Fue el 12 de febrero de 2014 el día en que los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Valdivia, viajaron más de 800 kilómetros para llegar hasta un domicilio en Santiago y allí realizar uno de los primeros allanamientos en busca de documentos relacionados con una supuesta red de estafadores investigada por el Ministerio Público, y que estaría operando en distintas ciudades del país bajo el mismo modus operandi: falsificando documentos para así poder cobrar dineros de expropiaciones dictadas por los tribunales, sin que hasta entonces la causa tuviera ribetes en la capital de Ñuble.

En medio de esa diligencia, que tenía como principal objetivo seguir la huella de un sujeto llamado Luis Contreras Kahler, de quien encontraron un escrito pocos días antes, específicamente del 31 de enero, correspondiente al Tribunal Civil de Puente Alto, surgieron mencionadas en el documento dos personas desconocidas para los detectives hasta entonces: Juan Luengo Bascuñán y Carolina López Behar, ambos oriundos de Chillán, provenientes de estratos sociales diametralmente opuestos.

Juan Luengo Bascuñán, quien hoy tiene 60 años, registra su domicilio en la población Lomas de Oriente y antes de ser investigado por esta causa, ya poseía un nutrido prontuario penal, que incluye diversos delitos que van desde el hurto, pasando por tenencia ilegal de arma de fuego, hasta violación y homicidio simple.

Por su parte, Carolina López Behar, de 44 años, es una abogada conocida en los tribunales chillanejos. Sólo este 2016 ha comenzado a tramitar ocho causas penales como defensora particular en algunas y querellante en otras, respaldada por su prestigio como litigante.

Ambos se encuentran hoy en prisión preventiva.

La presunta estafa

Después del allanamiento en Santiago, donde se constató que Juan Luengo y Carolina López tendrían un posible nexo con la red de estafas, la fiscal adjunto jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel López, ofició a través de los mismos detectives de la Bridec para que en el tribunal Civil de Puente Alto estuvieran al tanto de que se estaba investigando más de una decena de casos en las principales ciudades del país, donde se presentaban personas con documentos falsos relacionados con propietarios de terrenos que habían sido expropiados.

Hasta entonces desconocían que Juan Luengo presentó el 31 de enero, casi dos semanas antes, un mandato general en el tribunal Civil de Puente Alto, en nombre de un empresario llamado Carlos Guerra Vivanco, quien le transfería un amplio poder, firmado en la notaría de Gloria Acharán (ubicada en Santiago), bajo el patrocinio de la abogada Carolina López, el que le permitiría cobrar el dinero por una causa de expropiación que se litigó por dos años, con un cheque que fue asignado el 5 de febrero.

En concreto, se trataba de $210.896.500, que correspondían al valor de un terreno expropiado a Carlos Guerra por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), que dispondría del lugar ubicado en el Camino al Volcán, en la comuna de San José de Maipo, para construir viviendas sociales.

Pese a la advertencia de los detectives realizada el 12 de febrero de ese año, el día 21 compareció en el tribunal un hombre de avanzada edad, acompañado por Carolina López, identificándose como Carlos Guerra. El trámite fue acogido por la secretaria del tribunal, Claudia Parga, quien se estrechó en un abrazo con la abogada chillaneja, puesto que, según declaró ante el fiscal Luis Herrera Paredes, de la fiscalía metropolitana Sur, conocía a López Behar de la Universidad La República, desde donde egresaron juntas en el año 1998. Atendiendo que el supuesto Carlos Guerra se presentó con bastón, y la abogada chillaneja dijo que el hombre que la acompañaba estaba enfermo, no hubo mayor tardanza en que se ratificara su firma para cobrar los más de 210 millones.

Finalmente, esta operación se llevó a cabo el 7 de marzo de ese año y el cheque fue cobrado en una sucursal del Banco Estado ubicada en calle Huérfanos, en pleno centro de la capital.

Fueron estos antecedentes los que, el 24 de marzo de 2015, el fiscal Herrera presentó ante el tribunal de Garantía de Puente Alto para solicitar la detención de los chillanejos Juan Luengo y Carolina López.

Defraudado

Casi un año después de la solicitud del fiscal Luis Herrera, en concreto el 18 de marzo de este año, el empresario Carlos Guerra presentó junto a su abogado, Ignacio Díaz, la querella contra los chillanejos que lo habrían defraudado, en el tribunal de Garantía de Puente Alto, pudiendo explicar detalladamente lo que ocurrió en el tribunal.

"En el mes de abril del año 2014 nos enteramos directamente de boca del Ministerio (de Vivienda) que el total de los fondos ya habían sido consignados ante el Juzgado de Letras de Puente Alto, ocasión en que además nos informaron informal y extrañadamente que 'don Carlos Guerra ya había retirado los dineros correspondientes', hecho que claramente no tenía ningún asidero, pero que resultaba a lo menos perturbador", indicó Carlos Guerra.

Por ello, tuvo que comenzar con su abogado por entrar nuevamente en la causa, con nuevo patrocinio y todo, ya que de todas las audiencias sólo Luengo y su abogada López estaban enterados, porque con el poder jurídico que adquirieron eran ellos los notificados por la causa. Así ni siquiera se enteraron del momento en que el dinero ya era cobrado.

En prisión preventiva

Tal como se planteó al principio del texto, el nombre de Luis Contreras era para la fiscal adjunto jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel López, uno de los cabecillas de la red de personas que estarían operando en tribunales al tanto de las causas en que habían expropiado.

De hecho, cuando ofició al tribunal de Puente Alto, dijo que "en esta fiscalía (de Valdivia) se investiga la participación de diversos imputados en la presentación de instrumentos públicos falsos durante el año 2012 y 2013, en procesos judiciales de expropiación seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Valdivia".

Por ello, las palabras fueron transmitidas por la Bridec de Valdivia al equipo de detectives de la región Metropolitana, quienes en coordinación con el fiscal Luis Herrera se dedicaron a indagar y abrir el proceso judicial contra Juan Luengo y Carolina López.

Según comentó el fiscal Herrera a Diario Crónica Chillán, dentro de la fiscalía Metropolitana Sur, ésta es la primera causa de la supuesta red que estaría operando en varias ciudades, que le toca investigar. "Y que yo sepa, no habíamos tenido este tipo de defraudaciones antes", confesó.

El tribunal de Garantía de Puente Alto emanó una orden de detención en contra de Juan Luengo el 23 de abril de 2015, pidiendo a la Bridec Metropolitana que se hiciera cargo de la misión, que finalmente fue cumplida el 22 de junio en la población Lomas de Oriente, donde se le dio captura. Luego, fue puesto a disposición del tribunal de Chillán, desde donde fiscal, defensor penal público y juez no hicieron más que cumplir el trámite del control de detención, ya que de inmediato fue derivado al tribunal capitalino, donde se formalizó la investigación y, dado su amplio prontuario y la pena de cumplimiento efectivo de cárcel que arriesga, se le dejó en prisión preventiva.

El fiscal Herrera mencionó que desde el año pasado hasta abril se tuvo la idea de formalizar a Carolina López. "Siempre se tuvo indicios de que estaba involucrada. Un dato anecdótico y que jugó contra ella es que la secretaria del tribunal era su compañera de la Universidad, entonces reconoció que ella había presentado el patrocinio".

Por ello, en abril de este año solicitó una audiencia de formalización en su contra. En esa oportunidad no se presentó, pero sí lo hizo voluntariamente el 6 de julio. La Fiscalía entonces expuso tres condenas anteriores de la abogada entre 2013 y 2015, por delitos menores, por lo que pidió su prisión preventiva. La corte la ratificó.

"Lo que jugó contra ella (López Behar) es que la secretaria del tribunal era su compañera de la Universidad, entonces reconoció que ella había presentado el patrocinio".

Luis Herrera Palacios Fiscal zona Metropolitana Sur"

$210 millones Es el monto defraudado según las pesquisas de Luis Herrera, abogado persecutor de la fiscalía Metropolitana Sur, y que vincularían como presuntos a Carolina López y Juan Luengo.

2014 ocurrió el fraude Se determinó que en febrero habría llegado el imputado Luengo, quien cobró para sí, y con el patrocinio de López, el dinero de la expropiación de un terreno en San José de Maipo.