El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, condenó ayer el nuevo caso de colusión que esta vez involucra a tres laboratorios de medicamentos inyectables, y calificó la situación como "indignante".

"Todos tenemos derecho a estar indignados, en este caso específico es el Estado el que tuvo que pagar más, pero en cualquier colusión alguien está abusando de otro y eso no es parte de las reglas del juego en una economía como la nuestra", indicó el secretario de Estado.

El ministro reaccionó así luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), a Laboratorio Biosano, Fresenius Kabi Chile y su filial Laboratorio Sanderson por, supuestamente, haberse coludido y afectar las compras públicas de 93 medicamentos.

Valdés dijo esperar que los tribunales funcionen y que las empresas denunciadas compensen al Fisco en los montos respectivos, además de pagar las multas solicitadas por la FNE, que en el caso de Sanderson llega a 18 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) y que en el de Fresenius Kabi Chile alcanza los 2 mil UTA.

El titular de Hacienda destacó, asimismo, la nueva ley sobre la libre competencia, que entrega más facultades a la FNE en sus investigaciones en situaciones de este tipo.

"Lo bueno es que Chile ha reaccionado a esto. En 2009 se hizo un cambio importante, en que hay delación compensada, y eso quiere decir que alguno de los que están haciendo trampa tiene incentivos a acusar al resto. Y segundo, la Fiscalía está trabajando mucho mejor, más profesionalmente, y con la nueva ley y con estas nuevas formas de poder investigar y con la posibilidad de cárcel efectiva, y eso cambia completamente los incentivos para coludirse", sostuvo.

En su requerimiento presentado ante el TDLC, la Fiscalía Nacional Económica acusó a las empresas aludidas de formar y mantener, entre 1999 y 2013, un cartel para afectar licitaciones convocadas por Cenabast para adquirir ampollas. Detalló que los laboratorios requeridos son los únicos fabricantes de estos productos en el país.

Según la investigación, antes de ofertar en las licitaciones de Cenabast, los laboratorios definían cuál de ellos debía adjudicarse los medicamentos por los que podrían haber competido. El cartel operaba acordando precios de referencia para sus ofertas y determinando quién presentaría la propuesta ganadora.

La FNE no pidió multa para Biosano, por haber accedido al beneficio de delación compensada.

"se vulneró fe pública"

La ministra de Salud, Carmen Castillo, consideró que con este caso de colusión se "vulneró la fe pública", por lo que anunció que se están evaluando todas las acciones legales que se puedan tomar, entre ellas recurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"Consideramos, como Ministerio de Salud, que se ha vulnerado la fe pública, así que nosotros veremos todas las distintas alternativas legales que se pueden efectuar para llegar hasta las últimas consecuencias en que se pueda aclarar qué pasó, cómo sucedió y cómo llegamos a tener esta situación tan grave", manifestó la autoridad.

La Cenabast aún mantiene contratos por US$ 15 millones con los laboratorios denunciados por la FNE.

medicamentos comprados por la Cenabast a través de licitación habrían sido afectados por el cartel. 93

el año en que habría comenzado a operar este cartel, y se habría extendido hasta 2013. 1999

mil millones es el monto de los contratos que Cenabast aún mantiene con los laboratorios denunciados. US$ 15

El socio de Natalia Compagnon en la empresa Caval, Mauricio Valero, aseguró que la Presidenta Michelle Bachelet "es una víctima" del caso que investiga la Fiscalía de O'Higgins.

"(Compagnon, nuera de la Mandataria) ha mentido desde el inicio en todas sus declaraciones", sostuvo Valero a su salida del Juzgado de Garantía de Rancagua, hasta donde llegó ayer para participar en una audiencia por la indagatoria.

"Esta es la única empresa de dos socios con el 50% que retiran las mismas utilidades en todo y administran juntos... saquen sus conclusiones, la gente no es tonta", manifestó, luego de participar en la audiencia de prueba anticipada del abogado Patricio Cordero, que finalmente fue suspendida.

El fiscal encargado de la causa, Sergio Moya, dijo, sin embargo, que no se hace cargo de los dichos de Valero. "No me hago cargo de lo que dice el señor Valero, porque desde el punto de vista técnico jurídico, la señora Presidenta es una testigo en la investigación y nada más que eso. Tal vez se refiere en otra perspectiva de la circunstancias del caso", aseveró el persecutor.

Moya, además, confirmó que está evaluando citar a declarar nuevamente al vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Esto, según explicó, se basa en los nuevos antecedentes entregados por el gestor inmobiliario ligado a la UDI, Juan Díaz.

El fiscal reveló que Díaz declaró que la obtención de los $ 6.500 millones que obtuvo Caval para la compra de terrenos en Machalí, se produjo a cambio de la regularización de la planta de CCU de Quilicura.

"Él acompañó documentos y cheques de CCU que pagaban impuestos a los trámites que estaba realizando, en los cuales él dice que participaba personalmente y alguna constancia de ello hay en la carpeta. En ese sentido, por ser un antecedente nuevo, que no se contaba al momento en que el señor Luksic declaró, eventualmente puede volver a ser llamado a presentar su testimonio", anunció.

Moya también refutó el reclamo de Valero, quien acusó que solo se le investiga a él por la arista Saydex, pese a que la nuera de la Presidenta sabía del negocio. El persecutor explicó que en Caval algunos negocios eran operados por Valero y otros por Compagnon, pero que las ganancias eran repartidas entre ambos socios. "En las conductas de soborno, nosotros tenemos que atribuir participación a quien realizó el soborno. No por el solo hecho de ser socio vamos a atribuir soborno al otro partícipe de la sociedad", respondió el fiscal.