sector ubicado arriba de la confluencia de dicho cauce con el río Cato.

Sin embargo, desde la primera inspección que se les hizo, en diciembre de 2013, se constató que estaban extrayendo arena y piedras desde fuera del área de concesión, por lo que el 22 de enero de 2014, la empresa Armix dejó de tener la autorización para continuar las faenas.

En diciembre de 2014, y pese a que la fiscal Tamara Cuello inició una investigación desformalizada, se continuó extrayendo los áridos.

Además, el CDE busca una sanción penal exponiendo como prueba un informe técnico de la DGA evacuado en marzo de 2015, donde estipula que más de 20 hectáreas han sido usufructuadas ilegalmente.

Además, advierte los cambios morfológicos y negativos en el cauce, evidenciado por la degradación del lecho, específicamente en su profundización, ensanchamiento del cauce e inicio de procesos erosivos, que eventualmente ponen en riesgo a los habitantes de la población Illinois.

Asimismo, el informe de la DGA da cuenta de que la empresa hace chancado con agua del río que devuelve con desechos al cauce.

Cuando se cumplen dos días desde el asesinato de Héctor Alejandro Rivera Villa, quien recibió dos puñaladas al trenzarse en una riña en Ñiquén, esta jornada en el tribunal de Garantía de San Carlos comparecerá como presunto autor Daniel Cabañas Fernández.

La mañana de ayer salió desde el cuartel de la Brigada de Homicidios de Chillán el imputado, de quien se dice, lo atacó por rencillas anteriores, hecho que se habría detonado en medio de una fiesta a beneficio que se inició la tarde del sábado y que culminó con la muerte de Rivera Villa, de 44 años, durante la madrugada del domingo.

Luego, ya en la audiencia, la fiscal subrogante Cecilia González expuso ante el juez Julio Capilla los antecedentes de la agresión, incluyendo la declaración de testigos, que fueron otros tres participantes de la riña.

Según comentaron desde la PDI, fueron en total cinco personas las que participaron de la riña que tuvo lugar cerca de las 5.30 horas, momento en que los sujetos usaron cuchillos, uno de los cuales se usó para herir a Héctor Rivera, quien recibió dos estocadas en el abdomen y en el tórax. La víctima falleció cuando llegaba al hospital de San Carlos.

La fiscal (s) González planteó que cuentan con los peritajes en el sitio del suceso y también con las armas incautadas. Sin embargo, para determinar el delito a imputar, que presumiblemente sería homicidio simple, esperan contar esta jornada con el informe de autopsia del cadáver, que durante la tarde de ayer fue evacuado por el Servicio Médico Legal de Chillán, antes de entregar el cuerpo de Rivera a sus familiares.

Además, se prevé que pidan la prisión preventiva para Cabañas Fernández, quien tiene antecedentes policiales por lesiones.

Danny Fuentes Espinoza

La preocupación de los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones durante la mañana de ayer era el destino que iban a tener los detenidos que llevarían al tribunal de Garantía y no serían recibidos por Gendarmería, en caso de ingresar a prisión preventiva, a raíz del paro que inició el personal de la institución carcelaria, que en su primera jornada de movilización anunció que no admitirían a otro interno en la cárcel de Chillán.

Adhiriéndose al llamado realizado por la dirigencia nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), los gendarmes de la cárcel de Chillán pegaron, casi a las 8.30 horas, lienzos y pancartas en el frontis del recinto penal ubicado en el centro de la ciudad, pidiendo que se respetara el prestigio de la institución y llamando también al Gobierno a enmendar el rumbo con una mesa de trabajo.

Solución

No obstante la preocupación que reinó en las policías, en el tribunal de Garantía de Chillán se realizaron los controles de detención con normalidad, pasadas las 11 de la mañana.

De hecho, entre los imputados apareció un joven que fue formalizado por robo con intimidación, dictándose la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva.

El jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Chillán, Antonio Guerra, comentó que al momento de que la fiscalía solicitara dicha medida cautelar, el juez no tenía otra solución que presentar el requerimiento para que el imputado ingresara a la cárcel o bien éste quedaría con otra cautelar, incluyendo una que lo dejara en libertad. "No es constitucional que una persona quede presa en el calabozo de un cuartel policial, por lo que tampoco fue necesario advertir que se presentaría un recurso de amparo en favor de un detenido", dijo el abogado Guerra. Cuando eran las 14.30 horas, la Anfup notificó al tribunal que las medidas habían sido canceladas. "Es una medida de presión para que el Gobierno se abra a conformar una mesa de trabajo, con la voluntad de legislar una ley interpretativa que corrija el dictamen que pone tope a nuestras funciones", dijo Cristian Montecinos, dirigente provincial de Anfup, enfatizando que el 75% de los funcionarios no puede llegar más allá del grado de cabo segundo cuando cumplen 30 años. "Las pensiones millonarias fueron para 42 personas, no para los 20 mil funcionarios", dijo.